La Consejería de Políticas Sociales y representantes del sector de la dependencia comenzarán el próximo martes, 12 de mayo, en intentar consensuar la desescalada en residencias de mayores, dependientes y personas con discapacidad o centros de día y en otros ámbitos de los Servicios Sociales.
Así lo ha avanzado este jueves Ignacio Fernández, presidente de CERMI, entidad que trabaja con personas con discapacidad, durante su comparecencia en la comisión especial creada en el Parlamento de Cantabria sobre el COVID-19, que en la jornada de hoy ha tenido como protagonistas a los representantes de las residencias.
Junto a él, han comparecido también los presidentes de las patronales de FED y LARES, Rubén Otero y Gema de la Concha, respectivamente, y el gerente del centro hospitalario, Padre Menni.
Tras el anuncio de Fernández, fuentes de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, que dirige la socialista Ana Belén Álvarez, se ha confirmado que se han creado dos grupos de trabajo para intentar consensuar con el sector una propuesta para la desescalada que se remitirá a la Consejería de Sanidad, que es la que debe darle el visto bueno.
Concretamente, se crearán dos grupos de trabajo, uno con los representantes de las residencias y otro con el de los centros que tratan a personas con discapacidad.
Por parte de la Consejería, en estos grupos estarán representados tanto el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) como la Dirección General de Políticas Sociales.
En el marco de estos grupos, que se reunirán por primera vez el martes, se intentará acordar el plan de desescalda en residencias, como centros de personas con discapacidad, centros de día o servicios sociales, como el servicio de ayuda a domicilio.
Desde la Consejería se subraya que, por su parte, hay “voluntad de diálogo” y “espíritu de colaboración” con las entidades de la Dependencia para llegar a acuerdos, aunque han recordado que la decisión depende de Sanidad.
Durante la comparecencia, varios de los representantes de las residencias han valorado la comunicación “constante” que han mantenido con la consejera de Políticas Sociales que, según han señalado, ha sido mayor que con el titular de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), con el que algunos han reconocido no haber mantenido contacto “ninguno”, aunque sí con otros directores y responsables de la Consejería.
Precisamente, los presidentes de LARES y FED han reclamado este jueves en la comisión del COVID-19 un plan de desescalada “ya” específico para las residencias, algo que, según han dicho, ya demandan los propios familiares de los residentes.
“Nuestros residentes llevan mucho tiempo confinados en sus habitaciones con lo que ello conlleva para personas con patologías, como el alzheimer”, ha dicho Otero (FED), que cree que “ha llegado el momento” de comenzar a abrir los, centros, volver a la normalidad “poco a poco y con las garabtías necesarias” para evitar que aquellos residentes que hayan sobrevivido al COVID-19 “no se mueran de pena”, un punto de vista compartido por la presidenta de LARES.
Por parte, del presidente de CERMI ha reconocido que le “preocupa, y mucho”, cómo va a llevarse a cabo la reincorporación a algunos de sus centros, sobre todo los de día (ocupacionales, de rehabilitación psicosocial...).
Ha explicado que, “gran parte” de los usuarios de CERMI emplean para ir a estos centros de día transporte público o especializado y también en furgonetas que facilitan los ayuntamientos y que, en ocasiones, van llenas. De esta forma cree que para poder trasladar a todos se tendrían que duplicar o triplicar este modo de transporte.
“Vamos a tener que trabaja, vamos a tener que evaluar, que cuantificar costes y ver cómo salimos adelante”, ha dicho.
El presidente de CERMI ve “muy difícil” que los centros de día puedan volver a funcionar con “plenitud de ocupación” y ha subrayado las dificultades, que por el tipo de usuarios que acuden a ellos (personas con discapacid, para controlar que se salvaguarden las distancias de seguridad, limitar el contacto o que se respete el uso de mascarillas.
En este sentido, ha señalado que, además, tienen algunos usuarios, con problemas respiratorios, cardiacos o sobrepeso, que no podrán usar las mascarillas.
Por todo ello, considera que va a haber que realizar un plan de choque “muy estudiado” y la vuelta a estos centros deberán, a su juicio, alternarse con medidas de teleasistencia o asistencia a domicilio.
También ha aludido al “impacto altísimo” que ha tenido en algunos de sus usuarios el confinamiento y ha señalado que, en algunos casos, ha habido un deterioro cognitivo “muy importante” con lo que cree que “va a costar mucho” hacer que recuperen el nivel que tenían antes de la epidemia.