El diputado nacional del PRC, José María Mazón, ha asegurado este miércoles que el acuerdo suscrito en Madrid el pasado 13 de junio con el PSOE “empieza a dar sus frutos”, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de los anuncios de la sociedad pública ADIF por los que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, los proyectos básicos de los cuatro tramos en los que está dividido el proyecto del Tren de Alta Velocidad entre Palencia y Alar del Rey.
El regionalista se ha felicitado por el “paso adelante” que supone este trámite, “el último” necesario para la aprobación de los proyectos de construcción que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez se ha comprometido a licitar antes de que termine el presente año 2019.
Según ha explicado, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha sometido a información pública los tramos Palencia-Amusco, Amusco-Osorno, Osorno-Calahorra de Boedo y Calahorra de Boedo-Alar del Rey los días 5, 3, 9 y 8 de julio, respectivamente, con un plazo de 15 días hábiles para que los afectados puedan presentar alegaciones a las expropiaciones que plantean los proyectos básicos.
En un comunicado, el representante del PRC en el Congreso considera que este trámite puede estar resuelto en el plazo aproximado de un mes, por lo que el Gobierno “tiene tiempo de sobra” para proceder a la aprobación de los proyectos definitivos y convocar su licitación en los plazos comprometidos con el Partido Regionalista.
“Empezamos a comprobar la utilidad del acuerdo firmado en Madrid y que fue la primera condición imprescindible que puso el PRC para alcanzar un pacto de gobierno en Cantabria con el Partido Socialista”, ha agregado.
Mazón espera que la “incertidumbre política” que en estos momentos existe en España “no se convierta en un lastre para el avance un proyecto por el que los cántabros llevan esperando más de diez años” y confía en que “la responsabilidad y el sentido de Estado” acaben imperando para propiciar la investidura de Sánchez, ya que en este momento es “la única posibilidad para que el Gobierno de España deje de estar en funciones cuanto antes”.
A su juicio, la convocatoria de unas nuevas elecciones generales supone “mantener una situación de interinidad que ya dura demasiado y que está provocando perjuicios a todos los españoles y que en Cantabria ascienden ya a 135 millones, al impedir la prórroga de los presupuestos pagos comprometidos como los 22 millones de Valdecilla o la actualización de las entregas a cuenta consignadas en el presupuesto de la Comunidad Autónoma”.