Las presuntas irregularidades en los contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) llegarán de nuevo al Parlamento de Cantabria. Esta vez lo harán en forma de Comisión de Investigación gracias a la iniciativa de Podemos, que ha sido quien ha puesto en marcha este mecanismo de control al Gobierno con el apoyo de todos los partidos políticos -PRC, PSOE y Ciudadanos-, salvo del Partido Popular.
Los populares han rechazado la invitación de los podemitas, ya que la investigación política no se circunscribirá solo a la actual legislatura, sino que también desmenuzará la gestión entre los años 2011 y 2015, es decir, en la etapa en la que la responsable de la Consejería de Sanidad era la actual presidenta de la formación conservadora, María José Sáenz de Buruaga, algo que no ha gustado al PP que se escudan en que es mejor “acotar” para que no sea “tan amplia y farragosa”.
Desde hace meses, María Luisa Real (PSOE) está en el centro de las críticas por la “irregularidades” denunciadas por la jefa del Servicio de Contratación a través de una carta en la que hace alusión a la intromisión de “asesores externos” en la toma de decisiones, el pago de obras por adelantado o el fraccionamiento de contratos con tres empresas vinculadas al hijo del alcalde de Suances, el también socialista Andrés Ruiz Moya.
El diputado de Podemos, José Ramón Blanco, ha sido el encargado de dar a conocer esta iniciativa que ya fue debatida en un pleno del Parlamento a raíz de una propuesta de Ciudadanos que enmendó el PSOE para ampliar la investigación a la etapa de gobierno del PP. La medida salió adelante y ahora es Podemos quien la pone en marcha. Así, el partido morado la ha registrado este mismo lunes y la Mesa se reunirá el próximo viernes para avanzar en su tramitación.
Tras recordar que su formación tiene “tolerancia cero” frente a la corrupción, Blanco ha lamentado que PP y PSOE se estén acusando mutuamente de “corruptelas” mientras la Sanidad ha sufrido este verano “grandes deficiencias” debido a la “falta de personal”. “Basta ya”, ha clamado el diputado, que ha reclamado una investigación “en profundidad”. “Los cántabros tenemos derecho a saber qué ha pasado y, por otro lado, a buscar soluciones”, ha subrayado.
Blanco también ha clamado contra las declaraciones del consejero de Justicia, Rafael de la Sierra (PRC), en las que “vino a decir que la prevaricación es algo normal”. “No se pueden tolerar estas barbaridades”, ha apostillado.
Desde Podemos han confiado en que esta Comisión de Investigación se constituya cuanto antes y creen que hay “tiempo de sobra” para tener las conclusiones antes de las elecciones que se celebrarán en mayo de 2019.
Esta será la segunda Comisión de Investigación que se inicie esta legislatura, en la que ya se analizó durante dos años el papel del Gobierno del PP en el fracaso empresarial de Ecomasa-Nestor Martín, cuyo concurso de acreedores se juzgará este martes.