Santander Sí Puede -el partido municipalista liderado por el concejal Antonio Mantecón- ha denunciado este martes la existencia de “graves y numerosas irregularidades”, al menos, en dos de las promociones de viviendas protegidas promovidas por la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS), la empresa pública de titularidad municipal del Ayuntamiento de Santander.
La lista de “anomalías” detectadas en las promociones de General Dávila y Peñacastillo Sur va desde “faltas en la terminación y diferencias con las memorias de calidades, desperfectos de todo tipo, problemas en la calificación, incumplimientos en la entrega de las viviendas y deficiencias en los plazos para licencias y permisos”.
Además, Santander Sí Puede ha encontrado “un posible trato de favor” a particulares en el caso de la promoción de General Dávila, “bajo la forma de venta de locales para transformarlos en viviendas, lo cual podría originar plusvalías ilícitas a medio o largo plazo”.
Igualmente, el consejero del grupo mixto en SVS y coportavoz de dicho partido, Roberto Mazorra, sostiene que “una gran parte de las promociones llevadas a cabo hasta el momento podrían estar conculcando principios básicos del derecho, además del cobro indebido de los tipos de IVA”.
“La Sociedad de Vivienda y Suelo es una empresa pública que, sin embargo, actúa como un promotor privado y con ánimo de lucro, lo cual es un contrasentido”, subraya la formación, que hace unas semanas enmarcó la expulsión de Mantecón del grupo municipal de Ganemos a una investigación en la empresa municipal de vivienda.
De locales a viviendas
Según Mazorra, una de las “más graves irregularidades” ha sido la 'venta' –cesión de SVS como parte del pago– de los locales comerciales de la promoción de General Dávila a la constructora de la obra, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Tecniobras-Fernández Rosillo.
El consejero de SVS afirma que los vecinos han tenido acceso a un plano con modificaciones de la planta baja -destinada inicialmente a locales- “donde se señalan cuatro nuevas viviendas con sus respectivas divisiones y mobiliarios”.
“Existen indicios que demuestran un trato de favor por parte de la SVS al hacer la vista gorda y ceder locales preparados para ser convertidos en viviendas, lo que ocasionaría un negocio redondo para las dos constructoras asociadas y posiblemente plusvalías ilícitas al vender dichos inmuebles como viviendas protegidas”, asevera.
En este sentido, insiste en que las constructoras podrían recalificar los locales en viviendas porque lo permite el régimen legal de los locales de negocio, “algo que no podrían hacer si fueran VPO en cualquiera de sus regímenes”, puntualiza Mazorra, que recuerda que esta promoción tuvo una calificación diferente al resto de las promovidas por SVS -de vivienda protegida a régimen general-, lo que provocó, entre otras cosas, que el precio pasara de los 1.000 euros habituales por metro cuadrado a los 1.655 euros.
“Pelotazo urbanístico”
Para Mazorra, “se pretende otro pelotazo urbanístico en pleno centro de Santander”. “Todo esto forma parte de un pack: si unimos la promoción de General Dávila, con los proyectos de Prado San Roque y El Pilón. Se trataría de una zona con una ubicación privilegiada donde, sin embargo, los propietarios de los inmuebles son familias humildes que no entienden de grandes negocios sino de permanecer en sus casas”.
No obstante, el coportavoz de Santander Sí Puede señala que “el negocio de las viviendas tendrá que esperar a tiempos más propicios” ya que las denuncias realizadas por su partido en el Consejo de Administración de SVS y el cambio de Gobierno en Cantabria, que tendría que autorizar el cambio de calificación, ha parado “temporalmente” este proceso.
Defectos
Además, cuestionan las “excesivas prisas” con las que se llevaron a cabo las certificaciones en la promoción de General Dávila, hasta el punto de que las viviendas fueron entregadas “con la obra inacabada” y con “numerosos defectos y faltas de terminación que a día de hoy no se han reparado en la mayoría de los casos”.
En cuanto a la VPO de Peñacastillo, Santander Sí Puede destaca este caso es aun “más sangrante” ya que se trata de viviendas certificadas y entregadas entre 2009 y 2010. El partido señala que ha tenido acceso a un informe pericial que “indica patologías impropias de viviendas nuevas o de reciente construcción valorados en cerca de setecientos mil euros” y critica que SVS ha hecho “caso omiso a pesar de que ha habido una intervención judicial”.
En opinión de Mazorra, “abaratar costes con las calidades y las terminaciones no puede tolerarse. No se trata de un problema de ejecución de obra sino de algo mucho más serio que podría constituir desviaciones presupuestarias destinadas a bolsillos ajenos. Por eso, vamos a solicitar una auditoría de todas las promociones de la SVS”, apostilla.
Ánimo de luco
Al mismo tiempo, Santander Sí Puede llama la atención que todas las promociones promovidas por la Sociedad de Vivienda son “privadas” y calificadas “con ánimo de lucro”, lo cual “es absurdo al tratarse de una empresa con capital 100% público”.
Según señala Mazorra, esta calificación comporta consecuencias en los propietarios: “Si las viviendas fueran de régimen especial o de promoción pública, se les aplicaría un 4% (IVA super-reducido). Como se trata de viviendas de promoción privada y régimen general o autonómico, pagan el 10%. Si un juzgado resuelve a favor, la aplicación del IVA super-reducido implicaría la devolución del 6% del importe escriturado a todos los compradores de vivienda”, sostiene.
“SVS no cumple el objeto social a no ser que sea financiar a los constructores amigos del Ayuntamiento. Actualmente, los precios de las viviendas en el mercado libre tienen precios similares o más bajos y los tipos de interés son igualmente muchos más reducidos que los de viviendas protegidas. Además, en 2014 desaparecieron las subvenciones a promotores y a compradores de vivienda. En este contexto se hacen necesarios cambios en el funcionamiento y objetivos de la SVS. Por eso, desde Santander Sí Puede (Antonio Mantecón) promoveremos una reforma profunda de unos estatutos obsoletos para adaptarlos a la realidad social y legal”, finaliza Mazorra.