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Podemos aprueba al Gobierno de Revilla en su primer año de legislatura

Ha pasado algo más de un año desde que el 25 de junio Miguel Ángel Revilla y el entonces secretario general de Podemos en Cantabria y diputado autonómico, José Ramón Blanco, se estrecharan la mano para sellar un pacto que permitió al líder del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) volver a ser proclamado presidente de la Comunidad Autónoma.

En las elecciones de mayo de 2015, regionalistas (12) y socialistas (5) se habían quedado a un diputado de tener mayoría en la Cámara (18) y necesitaban el apoyo de Podemos (3) o Ciudadanos (2) para reeditar la coalición de gobierno que mantuvo a ambos en el poder entre los años 2003 y 2011. La negociación entre el PRC y la formación morada -elegida por Revilla por delante del partido de Albert Rivera- fructificó en un acuerdo que exigía la aplicación de una serie de iniciativas a cambio de su abstención.

Transcurrido este tiempo, la dirección de Podemos ha hecho una valoración sobre el cumplimiento de aquel pacto y afirma estar “satisfecha” con su ejecución. Aunque existen algunos “puntos rojos”, como la aplicación de la Ley de la Dependencia o la Renta Social Básica, el partido cree que el acuerdo con Revilla ha contribuido a “mejorar la vida de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”.

Así lo han destacado este jueves, en rueda de prensa, el actual secretario general de Podemos en Cantabria, Julio Revuelta -que el pasado mes de mayo relevó a Blanco tras una disputa interna-, y la diputada autonómica, Verónica Ordóñez.

Los representantes de Podemos han hecho suyas las medidas sociales aprobadas por el Ejecutivo cántabro, como la puesta en marcha de un Plan de Emergencia Social o la apertura de los comedores escolares en periodos no lectivos que “ha permitido que todos los menores tengan garantizada una comida diaria”. En esta línea, han dicho sentirse “muy orgullosos” de haber introducido la figura de los bonos de alimentación, de garantizar los suministros de agua, luz y gas o de que se haya retomado la formación contra la violencia machista en el Servicio Cántabro de Salud.

Igualmente, han destacado que en emergencia habitacional el Gobierno ha estado muy “activo”, si bien apuntan que aun le resta por reconocer el derecho a una vivienda.

En cuanto a regeneración y transparencia, resaltan el haber retirado de los cargos públicos a políticos imputados, como al exconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Javier López Marcano; también haber forzado al Ejecutivo a mantenerse como acusación en el caso Racing y a hacer público el contrato público-privado del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. En este punto, señalan que ha faltado una “labor pedagógica” sobre las consecuencias de que el anterior gobierno del PP adjudicara a Ferrovial 40 servicios no sanitarios del hospital durante 20 años a cambio de concluir las obras. No obstante, reconocen que Sanidad está trabajando para analizar posibles “irregularidades” por parte de la empresa.

En economía ven “positivo” que el consejero, Juan José Sota, haya demandado al Gobierno central una reestructuración de la deuda que permita liberar recursos, pero critican que se haya perdido “un año”; y en educación agradecen a su responsable, Ramón Ruiz, que haya velado para que la LOMCE sea “menos dañina” aunque le instan a ser “más proactivo y luchar más allá”.

“Puntos rojos”

La gestión de la Ley de la Dependencia y la Renta Social Básica, ambas en manos de la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, son para Podemos los “puntos rojos” del Gobierno. En el primer caso, critican que no ha habido un aumento de la partida presupuestaria ni tampoco una reducción de los plazos de respuesta a las solicitudes, que pueden llegar a retrasarse “en algunos casos hasta seis y siete meses”, según ha apuntado Revuelta. En Dependencia aseguran que no ha habido ningún cambio respecto a los recortes llevados cabo por el anterior Ejecutivo del PP. “Siguen los copagos y no se ha recuperado la teleasistencia”, reprochan. Por ello, demandan que de manera “urgente” se agilicen los plazos y se incrementen los recursos.

Precisamente, el reparto de fondos es para los podemitas uno de los puntos donde el bipartito debe mejorar. En términos “globales”, están “satisfechos” aunque, recalcan que ha habido “más disposición en lo normativo que en las partidas económicas” y que, por tanto, esperan mayor compromiso en los próximos presupuestos.

Finalmente, han pedido que se formen los consejos consultivos de Juventud, Mujer y Económico y Social y que se promueva un pacto para garantizar que la Sanidad será siempre gratuita y universal.

Polémica con el PSOE y Sodercan

A pesar del acuerdo que permitió a PRC y PSOE formar gobierno gracias a la abstención de Podemos, socialistas y podemitas han mantenido desde el inicio de la legislatura un agrio enfrentamiento. La mayor parte de las críticas del partido de la oposición se dirigen hacia las áreas gestionadas por el partido de Pedro Sánchez, mientras que los regionalistas de Revilla se mantienen en este sentido de perfil.

Sin embargo, a pesar de que es público y notorio que la relación entre ambas formaciones en Cantabria es algo más que distante, el secretario general de Podemos le ha restado importancia. Al ser cuestionado sobre que la “mayor parte” de los incumplimientos del pacto de investidura se encuentren en las consejerías del PSOE, Revuelta ha opinado que se trata de una “cuestión natural”, ya que, tal y como publicó eldiario.es, casi el 90% del presupuesto de Cantabria recae en manos del PSOE. “La responsabilidad es del Gobierno al completo”, ha apostillado Revuelta sin querer 'herir' a los socialistas.

No obstante, y pese al tono cordial e incluso amistoso de la rueda de prensa, Revuelta ha reiterado que Podemos no apoyará en el Parlamento los próximos presupuestos autonómicos a menos que el consejero delegado de Sodercan, Salvador Blanco, dimita o sea cesado.

Nombrado por el PSOE, Blanco ya ocupó este cargo entre 2007 y 2011 y estuvo imputado por el caso GFB. Aunque la justicia le exculpó, el auto puso de manifiesto negligencia en la participación de la empresa pública en el fallido proyecto industrial, lo que ha servido para que toda la oposición en bloque haya reprobado su nombramiento.