La Junta de Personal Docente ha pedido a la Consejería de Educación abordar “cuanto antes” a lo largo del curso 2024-2025 una serie de “retos” pendientes, como la negociación de salarios, la reducción de ratios o la regulación del uso de móviles en las aulas.
La Junta ha subrayado en un comunicado con motivo del inicio del curso que el compromiso de los docentes de la enseñanza pública es “incuestionable”, pero su labor “no puede recaer solamente en los hombros del profesorado”, sino que “hace falta un compromiso real de las administraciones públicas” para respaldarla con “recursos suficientes, formación adecuada y reconocimiento tanto social como laboral”.
Así, considera “inaplazable” la negociación de varios asuntos, entre ellos una adecuación retributiva para “compensar la pérdida de poder adquisitivo” que asegura que llevan sufriendo los docentes “desde hace muchos años”. Además, añade que la Consejería les adeuda todavía cantidades impagadas desde la última adecuación retributiva del año 2008, “truncada por los recortes consecuencia de la crisis económica”.
En paralelo, la Junta exige a la Consejería que retome las negociaciones para reducir las ratios a todos los niveles educativos. “A pesar de que el número de alumnos se está reduciendo como consecuencia de la baja natalidad, concretamente 806 menos, y el número de docentes ha aumentado en 128, según ha comunicado la Consejería, no hay que llevarse a engaño: este curso se han adjudicado 3.000 plazas a funcionarios en prácticas en interinos y hay un tercio de las mismas que son a tiempo parcial”, ha destacado.
Además, ha subrayado que las necesidades de atención individualizada de algunos alumnos hacen necesaria esa mejora de ratios, por lo que ha solicitado a Educación que facilite los datos globales de los alumnos con necesidades educativas para poder atenderlas “de la mejor manera posible”.
Por otro lado, se ha quejado de la “confusión y problemas” que está generando entre el profesorado la implantación del nuevo modelo de Formación Profesional ya que, “al igual que pasó con la implantación de la LOMLOE en Infantil, Primaria y Secundaria, se hizo deprisa y corriendo, obligando al profesorado a tener que elaborar programaciones totalmente nuevas en un tiempo récord”.
La Junta ha exigido a la Consejería que esto no ocurra en FP y que se den garantías jurídicas al profesorado afectado por estas modificaciones legislativas “para que puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones”.
Con respecto a la regulación de los teléfonos móviles, le exige que publique una normativa “clara y precisa” y que “no se descargue la responsabilidad de la toma de decisiones en los centros y el profesorado”.
Asimismo, pide que el profesorado que tenga que aplicar restricciones esté amparado por la Consejería ante “posibles conflictos”.
Finalmente, este órgano considera que la Consejería debe afrontar y resolver “de una vez por todas” los problemas informáticos de su página web, a través de la que se realizan procesos “muy importantes” --como solicitudes de oposiciones o adjudicación de destinos a funcionarios de carrera e interinos-- que “suelen complicarse debido a fallos recurrentes”.
El último se produjo al tener que retrasar, “en pleno mes de agosto la adjudicación de destinos a alrededor de 3.000 docentes”, ha recordado, pese a que “no se trata de un problema nuevo, sobrevenido y desconocido”.
La Junta destaca que el curso pasado se firmó “un ambicioso calendario de negociaciones” pero “no ha podido ser llevado a cabo totalmente, quedando temas muy importantes pendientes para negociar en este curso 2024-25”, como las condiciones de trabajo del personal itinerante, la regulación del teletrabajo, la reducción de burocracia o la revisión de los puestos de difícil desempeño, además de los ya citados.