El proyecto de ley de Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2020 asciende a 2.886 millones de euros, un 1,2% más que el año anterior para, en palabras de la propia consejera de Economía, “blindar el Estado del Bienestar” y luchar contra la despoblación de las zonas rurales en detrimento de las inversiones, que bajan un 9%.
María Sánchez ha presentado este miércoles las cuentas en rueda de prensa, tras registrarlas en el Parlamento, asegurando que son “la expresión cifrada del programa político presentado en el inicio de legislatura en cada comisión parlamentaria” y explicando que se ha elegido esta fecha para que fuera después de las elecciones “respetando las reglas de juego de la campaña”.
Se trata, por tanto, de unas cuentas “realistas” y “prudentes” que apuestan por “mejorar la vida de las personas” ya que destinan más recursos a Sanidad, cuyo presupuesto crece un 5,47% respecto a 2019 (48 millones), a Educación, área al que se destinan 20 millones más (+3,7%), y a Servicios Sociales, con un incremento de ocho millones (+3,14%), tal y como ha detallado la responsable de Economía.
Según ha señalado, además de “apostar” por los servicios públicos, estos Presupuestos se dirigen a “impulsar el cambio de modelo productivo, fomentar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos -independiente de su renta y del lugar dónde vivan-, aplicar una fiscalidad más justa, luchar contra la despoblación y avanzar en la implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”.
Y es que este nuevo Gobierno ha querido enfatizar que en sus primeras cuentas destina dos de cada tres euros a gasto social, cuyas partidas crecen casi 77 millones de euros, entre las que se incluyen sanidad, educación, servicios sociales, fomento del empleo, acceso a la vivienda y cultura.
En este Presupuesto, el gasto no financiero sube a 2.377 millones, un 3,5% más que en 2019, mientras que el financiero baja a 427 millones. El aumento del primero en 82 millones se debe, tal y como ha explicado la consejera, al incremento en más de un 6% de los gastos de personal para afrontar la subida de sueldo de los empleados públicos, con excepción de los altos cargos, así como a la subida de los gastos corrientes para atender el creciente gasto farmacéutico.
Por consejerías, la mayor parte del Presupuesto se lo lleva el Servicio Cántabro de Salud, con un 31,2 por ciento (900 millones); la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo, con un 18% (516 millones); el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, con un 8% (230 millones), y la deuda publica, con un 15% (431 millones). Por su parte, el gasto que se destina a personal asciende a 981,3 millones y se lleva el 39,9 por ciento del total.
En lo que respecta a los ingresos previstos, la mayoría provendrán de impuestos indirectos (972 millones), transferencias corrientes (705 millones) e impuestos directos y cotizaciones sociales (606 millones).
Por otra parte, la responsable de Economía ha destacado que Cantabria empezará el año que viene a reducir su deuda pública en 35 millones de euros, tras el “fuerte incremento” que se produjo en el periodo 2011-2015, cuando subió un 12%, lo que permitirá “liberar fondos de la amortización de intereses para atender otras necesidades importantes de los ciudadanos”.
Impuestos y deducciones
En el sistema tributario, que, en palabras de la consejera, “ayuda al desarrollo económico y favorece el desarrollo social de Cantabria”, las principales novedades versan sobre las deducciones aplicables en el IRPF a contribuyentes que tengan residencia habitual en zonas rurales con riesgo de despoblamiento, que, según los criterios del Gobierno, ascienden a 56 municipios, en los que viven 48.786 personas.
Así, para estas personas que vivan en el medio rural, habrá deducciones por el arrendamiento de viviendas en esta zona, al autoempleo de menores de 35 años en ellas y los gastos de guardería. La otra novedad de calado en el sistema tributario cántabro para el próximo año es la deducción por nacimiento y adopción de hijos que convivan con el contribuyente en la fecha de devengo del impuesto, y que ascenderá a 100 euros por cada hijo nacido o adoptado en el periodo impositivo.