El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha hecho un llamamiento a las empresas para que “no se dejen extorsionar por nadie” y denuncien si algún funcionario les exige “algún tipo de compensación económica” para adjudicarles contratos públicos, como habría ocurrido en la presunta trama encabezada por el jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas que se encuentra en prisión provisional.
Revilla ha pedido que se denuncie ante la Administración “cuando se detecte que hay el menor indicio” de posibles actuaciones irregulares para poder tomar medidas, ya que “el silencio no es buena causa” y “se deteriora la imagen de las empresas y la del funcionariado, que por lo general hace un gran trabajo”.
“Con estas noticias todos perdemos”, ha lamentado, haciendo alusión a la investigación sobre esta trama de corrupción en torno a diferentes expedientes de la Consejería de Obras Públicas, tras ser preguntado por la prensa acerca de la información publicada este jueves que da a conocer que se han descubierto más pagos al funcionario encarcelado por parte de otras 19 empresas desde 2003, además de las cuatro implicadas en la causa judicial.
El presidente ha reconocido que se trata de un “hecho grave de corrupción que involucra a una serie de empresas y a un funcionario que ha acumulado una fortuna de muchísimos años fruto, al parecer, de la extorsión”, pero ha incidido en que “no podemos generalizar”.
“Todo lo que ha aparecido es un funcionario que se ha enriquecido de manera escandalosa en los últimos años y un numero limitado de empresas”, ha reiterado, añadiendo que tampoco hay “afortunadamente ningún político de este Gobierno” involucrado en estos “hechos tremendos que dañan al conjunto de la Administración”.
Revilla, que ha hecho estas declaraciones durante su visita a la base de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) en Ruente, ha apostado por “luchar con todas nuestras fuerzas para intentar erradicar” estas prácticas, aunque ha reconocido que es algo “muy complicado” y que “todos los días estamos viendo casos”. “No estamos ajenos a que pueda haber casos de estos, pero hay que luchar contra ellos con toda la dureza”, ha sentenciado.
“Extremar el control”
Junto al presidente ha acudido a Ruente el consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco, que también se ha pronunciado sobre este asunto añadiendo que el Gobierno ha tomado medidas para extremar “aún más” el control en las contrataciones.
Así, el Ejecutivo habría pedido a los distintos departamentos que lleven a cabo una mayor vigilancia interna sobre los procedimientos de las adjudicaciones con el objetivo de “preservar el buen nombre de los trabajadores públicos”, así como revisar los contratos menores más importantes y los de emergencia y conocer quiénes son los empleados que se encargan de la trazabilidad de los contratos.
“El control siempre le ha habido, ahora lo que hemos pedido es extremarlo”, al menos hasta que se apliquen otras medidas de vigilancia, ha explicado Blanco.