Los grupos parlamentarios han presentado un total de 137 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Transparencia de la Actividad Pública, que el Gobierno de Cantabria remitió al Parlamento hace casi 10 meses, en Navidad.
Todos los grupos salvo el PRC, partido que dirige la Consejería de Presidencia y Justicia, de la que ha emanado el texto, han presentado enmiendas, encabezados por el PP con 84. Podemos ha presentado 34; Ciudadanos 13 y el PSOE, socio de gobierno del PRC, seis.
Las enmiendas se presentaron en abril, hace seis meses, y desde entonces la tramitación ha estado paralizada, hasta que la Mesa de la Comisión de Presidencia y Justicia, que dirige la regionalista Rosa Valdés, se ha reunido hace unos días para calificarlas y admitirlas a trámite.
Desde el Gobierno se ha puesto en valor el “extraordinario proceso de participación” que ha seguido el texto, y se asegura que aunque Cantabria es la última comunidad en regular la transparencia, tendrá la ley “más avanzada” del país.
Se asegura también que un ciudadano podrá conocer de una persona que trabaja para la administración sus datos personales, formación, trayectoria, sueldo que percibe, si realiza actividades complementarias que se pueden compaginar con su cargo, su declaración de bienes, etc.
El proyecto de ley obliga a publicar los saldos bancarios del Gobierno y las agendas institucionales del Ejecutivo, ayuntamientos y altos cargos.
Entre otras novedades, incluye un procedimiento sancionador para aquellas personas que estén obligadas a cumplir la norma y no lo hagan. Así, en función de la gravedad, se establecen sanciones económicas, que oscilarían entre 600 euros (infracciones leves) y 12.000 euros (muy graves), y medidas disciplinarias, como el cese de un alto cargo que incumpla la ley.
Para procurar el cumplimiento de la norma se ha previsto la creación de un consejo de transparencia, una “unidad específica” que según el Gobierno, no supondrá la creación de nuevos puestos de trabajo, sino que se encargarán de ella tres funcionarios.
EL PP NO ESTÁ DE ACUERDO
El PP no está de acuerdo con la creación de este “nuevo órgano”, que entiende que será “un nuevo organismo autónomo, con estructura y altos cargos” y pide que Cantabria siga adscrita como hasta ahora al Consejo Nacional de Transparencia, de forma que siga siendo éste el órgano encargado de conocer las reclamaciones como lo viene siendo desde el año 2015, tal y como ha explicado a Europa Press la portavoz de Justicia del Grupo Popular, Isabel Urrutia.
Además, el PP reclama en sus enmiendas más transparencia en varios ámbitos, en especial en los gastos de los cargos directivos del gobierno, de los que pide que se publiquen las retribuciones anuales, indemnizaciones y dietas; importe de los gastos de representación con detalle del motivo, fecha y cuantía; y en el caso de comidas, indicación del lugar, comensales y motivo.
También pide que se declararen “beneficios” tales como teléfonos móviles, vehículos o tarjetas de crédito. A la vez, el PP quiere ampliar los efectos de la Ley de Transparencia, de forma que sea aplicable a las entidades que reciben subvenciones de un mínimo de 15.000 euros o que representen el 30% de la financiación, frente al 40% y menos de 25.000 euros que recoge el texto del Gobierno.
Por su parte, el PSOE considera “perfecto” el documento base y aspira con sus enmiendas a llevar la transparencia “a mayores”. Su portavoz, Víctor Casal, ha señalado que han “seguido la estela” de otras leyes autonómicas, para por ejemplo extender las obligaciones de la Ley de Transparencia a las corporaciones religiosas que sean perceptoras de fondos públicos, tal y como recoge la norma andaluza.
En la misma línea, Ciudadanos pide que se publique todo lo relacionado con la Iglesia Católica, “no por ser la Iglesia Católica sino porque recibe dinero público”. Con carácter general, Cs busca la mayor transparencia posible en la relación de la administración con los ciudadanos y en lo relacionado con el dinero público, ha explicado a Europa Press su portavoz, Rubén Gómez.
Desde Podemos se asegura que han aportado a la norma el 80% de su articulado en el proceso previo, y aún así, ha presentado 34 enmiendas para mejorar aspectos que, a su entender, “ensombrecen” la ley. Es el caso de la configuración actual del régimen sancionador o la “constante” remisión a la Ley estatal del PP, que a su entender es “una de las más restrictivas de Europa”, además de la eliminación del derecho a mantener el anonimato del solicitante.