Cantabria no 'estrenará' decreto para regular los alquileres turísticos en el verano de 2024. La nueva normativa que prepara el Gobierno autonómico no llegará a tiempo para poder aplicarse en el periodo estival de este año, pese a que, según ha anunciado este lunes la consejera de Turismo, saldrá a consulta pública esta semana. En este sentido, Eva Guillermina Fernández (PP) ha estimado que el nuevo decreto se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) a finales de septiembre o principios de octubre. “Depende de otros órganos y de informes ajenos a nuestra Consejería”, ha defendido la titular de Turismo en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el PSOE.
“No podemos establecer tiempos más precisos”, ha dicho, por lo que hasta entonces -verano incluido- “tendremos que seguir rigiéndonos por el decreto vigente”. Sobre este nuevo marco regulatorio, necesario en un contexto en el que los alquileres vacacionales se han disparado en Cantabria, especialmente en los últimos tres años, tal y como ha subrayado el diputado socialista, Mario Iglesias, la consejera ha explicado que el Gobierno ha mantenido reuniones de trabajo con diferentes colectivos y ayuntamientos.
En concreto, Fernández ha citado la asociación de vecinos FECAV, la de turismo rural, la de alquiler vacacional, la de consumidores y la de hostelería de Cantabria. También ha dicho que han tenido encuentros con el Colegio de Administradores de Fincas, y con representantes de la Federación de Municipios y de los ayuntamientos más afectados: Santander, Potes, Comillas, Laredo y San Vicente. Todo ello, según ha remarcado la consejera, con el objetivo de “obtener el mayor consenso”. “Una vez que se abra el trámite de consulta pública, quien quiera hacer llegar su aportación sobre este tema podrá hacerlo y será objeto de análisis”, ha señalado.
Al respecto de esta regulación, Fernández ha reclamado “un marco normativo a nivel estatal, no dejarlo en manos de las comunidades autónomas, que tienen poca competencia y, además, son muy dispares a la hora de abordar este problema”. Y precisamente sobre regulación de vivienda ha sido cuestionada por el diputado socialista, quien le ha preguntado sobre la negativa del Gobierno autonómico a aplicar la limitación de precios de los alquileres residenciales que contempla la Ley de Vivienda estatal, recordándole las palabras del consejero de Fomento, Roberto Media, en las que aseguró a la prensa que “el mercado no se puede regular” porque eso es lo que se hace “en Cuba y en muchos otros países comunistas”.
“¿Me puede explicar por qué en el mismo Gobierno, todos del mismo partido [el PP], una consejería dice que regular es comunista y otra, en concreto la de Turismo, va a aprobar un decreto de regulación de las viviendas de uso turístico? ¿La Consejería de Turismo es comunista y la de Fomento no? Igual tendrían que unificar criterios y ponerse de acuerdo”, ha señalado el representante del PSOE.
Todo ello tras haberse debatido previamente una iniciativa de este partido para, precisamente, establecer la declaración de zonas tensionadas en Cantabria -como establece la normativa estatal- como forma de garantizar el derecho a una vivienda digna. La propuesta no ha salido adelante, ya que ha contado con los votos en contra de PP, PRC y Vox, las tres formaciones que se han mostrado contrarias a que se pongan límites a los precios de los alquileres.
PP y Vox han exhibido sus argumentarios más ultras contra esta medida, calificándola de “intervencionismo salvaje y destructivo” y recurriendo de nuevo al 'comodín' de Cuba y Venezuela. “Apuestan por intervenir los mercados, para convertirnos en Cuba o Venezuela”, ha asegurado el diputado de extrema derecha Armando Blanco. “Mientras el PP gobierne en Cantabria, no lo va a permitir”, ha afirmado el representante popular Rafael de la Gándara.
De hecho, Vox ha negado que existan zonas tensionadas en Cantabria porque “a escasos minutos de Santander hay viviendas de 100 metros cuadrados a precios de 50.000 o 60.000 euros”. Al igual que el PRC, que ha señalado que en Cantabria “no hay zonas tensionadas, sino familias tensionadas” que tienen que destinar más del 30 por ciento de sus gastos anuales a pagar el alquiler.