El nuevo Gobierno de Cantabria (PP) ha confirmado este miércoles su renuncia a destinar el convento de las Clarisas de Santander, ubicado en la calle Alta, a sede judicial y buscará, junto al Ayuntamiento, un nuevo uso. Mientras, se agilizarán los trámites para poder tener licitado “a finales de noviembre o primeros de diciembre” el contrato que permita iniciar las obras de estabilización del edificio, con una duración prevista de 12 meses, y que se ejecuten a lo largo de 2024.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia (PP), le ha confirmado esta renuncia a destinar el edificio a uso judicial a la alcaldesa de Santander, la también 'popular' Gema Igual, durante una reunión que han mantenido.
Igual ha aplaudido la decisión del Gobierno y ha insistido en su propuesta, ya planteada al anterior Ejecutivo (PRC-PSOE), de darle un uso cultural al edificio y como punto de encuentro de los vecinos en un barrio como El Cabildo.
Urrutia ha justificado la renuncia señalando que dedicar este edificio a uso judicial no solucionaría ni el actual problema de dispersión ni de falta de espacio para sedes judiciales. “No nos resuelve ni una cosa ni la otra”, ha mantenido.
En relación a esta falta de espacio, ha anunciado que el Gobierno de Cantabria se está planteando pedir una prórroga para implantar el Juzgado de Primera Instancia Número 13 de Santander, que debería estar en funcionamiento el próximo enero, ante los “verdaderos problemas” que hay para buscar donde ubicarlo.
Urrutia ha señalado que el anterior Ejecutivo no ha dejado ningún plan que permita resolver los problemas de dispersión y de espacio de las sedes judiciales, ni siquiera para ese nuevo juzgado, y se está estudiando donde poder ubicar determinadas cosas.
En cuanto a las obras de rehabilitación del convento de las Clarisas, Urrutia ha señalado que el anterior Ejecutivo dejó sin licitar el contrato de dirección, ejecución y seguridad para poder iniciar las obras de estabilización del edificio.
Según ha señalado, el último trámite que consta que hizo fue un acuerdo del pasado 20 de marzo de la mesa de contratación en el que se consideraba que la mejor oferta presentada era la que había presentado la constructora Rotedama por 1,7 millones.
“Ahí, en ese momento, se paró el tiempo y el reloj para la ejecución de estas obras”, ha lamentado la consejera, quien ha anunciado que ya ha dado orden para que se agilicen todos los trámites para poder iniciar la licitación de ese proyecto para intentar que “a finales de noviembre o primeros de diciembre” esté adjudicado el contrato y poder iniciar las obras cuanto antes.
El objetivo es que estas obras de estabilización finalicen en 2024 y mientras se ejecutan el Gobierno y el Ayuntamiento pensarán en qué uso darle, algo que habrá que definir en otro proyecto diferente a ejecutar tras las obras de estabilización.
Parque de Bomberos
Por otra parte, durante el encuentro, la consejera también le ha trasladado a Igual la intención del Ejecutivo de mejorar el convenio con el Ayuntamiento de Santander relativo al Parque de Bomberos de Santander, con intención de incrementar la aportación económica del Ejecutivo -que actualmente es de 725.000 euros- sino también las condiciones de este acuerdo.
“El Parque de Bomberos de Santander es un parque de calidad y buen servicio y yo creo que nos podemos aprovechar desde el Gobierno de Cantabria de esas instalaciones para formación u otro tipo de actuaciones”, ha señalado la consejera.
Urrutia ha detallado que el convenio del Parque de Bomberos de Santander en vigor se firmó en 2020 y caduca el 31 de diciembre de 2024. Por ahora no ha adelantado en cuánto podría crecer esa aportación económica y, en cuanto a las mejoras en el contenido del convenio, ha señalado que a lo largo de 2024 se valorarán esos posibles cambios que se quieren introducir.
La alcaldesa, Gema Igual, ha agradecido el compromiso que asume el nuevo Ejecutivo de incrementar la dotación presupuestaria de este convenio pues es algo que se venía reclamando desde el Ayuntamiento.
Ha señalado que el Ayuntamiento de Santander tiene una inversión en el área de Bomberos de 7 millones de euros y hay un “alto de porcentaje que no son en el término municipal de Santander”, cuyo coste podría estimarse en 1,2 millones.
Igual ha señalado que la anterior consejera del área, la regionalista Paula Fernández, se comprometió a irlo aumentando pero ello no se hizo realidad y por ello se lo ha reclamado a Urrutia, aprovechando que el convenio caduca a finales de 2024.
Ha señalado que en estos momentos el Parque de Bomberos y la nueva sede de la Policía Local son “una de las mejores infraestructuras” y las ha puesto a disposición del Gobierno para que éstas se puedan utilizar para actividades de formación o incluso para celebrar procesos selectivos.
Tanto en lo que se refiere a este convenio, como a otros, como el relativo al Salvamento en Playas, o a la distribución de distintas ayudas entre los municipios, Igual ha reclamado al actual Gobierno que tenga en cuenta la población.
Ha criticado la metodología que aplicaba el anterior Ejecutivo para ese reparto, la cual hacía que las diferencias entre lo que percibía Santander y otros municipios de menor población no fueran las que corresponden.
Como prueba, ha comparado lo que recibía Santander para el convenio del Parque de Bomberos de Santander (725.000 euros) en relación a lo que se asignaba a otros municipios con menos población, como Torrelavega (450.000 euros); Castro Urdiales (400.000 euros), o 150.000 para Camargo.
Y en el relativo a Salvamento en Playas, Igual ha señalado que, de los 600.000 euros que el Gobierno anterior repartía entre los municipios, a Santander “únicamente recibía 84.000 euros”, cuando prestarlo cuesta 588.000 euros.
También en la reunión la consejera le ha confirmado la continuidad del convenio colaboración con el Ayuntamiento de Santander para la prestación del Servicio de Salvamento y Rescate de personas con el Grupo del perro de salvamento“, por el que se aporta al Consistorio 12.000 euros.
Personas sin techo
En otro orden de cosas, Igual ha explicado que en la reunión de este miércoles se ha acordado constituir un grupo de trabajo para abordar el problema de los 'sintecho' que viven en la calle en Santander y que declinan usar servicios como el del Centro Princesa Letizia para alojarse.
En primer lugar, lo que se quiere es posibilitar que se pueda trasladar, “con la legalidad”, a esas personas al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para poder evaluar si tienen algún tipo de trastorno mental y definir la forma de ayudarles.