PP y Vox han pactado y sacado adelante este lunes en el Parlamento de Cantabria una iniciativa para instar al Gobierno autonómico que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) a articular, de cara a los próximos cursos, becas y ayudas públicas con dinero público para que alumnos de la escuela concertada no tengan que irse a la enseñanza pública para cursar Bachillerato “por no contar con recursos económicos suficientes” para pagárselo en el mismo centro.
PP y Vox han explicado que el objetivo es “evitar que haya familias en Cantabria que no puedan garantizar la continuidad de sus hijos en el mismo centro concertado en que han cursado la educación obligatoria por no contar con los recursos suficientes y tengan que irse a un centro público para hacer Bachillerato”.
La iniciativa, que ha partido originalmente de Vox pero que se ha visto modificada sustancialmente a través de una enmienda del PP, pide al Gobierno efectuar un “exhaustivo estudio” sobre los datos de matriculación en los centros privados de Cantabria sostenidos con fondos públicos que ya cuentan con concierto en las etapas de Primaria y Secundaria así como del perfil del alumnado “a fin de ofrecer en próximos cursos facilidades en la matriculación en el Bachillerato a estudiantes pertenecientes a familias que, al no contar con recursos económicos suficientes, podrían verse privados de continuar su formación en el mismo centro”.
Además, se solicita al Gobierno “articular, dentro del sistema regional de becas de estudio y atendiendo a criterios de renta per cápita familiar, ayudas a familias de la región cuyos hijos deseen cursar Bachillerato en el centro privado en el que han estado matriculados en etapas de educación obligatoria” con concierto con la Consejería de Educación.
La enmienda original, la planteada por Vox, iba más allá y en ella lo que se pedía era articular la posibilidad de ampliar los conciertos con los centros privados que imparten educación postobligatoria que lo soliciten y poner en marcha un cheque escolar que permita que las familias puedan elegir libremente el centro escolar al que acuden “sin que su situación social o económica sea un impedimento para ello”, incluyendo la etapa posobligatoria (Bachillerato o FP superior).
La proposición no de ley ha contado con el rechazo del PSOE y del PRC, que la han criticado duramente. Por un lado, los socialistas han considerado que esta iniciativa en la que PP y Vox “van de la mano”, “no solo pone en cuestión” el actual sistema educativo de Cantabria sino que “socava uno de sus principios básicos, como es la igualdad de oportunidades”.
“Hemos hablado hasta ahora de la sanidad business y ahora nos toca hablar de la educación para el business”, ha señalado el diputado del PSOE Jorge Gutiérrez aludiendo así a la polémica generada estos últimos días por las palabras del consejero de Salud, César Pascual (PP), en las que comparaba las listas de espera y los viajes de avión afirmando que los pasajeros que van en business no esperan colas y los de billete turístico sí tienen que hacerlo.
El diputado socialista ha considerado que esta iniciativa busca incrementar las cuentas de resultados de los centros privados, ofreciéndoles recursos de la educación pública, y ha opinado que con ella el PP deja que Vox “tome las riendas de la educación en Cantabria”. En este sentido, ha asegurado que los socialistas van a ser un “muro de contención” contra los “ataques a la educación publica” y a los intentos de “privatización”.
Por su parte, el PRC ha asegurado que la propuesta “rompe el equilibrio” entre la escuela pública y concertada en el que se basa el sistema educativo de Cantabria sin que, a su juicio, exista una razón de peso para ello más allá que permitir que alumnos de la concertada no tengan que cambiar de centro, un “capricho” que, según la regionalista Teresa Noceda, costaría casi 3,2 millones a las arcas públicas.
Noceda ha mostrado su “gran decepción” con el PP por esta iniciativa y ha opinado que el sistema de becas que plantea supondría que “los pobres tengan que pagar el Bachillerato a los ricos”.
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