Sobre la mesa de los dos pincipales ayuntamientos de Cantabria, el de Santander y el de Torrelavega, se acumulan sin resolver más de un millar de recursos contra la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como 'plusvalía municipal', que equivalen en su conjunto a algo más de 3,5 milllones de euros.
En concreto, en el caso de la capital de Cantabria se han formalizado hasta la fecha 1.022 reclamaciones en vía administrativa que suponen alrededor de 3 millones de euros, mientras que en la capital del Besaya son 125 expedientes los que cuentan con alegaciones por valor de 600.000 euros -si bien 330.000 se han abonado de forma voluntaria-, según datos facilitados por ambos consistorios a petición de eldiario.es.
Estos recursos y todos aquellos que se presenten con posterioridad continuarán en el cajón de los servicios de intervención municipal hasta que el Ministerio de Hacienda apruebe en el Congreso la reforma de este impuesto local, y es que la mayoría de ayuntamientos de Cantabria han optado por suspender automáticamente la liquidación del recibo.
La decisión no es unánime aunque sí mayoritaria y es consecuencia a su vez de la postura adoptada por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que en sus resoluciones judiciales están dando la razón a los recurrentes. Además de declarar nulos los recibos, están condenando en costas a las administraciones locales y a devolver los importes con intereses.
El Ayuntamiento de Santander ya se ha enfrentado a siete sentencias, que “se reparten prácticamente a la mitad entre favorables y desfavorables”, y tiene otras tantas pendientes de resolverse. En Torrelavega aún no ha habido fallo judicial aunque tienen tres casos en los tribunales y reconocen que “es probable que una parte importante de los 125 expedientes abiertos acaben en el Contencioso”.
El procedimiento
Cuando hace casi un año el Tribunal Constitucional declaró ilegal el cobro del IIVTNU en aquellos casos en los que la venta de la vivienda se hace por debajo del precio de compra, no especificó los criterios con los que debe aclararse esta situación y como consecuencia de ello dejó en un limbo jurídico este impuesto.
No obstante, todos los contribuyentes siguen teniendo la obligación de presentar la declaración para liquidar el impuesto. La mayoría de ayuntamientos de Cantabria, como medida cautelar a la espera de la nueva legislación estatal, están suspendiendo esa liquidación. Es decir, no ejecutan el cobro, lo cual no impide que sea el propio contribuyente el que realiza la autoliquidación del impuesto. En estos casos, tienen un plazo de 4 años para pedir que se rectifique.
También en los casos en los que ya se ha liquidado el impuesto y se ha presentado un recurso en plazo, los ayuntamientos cántabros están suspendiendo igualmente su resolución para evitar tener que acudir a la vía judicial.
“Hay mucho dinero en juego”
El presidente de la Federación de Municipios de Cantabria y alcalde de Reocín, Pablo Diestro, lamenta la situación de “inseguridad jurídica” en la que se encuentran los ayuntamientos y recuerda que desde la organización que preside “para hacer fuerza” han instado al Gobierno de España a que tramite con urgencia la nueva ley.
“Con la ley en la mano, estamos obligados a liquidar”, sostiene. “Otra cosa es que los afectados vayan a los juzgados, donde se les está dando la razón. En ese caso, nosotros dejamos el expediente congelado”, añade. “Hay mucho dinero en juego”, continúa advirtiendo Diestro, que apunta que en Reocín hay algún recibo pendiente por encima de los 100.000 euros.
De igual forma están actuando los ayuntamientos de Astillero, donde ha habido “muy pocas incidencias puesto que los valores catastrales son muy antiguos y, por lo tanto, muy bajos”, y de Camargo, en el cual “se han presentado un centenar de reclamaciones entre el total de los 16.000 contribuyentes que hay en el municipio”. De ellas, se han estimado por el momento una treintena al comprobarse que no se ha producido un incremento en el valor del terreno.
En Santa Cruz de Bezana, sin embargo, no giran ningún recibo. “Este año hemos presupuestado cero euros de ingresos por plusvalía”, afirma su alcalde, Pablo Zuloaga, que apunta que tras la sentencia del Constitucional han preferido ser cautos y retomarán las liquidaciones una vez esté aprobada la nueva normativa.
Por similar postura se han decantado en Castro Urdiales. El concejal de Hacienda, Eduardo Amor, explica que inicialmente continuaron girando el recibo, “pero viendo que casi todos los ciudadanos reclamaban y el asunto acababa en los tribunales, donde se nos estaba condenando además en costas, decidimos suspender los cobros”. Así, una vez que se apruebe la nueva normativa, comenzarán de nuevo a liquidar, lo que “conllevará una carga muy importante de trabajo para los servicios municipales”.