La Fundación Franz Weber ha pedido que se “bloqueen” las ayudas europeas a Cantabria si se sigue autorizando cazar lobos “a pesar de las prohibiciones existentes”. Así, y tras enviar una carta con la petición expresa al Comisario Europeo de Medio Ambiente, Virginijus SinkeviÄius, exigen la retirada de subvenciones destinadas a agricultura o ganadería “al entender que el gobierno autonómico no cumple con los criterios básicos sobre compromiso con la naturaleza y sus poblaciones”.
Esta petición viene tras las declaraciones realizadas por el director general de Biodiversidad, el regionalista Antonio Lucio, quien aseguró hace unos días que el Ejecutivo cántabro iniciaría “cuanto antes” los controles poblacionales del lobo ibérico a pesar de ser conscientes de las posibles demandas que tendrán que defender en los tribunales por incumplir el dictamen nacional. Y es que no se pueden cazar estos animales en todo el territorio español por estar incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).
Precisamente sobre cómo realizarán esa defensa, Lucio adelantó en las mismas declaraciones que el Ejecutivo se asegurará de que su justificación para matar lobos “sea lo más sólida posible”, por lo que el Gobierno PRC-PSOE se basará en los vacíos legales de la norma como forma de que el Ministerio para la Transición Ecológica y los grupos conservacionistas no les pongan contra las cuerdas: “Haremos las resoluciones de control que consideremos que tenemos que hacer intentando explorar todo el margen de maniobra que nos da la orden”, indicó.
Alertados por la advertencia del Ejecutivo, la ONG ha trasladado a través de una nota de prensa que el responsable de la Unión Europea “podría valorar la desobediencia legal de Cantabria” y adoptar medidas que podrían llegar a denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por incumplimiento de Directivas sobre hábitats. “Con estos antecedentes queremos que Cantabria pague las consecuencias de rebelarse frente a la normativa española y europea”, han argumentado.
Asimismo, desde la fundación han mostrado “su preocupación por el empleo de las instituciones públicas al servicio de lobbies de caza y la ganadería” e insisten en que la comunidad está generando “un peligroso precedente” que podría desembocar en que se comience a “exterminar a cualquier ser vivo que se considere molesto para los negocios ganaderos”
“Nos inquieta el hecho de que un gobierno como el de Cantabria pueda decidir saltarse la ley cuando le convenga porque la propia Audiencia Nacional ya rechazó un recurso de la comunidad para suspender la protección del lobo y retomar las cacerías”, han aseverado.
Cabe recordar que en este momento solo se contempla la caza de lobos como medida excepcional y cuando las medidas preventivas hayan fallado previamente “y siempre garantizando el estado de conservación favorable de la especie”. Así se lo hizo saber la Comisión Europea a España a comienzos de 2019 y así lo ratificó el Ministerio al incluir al lobo en el Lespre y al confirmar que tenía como objetivo “cumplir con los requisitos de la Directiva sobre Hábitats”, es decir, protegiendo al animal y contribuyendo a su conservación.
Por último, tal y como apuntan desde la ONG, en los últimos años la política de coexistencia con grandes carnívoros “ha beneficiado” el retorno de subespecies del lobo a territorios como Bélgica, Dinamarca, Países Bajos o mejores poblaciones en Italia. Por ello, la iniciativa de Cantabria supone para estos “desechar la Ciencia y la legislación comunitaria sobre protección de animales vulnerables”.