El PP denuncia un “reguero de irregularidades” y “presuntas ilegalidades” en las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud (SCS), algunas coincidentes con las ya advertidas por la jefa de contratación del servicio y hechas públicas este mismo miércoles-- pide a la Intervención General del Gobierno regional que “abra una investigación” y al presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), que “depure las responsabilidades” y “no descarta” acudir a la Fiscalía.
La presidenta del PP de Cantabria y exconsejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, ha dado a conocer este miércoles, en rueda de prensa, las, a su juicio, “alarmantes conclusiones” de una investigación realizada por el partido durante “meses” tras tener conocimiento de “rumores” primero y luego “constantes denuncias verbales” y “anónimos” sobre “graves irregularidades” en la contratación del SCS.
Entre ellas, ha citado el “desembarco” en la sanidad pública de Cantabria de asesores externos vinculados al SCS a través de contratos menores de servicios y asistencias técnicas que en dos años y medio suman 117.000 euros. También ha alertado de que se han realizado recepciones y pagos “por adelantado” de obras que no estaban terminadas y suministros que no habían sido entregados, usando para ello “argucias”.
Como otra “irregularidad”, Sáenz de Buruaga ha denunciado que el SCS ha suscrito contratos menores con tres empresas (Iralia, Serincopsa y Gardenor) --todas ellas del hijo del alcalde de Suances, el socialista Andrés Ruiz Moya-- para realizar los “mismos” trabajos que ya estaban cubiertos por otros contratos.
Como ejemplo, la dirigente 'popular' ha aludido a cuatro contratos menores, por un valor total de casi 196.000 euros) que se adjudicaron a finales de 2017 para pintar cuatro centros de salud cuando este tipo de trabajos ya estaban incluidos en un contrato general suscrito con Elecnor que estaba en vigor que incluía el mantenimiento de todos los centros de Atención Primaria.
Según los datos aportados por Sáenz de Buruaga, el contrato de Elecnor, suscrito en 2013 y renovado en 2016 por otros dos años, incluía, por “poco más de 300.000 euros”, el pintado de 20 centros de salud (10 por año); el mantenimiento de 42 centros de salud, 125 consultorios, 29 SUAP, el Centro Coordinador del Servicio de Esmergencias 061 y las oficinas centrales.
La presidenta del PP también se ha preguntado también por los motivos por los que la Gerencia de Atención Primaria se “desvinculó” durante unos meses del acuerdo marco que obliga a los centros dependientes del Gobierno regional a contratar el suministro de energía con Viesgo y, durante 3 meses, lo hizo con Gas Natural Fenosa, pagando por ese periodo 115.000 euros.
“Depurar responsabilidades”
Por todo ello, Sáenz de Buruaga ha reclamado a la Intervención que abra una investigación y audite todos los contratos del SCS suscritos en esta legislatura. Además, ha exigido “respuestas y reacciones inmediatas tanto en el ámbito técnico como en el político”. Concretamente, ha explicado que de Revilla, como “máximo responsable político de las actuaciones de su Gobierno y de los consejeros a los que nombra”, Sáenz de Buruaga espera que llegue al “final” del asunto y “exija y dé todas las explicaciones” y “depure las responsabilidades políticas a las que haya lugar”.
Aunque se ha mostrado reacia a avanzar posibles pasos y los plazos que maneja el partido para ello, ha señalado que espera una respuesta de Revilla, al que ha remitido una carta, “hoy o, a más tardar, mañana”. También el PP, antes de dar nuevos pasos, entre los que no se descartan acciones en el seno del Parlamento de Cantabria, “va a esperar a ver qué tiene que decir la consejera” de todo ello.
“Callada”
Sáenz de Buruaga ha censurado que Real no haya salido a dar explicaciones tras las informaciones publicadas este mismo miércoles en la prensa sobre estas “irregularidades” tras hacerse pública una carta remitida por la jefa del Servicio de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, sino que hayan sido el gerente del SCS, Julián Pérez Gil, Inmaculada Rodríguez, y el subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud, Javier González, quienes hayan dado explicaciones.
Pérez Gil ha negado las supuestas irregularidades denunciadas por la jefa de Contratación y las ha achacado al “despecho y a su enfrentamiento personal” con el subdirector de Gestión Económica, con el que “se lleva mal y tienen mala relación”. Por su parte, el propio subdirector de Gestión Económica ha anunciado que demandará a la jefa de Contratación del SCS por injurias.
Sáenz de Buruaga ha explicado que la jefa de Contratación del SCS remitió en febrero esta carta a Real y a Pérez Gil dando a conocer esas irregularidades y ha criticado que la consejera haya “permanecido callada”. A preguntas de los periodistas, Sáenz de Buruaga ha dicho que espera que Revilla no se sume a la “campaña de desprestigio” contra esta funcionaria y le pide que “la escuche” y la “proteja”.