La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha pedido a la consejera de Presidencia, Paula Fernández, que el antiguo convento de Las Clarisas, situado frente del Parlamento de Cantabria, tenga un uso cultural y pueda acoger este tipo de eventos y actividades. No obstante, el Gobierno ya tiene decidido que el inmueble, una vez sea recuperado, se destine a ser sede judicial.
Igual, que se ha reunido este martes con la consejera en la sede del Ejecutivo, le ha trasladado que es una “obligación” para las instituciones conservar este edificio “en perfecto estado” porque es un Bien de Interés Cultural (BIC).
La regidora ha recordado que el convento está ubicado en un barrio “muy sensible”, como es el de El Cabildo, y que con esta petición municipal el recinto se puede convertir en un “lugar de encuentro” situado en “pleno centro” de la ciudad.
Al respecto, Fernández ha subrayado que la adjudicación para las obras de rehabilitación del antiguo convento ha quedado “desierta” por dos veces y que en estos momentos la Dirección General de Justicia está habilitando “otras vías” que permitan acometerlas “por medios propios”.
Así, la consejera ha recordado que las obras están presupuestadas en 800.000 euros y que serán “fundamentales”, porque desde su departamento consideran que conservar este edificio es una “necesidad imperiosa”.
Por ello, ha avanzado que el objetivo es que a lo largo de 2022 se empiecen a acometer esas actuaciones y que entonces, “una vez se pongan en marcha”, se decidirá “entre todos” a qué finalidad se va a destinar el convento.
Colaboración en otras áreas
Por otra parte, Igual le ha solicitado un aumento del convenio del servicio de extinción de incendios que mantienen ambas instituciones, dotado actualmente en 725.000 euros, con el que Santander envía dotaciones de bomberos a otros municipios cercanos se encuentran en situación de emergencias. “La petición es que se aumente esa dotación porque desde 2019 es la misma”, ha afirmado la regidora.
También ha pedido “coordinación” con Justicia para que, a los casos “concretos y puntuales” que se han detectado de personas que viven en la calle y tienen síndrome de Diógenes, y “no tienen voluntad para dirigir su vida”, se les pueda internar de manera no voluntaria en el centro Padre Menni. “Dependemos de que un juez autorice por resolución que se les pueda internar”, ha apostillado.
Para finalizar, Igual ha señalado que el servicio de Protección Civil en la ciudad cuenta con más de 60 voluntarios y con dos perros de rastreo y siete de venteo, para cuyo mantenimiento la Consejería destina 12.000 euros. Mientras, en Salvamento y Playas, ha subrayado que el área de Fernández aporta unos 80.000 euros a un servicio municipal que cuesta 507.000.
Por su parte, la titular de Presidencia ha destacado que el Fondo de Cooperación Municipal ha aumentado un cuatro por ciento en su conjunto, incrementado la partida de 15,2 millones de euros a 15,8. Según ha añadido, es una cuantía “fundamental e importante” ya que son los ayuntamientos quienes establecen a qué quieren dedicar ese montante.
La consejera ha puesto en valor la “coordinación” en las emergencias para que haya una “respuesta más eficaz y eficiente”, y se ha remitido a las nuevas subvenciones gubernamentales destinadas al vestuario y material para los cuerpos de la Policía Local y Protección Civil, añadiendo además, los 10.000 euros del cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad.
Tanto Igual como Fernández han subrayado el “buen funcionamiento” del programa 'Vereda', una herramienta electrónica que agiliza el intercambio de datos con Justicia y que en lo que va de año ya ha realizado unas mil comunicaciones. Por ello, han destacado que se trabaja “mucho más rápido” y que “evita desplazamientos”. “Funciona de manera ejemplar”, han añadido.
Por último, han considerado “importante” que, “al menos una vez al año”, se reúnan ambas instituciones porque la comunicación entre Consejería y Ayuntamiento tiene que ser algo “básico” ya que mantienen “asuntos” en común, y han valorado esta relación como “fluida”.
Por otra parte, Fernández ha destacado que Cantabria va a sumar 16 nuevos inspectores de juego para “aumentar el control presencial y el correcto cumplimiento de la normativa” ante el aumento de los salones de juego.