El primer proyecto de ley del Partido Popular al frente del Gobierno de Cantabria después de año y medio de mandato arrastra reparos legales desde el propio seno del Ejecutivo autonómico. La Ley de Simplificación Administrativa, una de las normativas estrella del Gobierno que preside María José Sáenz de Buruaga (PP), cuenta con un informe desfavorable de la Consejería de Presidencia, departamento promotor de la misma.
En concreto, el asesor jurídico de la Consejería que dirige Isabel Urrutia (PP) advierte de la posible “inconstitucionalidad” de la citada ley por su “manifiesta violación del reparto competencial constitucionalmente establecido”. Así, Jorge Fondevila Antolín, en un escrito consultado por elDiario.es, hace referencia a la “imposición indiscriminada” de declaraciones responsables y comunicaciones en el ámbito local, que excedería las competencias autonómicas, y a la “vulneración de la autonomía financiera local” mediante la centralización de la gestión de tasas municipales.
“El artículo 27 establece un concreto procedimiento de gestión exclusivamente para las Entidades Locales, y por otro, la imposición del uso de la 'declaración responsable' y la 'comunicación' a las Entidades Locales, de forma general e indiscriminada a toda actividad. Los términos concretos de esta regulación exceden de forma clara y manifiesta las competencias autonómicas a este respecto”, señala el documento.
“El artículo 25, que establece la unificación de solicitudes con devengo de tasas, en su redacción al referirse a los 'sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley', salvo que se modifique el artículo 2º en los términos expuestos, supone una manifiesta violación de la 'autonomía financiera local', que, como ya hemos expuesto anteriormente, reserva en exclusiva a las entidades locales la gestión de su recaudación tributaria”, recoge también el informe.
El proyecto de ley, aprobado por el Ejecutivo autonómico el pasado mes de octubre, tiene como objetivo declarado “reducir y agilizar los procedimientos administrativos” de ciudadanos y empresas ante la Administración autonómica, pero también ante las administraciones locales y empresas y entes públicos asociados a las mismas.
Y precisamente uno de los instrumentos propuestos en la normativa para lograr que se agilicen los trámites es el uso de las declaraciones responsables en sustitución de licencias y autorizaciones, de manera que el interesado en impulsar un negocio no requerirá de la autorización previa de su ayuntamiento, sino que directamente dará cuenta de que cumple con los requisitos para ello, mientras que la Administración podrá corroborarlo con posterioridad mediante inspecciones.
Según el informe desfavorable citado anteriormente, en el texto de la ley “se impone un régimen procedimental común y general de uso de la 'declaración responsable' y la 'comunicación', y la Comunidad Autónoma no cuenta con título competencial ni legal al respecto”. No obstante, la normativa se encuentra en tramitación parlamentaria, en concreto en el periodo de comparecencias.
Informe alternativo
Posteriormente, en contraposición al reparo jurídico emitido por el asesor de la Consejería de Presidencia, el director general del Servicio Jurídico, Fernando José de la Fuente Ruiz, ha redactado otro informe en el que asegura que no aprecia un “desbordamiento” de las competencias autonómicas ni una violación directa de la legislación básica estatal. “No se advierte ninguna tacha de inconstitucionalidad por desbordamiento de las competencias autonómicas para invadir ya la legislación básica, ya la autonomía local constitucionalmente garantizada”, apunta.
En este sentido, no considera que el uso de la declaración responsable sea, en sí mismo, inconstitucional, siempre que se limite al ámbito competencial autonómico. “La proyección de la regulación [de los instrumentos de la 'declaración responsable' y de la 'comunicación'], por la Ley autonómica debe limitarse a su propia Administración, al ámbito autonómico de actuación. Así pues, el desarrollo normativo de lo básico que puede llevar a cabo la Comunidad Autónoma ha de limitarse a su propio ámbito competencial, con exclusión del ámbito local”, recoge el texto también consultado por este periódico.
Según fuentes parlamentarias, es la primera vez que se remite a la Cámara cántabra una ley con el informe jurídico en contra del asesor de la Consejería que presenta la ley. “Es normal que las asesorías emitan informes jurídicos que luego tengan que ser corregidos por la dirección jurídica, que es la que engloba todo, pero es la primera vez que pasa que la dirección jurídica tenga que justificar el por qué hay un informe en contra”, explican en declaraciones a este medio esas mismas fuentes. Y es que el procedimiento normal consiste en que la dirección jurídica emita un informe favorable previa corrección de los reparos por parte de la Consejería.
Rechazo de la oposición
A pesar de los reparos del asesor de la Consejería de Presidencia, este no es el principal escollo que tiene actualmente la Ley de Simplificación Administrativa para salir adelante. Y es que la oposición rechaza que a través de la misma, el Ejecutivo de Buruaga pretenda modificar la Ley del Suelo para incluir la posibilidad de construir vivienda libre en los Planes Singulares de Interés Regional (PSIR). “Es el pelotazo de la legislatura”, denunció el PRC hace unos días, tras criticar la intención de los populares de “colar por la puerta de atrás” esta reforma.
Así, el Gobierno del PP, en minoría parlamentaria, pierde en esta ocasión el que ha sido su socio preferente para sacar adelante tanto la investidura como dos presupuestos. El PSOE también se ha posicionado en contra de la medida: “Abre la puerta a futuros pelotazos que lamentablemente ya conocemos en Cantabria y de los que nos podamos arrepentir en el futuro”. Y la extrema derecha de Vox está sopesando si apoyar o no la aprobación de la normativa precisamente por esta modificación urbanística. El Gobierno, por su parte, defiende que la ley “es buena” y asegura que “va a luchar” para que salga adelante tal y como está.