Así lo ha afirmado hoy el responsable regional de Seguridad Privada de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT, Alberto González, quien ha asegurado que toda la plantilla convocada a los dos días de huelga consecutivos, el 25 y el 26 de septiembre, ha secundado en esta primera jornada de movilizaciones.
De todos modos, el sindicalista ha criticado que los cinco vigilantes de seguridad encargados del servicio en el Patronato Militar de Cantabria hayan sido sustituidos por militares, circunstancia que está siendo analizada por los servicios jurídicos de las organizaciones sindicales por constituir una posible vulneración del derecho de huelga.
La movilización responde al convenio colectivo que impuso la propia empresa, que ya ha sido anulado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que estipulaba una reducción salarial de cerca de 40%, aunque como puntualiza el responsable regional de Seguridad Privada de UGT, “ni siquiera aplicando esta brutal disminución salarial, los trabajadores están al día en sus remuneraciones y no han percibido aún la nómina de septiembre de unos 750 euros”.
Los dos días de paro convocados por los sindicatos afectan a todo el servicio de seguridad de las dependencias del Ministerio de Defensa y de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.
Los sindicatos agregan a los motivos de la huelga la política de contratación pública “absolutamente irresponsable” del servicio de seguridad privada realizada por el Ministerio de Defensa del Gobierno español.
CONFLICTO CON PRECEDENTES
En este sentido, el secretario de Seguridad Privada de UGT ha criticado que “el Ministerio de Defensa es especialista en adjudicar contratos públicos de aparente legalidad que lo único que esconden es precariedad en el empleo y que condena a los vigilantes a situaciones de verdadera exclusión social”.
González ha recordado que la anterior adjudicataria de este mismo servicio de seguridad privada, Seguridad Integral Canaria, no abonó en su momento las nóminas ni las liquidaciones de sus trabajadores pese a trabajar para varias administraciones públicas y ahora, a instancias del propio Gobierno español, ha denunciado a la empresa tras ser denunciada por fraude laboral por la Inspección de Trabajo.
Por ello, los sindicato reivindican también con la huelga general en Marsegur que el Gobierno español tenga la determinación y voluntad política de ser exigentes con sus proveedores de seguridad privada y evitar así situación de ilegalidad como las de esta empresa.