La reciente resolución judicial dictada por el Tribunal Supremo que exige a la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que dicte las órdenes procedentes “para llevar a efecto sin demora” la demolición de la Estación Depuradora de Aguas de Vuelta Ostrera,ha provocado la inminente reacción de las principales fuerzas políticas.
La última en declarar ha sido la propia ministra, a la que el Supremo le ha designado como “autoridad responsable” de ejecutar la sentencia y le ha atribuido la obligación de dar cuenta “cada mes” de los pasos dados en este sentido.
Tejerina, a preguntas de los periodistas en el Congreso, ha garantizado “máxima celeridad y diligencia” para dar una solución al derribo de la depuradora con “todas las garantías medioambientales”. Asimismo, ha anunciando como “inminente” la firma del contrato para el estudio de alternativas de ubicación a la actual. “Se van a estudiar hasta seis”, ha detallado.
“A partir de ahí tendremos el proyecto y habrá que hacer la evaluación de impacto ambiental para hacer debidamente el procedimiento con todas las garantías”, ha expresado seguidamente.
Así pues, estas afirmaciones ponen de manifiesto que el Ministerio de Medio Ambiente todavía no dispone de una alternativa a la depuradora, a pesar de que el pasado mes de octubre, el Gobierno central sacase a concurso la redacción del anteproyecto y el estudio de impacto ambiental para dar con una solución.
La propia ministra aseguró entonces que la adjudicación de la redacción de ese anteproyecto se haría el pasado mes de febrero, hecho que a mediados de mayo todavía no ha sucedido. Esta situación, deja al descubierto que a día de hoy, pasados 12 años de la primera sentencia, todo sigue igual que entonces.
Responsabilidad mutua
Por otro lado, esta sentencia del Supremo ha enfrentado a Populares y Socialistas regionales, quienes se culpan mutuamente del “desastre medioambiental” que provocará el derribo de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, construida en dominio público-terrestre, vulnerando así la Ley de Costas.
La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, ha subrayado en un comunicado que “todo este asunto lleva la marca del Partido Popular”. “Será un daño ambiental sin precedentes en Cantabria”, ha reconocido.
Asimismo, Tezanos ha instado al Gobierno central a que haga un “último intento” ante el Tribunal Supremo, para motivar la necesidad y solicitar un último plazo, con el fin de que “se pueda construir la alternativa” antes de proceder al derribo de la depuradora actual.
Para la vicepresidenta, el Partido Popular es “el responsable” de la situación actual y será “el culpable del irreparable daño ambiental” que supondrá para Cantabria su demolición sin disponer de otra construida. Tezanos también ha responsabilizado al Partido Popular de “retrasar los plazos que le han dado los tribunales para ejecutar la sentencia de 2005”.
La Administración del Estado se comprometió con el Tribunal Supremo a demoler la depuradora ilegal antes del segundo semestre de 2013, calendario que no se ha cumplido.
“El PP de Cantabria y el PP nacional son culpables por engañar a los cántabros y decir que lo iban a legalizar”, ha añadido la vicepresidenta, en referencia al compromiso del entonces presidente del PP de la Comunidad Autónoma, Ignacio Diego, de “indultar la depuradora si llegaba el Gobierno y después legalizarla modificando la ley de Costas”.
“El PSOE la inauguró”
Ante estas declaraciones, la replica de los Populares no se ha hecho esperar. El portavoz de Medio Ambiente del PP en el Parlamento de Cantabria, José Manuel Igual, ha lamentado la actitud “catastrofista y desleal” de la vicepresidenta y ha replicado que el PSOE decidió la ubicación y se “hizo la foto en su inauguración”.
“Resulta que el partido que es responsable de la ubicación de la depuradora y que la inauguró en 2006 pretender ahora buscar responsabilidades en el Partido Popular”, ha recalcado Igual en un comunicado de prensa posterior.
Según el propio portavoz Popular, la vicepresidenta “parece olvidar que su compañera de partido Cristina Narbona, fue quien en el año 1995, siendo secretaria de Estado de Medio Ambiente, decidió ubicar la depuradora en el emplazamiento por el que diez años más tarde fue declarada ilegal, lo que no evitó que ya como ministra lo inaugurara y se hiciera la foto”.
Además, Igual ha hecho hincapié en que el Gobierno del PP en la pasada legislatura, “trató de buscar una solución legal con el fin de evitar un grave quebranto económico a las arcas públicas, como es derruir una infraestructura que luego habría que volver a construir a unos pocos cientos de metros de donde está”.
“Esa ha sido siempre la voluntad del PP, encontrar una solución a este grave problema generado por el último gobierno de Felipe González y por el primero de Rodríguez Zapatero”, ha insistido.
En ese sentido, destaca que el proyecto de la EDAR de Vuelta Ostrera data del año 1994, gobernando en España el PSOE de Felipe González con Cristina Narbona como secretaria de Estado de Medio Ambiente.
La aprobación del proyecto y del emplazamiento de la depuradora se produjo en el año 1996, también con Cristina Narbona como secretaria de Estado, y los gobiernos del Partido Popular continuaron con la tramitación y la ejecución de la obra, que fue finalizada e inaugurada en agosto de 2005 precisamente por Narbona, ya como ministra de Medio Ambiente.
Igual lamenta que se tenga que derribar Vuelta Ostrera, “ahora o cuando se produjo la sentencia en el año 2005”, ya que lo considera “un desastre desde el punto de vista económico y ecológico”. “EDAR presta un servicio medioambiental absolutamente indispensable para la protección ecológica de la Ría de San Martín y de toda la cuenca del Saja-Besaya”, ha concluido.
“Un delito para corregir otro”
Por su parte, el PRC de Suances, localidad donde se encuentra la citada depuradora, ha manifestado su “rotundo rechazo” a la demolición si no existe una alternativa que garantice el saneamiento del municipio y que evite la concentración en la ría de San Martín y en las playas de los vertidos de los 23 municipios de la comarca, con una población superior a los 120.000 habitantes.
“Destruir una infraestructura de estas características sin antes sustituirla por otra supone un atentado ecológico de consecuencias incalculables para la zona, lo que implica cometer un delito para corregir otro, cosa que los suancinos no estamos dispuestos a consentir”, ha sentenciado la formación regionalista local.
En la sentencia de octubre de 2005, el Supremo ordenó la demolición de la Estación Depuradora al estimar un recurso de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2001 que declaró zona de reserva una parcela de terreno de dominio público marítimo-terrestre de 87.450 metros cuadrados para ser ocupada por la Estación Depuradora de Vuelta Ostrera.