El PP creará en Cantabria una oficina antiocupación como medida estrella de su Ley de Vivienda: “La gente tiene miedo”
El Gobierno de Cantabria pondrá en marcha una oficina “antiocupación” como medida estrella de la futura Ley de Vivienda que pretende sacar adelante en la comunidad autónoma para “defender a los propietarios de los 'okupas' y proteger la propiedad privada”. El Ejecutivo que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) sacará este viernes a información pública la normativa autonómica, a la que se podrán presentar alegaciones hasta el 30 de junio, y que busca contraponerse a las medidas de la ley estatal, que el PP considera “una ruina”.
Así, para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda, el consejero responsable de esta materia, Roberto Media (PP), ha anunciado la creación de la denominada 'Oficina de Apoyo a Víctimas de la Ocupación y la Inquiocupación', sin datos que la avalen, puesto que las cifras oficiales minimizan el impacto de las ocupaciones en la comunidad, e integrada en la empresa pública Gesvican.
“La mejor medida social en materia de vivienda consiste en dotar de seguridad jurídica a los propietarios”, ha resaltado el titular de Vivienda en una rueda de prensa, tras explicar que se habilitará un canal de comunicación mediante un teléfono y un mail para “asesoramiento de particulares y vecinos afectados”.
No obstante, Media ha reconocido que el Ejecutivo desconoce cuántos afectados hay y, como ha hecho en otras ocasiones, ha hecho referencia al supuesto “miedo” que tiene la ciudadanía a la hora de poner en alquiler sus viviendas vacías. “Necesitamos saber cuál es la realidad, a día de hoy no sabemos cuántas viviendas realmente hay ocupadas, pero lo que está claro es que la gente tiene miedo aunque haya una o mil ocupaciones”, ha expresado.
De esta forma, el Gobierno del PP también ha anunciado que, a través de los ayuntamientos, las policías locales podrán actuar “de forma inmediata en casos de ocupación flagrante, colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Según ha explicado, la Policía Local podrá, “en el ámbito de sus competencias, proceder al desalojo inmediato de los ocupantes, siempre respetando los procedimientos legales existentes”.
Asimismo, según recoge la norma, las entidades locales deberán tener censos actualizados de viviendas en riesgo de ocupación y diseñar medidas preventivas en coordinación con el Gobierno autonómico. Y precisa, además, que las personas contra las que en los últimos cinco años se hubiera dictado alguna resolución judicial o administrativa por ocupación ilegal no podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en la ley.
No obstante, y tras enumerar esta retahíla de propuestas, Media ha reconocido que su Gobierno tiene “pocas competencias” en este contexto. “Hay situaciones que claman al cielo. Nosotros tenemos en este ámbito de la ocupación ciertas competencias -muy pocas, por cierto-, si no, tomaríamos otro tipo de medidas”, ha resaltado.
Otras medidas
El consejero ha anunciado otras medidas que incluye la normativa, cuyo anteproyecto saldrá este viernes publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). Se recupera la promoción de viviendas a precios tasados, que abrirá la posibilidad de optar a una vivienda protegida a sectores de población que ahora mismo no pueden hacerlo por sobrepasar los niveles de renta establecidos, pero que, “sin embargo, tienen serias dificultades para hacerse con una en el mercado libre”.
También se habilitará como personas usuarias de vivienda protegida en alquiler a profesionales de servicios básicos, que podrán ser partícipes de los programas de vivienda rural protegida. Por otro lado, la nueva ley fija multas de hasta 90.000 euros para quien destine una vivienda protegida a alquiler turístico. Y también se constituirá un registro autonómico unificado para la gestión de la demanda de viviendas protegidas, la oferta de viviendas disponibles y el inventario de suelo destinado a vivienda protegida.
Además, se crea la figura de Vivienda Rural Protegida y un Plan de Vivienda Rural para dinamizar territorios afectados por la despoblación y el envejecimiento a través de incentivos económicos, cesión de suelos y fiscalidad favorable. Y se impulsan “modalidades alternativas de acceso a la vivienda, como el coliving y el cohousing”.
“En Cantabria no tenemos grandes tenedores”
La ley prevé programas de incentivos para aquellos propietarios de vivienda vacía que la saquen al mercado. Así, podrán acceder a ayudas para el pago de las cuotas de la comunidad y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Además, la nueva norma establecerá que “la renta a pagar al propietario se fijará de acuerdo a los precios de mercado y no al Índice de Referencia dictado por el Ministerio de Vivienda” porque, a juicio del consejero, está “completamente desfasado”.
Cuestionado por los beneficios fiscales y sobre a quiénes irán dirigidos, Media ha explicado que esta iniciativa no está pensada para que un fondo o un banco alquile viviendas: “Eso ya lo hará razonablemente”, ha señalado, tras resaltar que en Cantabria “no tenemos grandes tenedores: puede haber alguno, pero no es lo normal”.
Sin embargo, el titular cántabro de Vivienda ha defendido la medida haciendo una apología del rentismo: “Esto está pensado para aquel que tiene una vivienda que ha heredado o que compró con la idea de sacar sus 700, 600 o 500 euros como un complemento a su pensión”. Al respecto, ha insistido en que este es el caso de las 50.000 viviendas vacías que hay en Cantabria por “miedo” a ponerlas en alquiler.
A mí que no me pidan que arruine el futuro de mi hijo. No lo voy a hacer. Y el Partido Popular de Cantabria tampoco
En este sentido, ha cargado contra la declaración de zonas tensionadas que contempla la Ley de Vivienda estatal, y a la que el Gobierno cántabro se ha opuesto desde el principio, pese a que los precios de los alquileres se encuentran disparados, especialmente en las localidades más turísticas. Y ha seguido haciendo una defensa a ultranza del rentismo y de la vivienda como un bien de mercado:
“¿Por qué la gente que tiene viviendas en alquiler en España no las alquila? ¿Por qué no está sacando una renta que para eso adquirió esos inmuebles o su heredero los mantuvo? ¿Por qué prefieren venderlos? No es que la gente se haya vuelto idiota, la gente no es tonta. Si la gente pudiera tener más ingresos, los tendría, ¿o no? Eso lo entienden todos ustedes. ¿El señor Sánchez y la señora ministra no lo entienden? Lo entienden perfectamente, igual que yo, pero la ideología los ciega completamente”, ha afirmado, obviando que negarse a intervenir el mercado de la vivienda topando los precios también supone una medida ideológica.
“A mí que no me pidan que arruine el futuro de mi hijo. No lo voy a hacer. Y el Partido Popular de Cantabria tampoco”, ha sentenciado sobre limitar los precios.
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