Juan Carlos Saavedra es el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT en Cantabria y está jubilado desde 2016. Este ha sido el primer año que ha visto un incremento de su pensión conforme al crecimiento del coste de la vida. Un beneficio que no afecta solo a Juan Carlos, sino a casi diez millones de personas en España. Y es que la nueva ley de las pensiones públicas aprobada el año pasado implica, entre otras mejoras, una revalorización sobre el Índice de Precios al Consumo (IPC).
Esta histórica reforma en el sistema público de pensiones garantiza los derechos tanto de los actuales pensionistas como de los trabajadores que en los próximos años se sumarán al sistema de pensiones, puesto que incluye avances como la protección del poder adquisitivo de los pensionistas y la equiparación en el cómputo de las pensiones de un autónomo y un asalariado, entre otros aspectos.
Sin embargo, la Unión de Jubilados y Pensionistas manifiesta su preocupación respecto a un posible cambio en el Gobierno de España que podría suponer una amenaza para los derechos conseguidos con la nueva ley de las pensiones. “Tocar el tema del IPC sería una declaración de guerra”, anuncia su secretario general en Cantabria.
¿Qué beneficios tiene la reforma del sistema público de pensiones respecto a la de 2013?
Contempla varios ejes fundamentales. Lo primero, que las pensiones se van a revalorizar sobre el IPC (un 8,5% este año), por lo que no habrá pérdida de poder adquisitivo ni de los jubilados ni de los pensionistas, puesto que creceremos al mismo ritmo que la inflación. Por otro lado, los becarios y los autónomos tienen mejoras en sus cotizaciones para cuando alcancen la edad de jubilación.
¿En qué se diferencia de la norma anterior?
La anterior nos puso a todos los pensionistas un factor de sostenibilidad que suponía que una subida sistemática de las pensiones del 0,25%, sin alcanzar ciertos niveles de PIB. Observamos que eso disminuía la capacidad de los pensionistas para afrontar la vida cotidiana, ya que las pensiones se revalorizaban muy por debajo del IPC y el pensionista perdía poder adquisitivo. Más del 60% de los pensionistas se encontraba por debajo de lo que se denomina el umbral de pobreza. En 2017, UGT y CCOO nos lanzamos a la calle desde distintos puntos de España para llegar a Madrid el 9 de octubre con el objetivo de suprimir el factor de sostenibilidad y pedir la subida de las pensiones con arreglo al IPC. Todo eso se materializa en 2021 con la nueva ley, que se ejecuta en dos partes: primero se quitó el factor de sostenibilidad con un aumento de la pensión marcado por el Gobierno y después se acordó la subida automática de las pensiones sobre la media del IPC del año anterior. En esta segunda fase, que beneficia a los actuales trabajadores que entrarán en el sistema público de pensiones hasta el 2050, se volvió a constituir el Pacto de Toledo, que aconseja cómo mantener el sistema de pensiones y establece cuáles son los asuntos que necesitan una modificación. Para su aprobación, Europa tuvo que dar su visto bueno.
¿Qué otros cambios se han introducido?
Se ha modificado el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para que el cómputo de las pensiones sean similares a las de un trabajador por cuenta ajena y se atienden cuestiones importantes para las generaciones futuras como es la cotización de los becarios, que a veces están en la empresa durante años como cualquier otro trabajador y no consta en su vida laboral. También se ha aplicado un convenio especial para cuidadores. En 2013 se suprimió la cotización completa del trabajador cuando este pedía una reducción en su jornada laboral por tener que cuidar a un familiar enfermo o dependiente, por lo que cotizaba la mitad. Eso se ha recuperado porque es injusto que alguien, además de ver mermado su salario por la reducción de jornada, sea castigado en su jubilación. Además, se ha establecido la separación de las fuentes de financiación y se han eliminado los gastos impropios.
¿Cómo afecta la nueva normativa a las mujeres?
La jubilación evidencia la brecha de género que existe, puesto que muchas mujeres llegan con importantes lagunas de cotización por motivos como la maternidad y a veces no alcanzan la pensión porque no llegan a la cotización mínima. Estas lagunas se recogen en la nueva ley y se ha hecho un cálculo de manera que los primeros cinco años con falta de cotización equivalgan a haber cotizado la base mínima. Si ese periodo es superior, se equipara a un 80% de cotización entre el quinto y el séptimo año. Con este colchón se mitiga la brecha salarial de una mujer a la hora de acceder a una pensión.
¿Incluye alguna novedad?
Ahora los trabajadores que están expuestos a tóxicos peligrosos tendrán coeficientes reductores en el momento de su jubilación, una cuestión que anteriormente solo se contemplaba en los regímenes especiales relacionados con la mar y la minería. También se ha incorporado un plan para la pobreza, es decir, una garantía de suficiencia por la que las pensiones mínimas y las no contributivas crecerán hasta alcanzar el 60% del salario medio en 2027.
¿Es una reforma asumible para el sistema económico de España?
Hay un apartado que recoge cómo se puede hacer sostenible el sistema, que es con el 'destope' de la pensión máxima, el cual se incrementará de forma progresiva hasta 2050, año a año, hasta alcanzar un 38% más respecto a la actualidad. Para quienes vayan entrando al sistema con pensión máxima, se establece que esta también aumentará de forma paulatina, un poco más de lo que se cobra ahora. En resumen, van a recibir menos de lo que contribuyen, pero van a tener un poco más de retribución.
¿Consideran que se trata de una ley completa?
En las reuniones que tuvimos con el Gobierno llevábamos más cuestiones que atender, pero el dinero que hay es el que hay y queríamos una ley posible. Podíamos haber forzado a meter más, pero podría haber supuesto quedarnos sin nada. Hay que tener en cuenta que hoy en día el mercado es muy cambiante y están saliendo nuevos conceptos de trabajo. Desde ese punto de vista, meter todos los flecos es imposible. Lo que hemos hecho desde la Unión de Jubilados y Pensionistas es darnos cuenta de que mucha gente cree que la ley de pensiones solo afecta a los jubilados. Sin embargo, aunque afecta a sus futuras subidas salariales, el resto de aspectos de la ley a quien afecta es a los que van a cobrar la pensión en los próximos años, ya que alberga cuestiones como cuáles van a ser los coeficientes que va a tener, el periodo de tiempo que se va a computar. Desde 2013 se ha creado una leyenda negra sobre las pensiones que da a entender que en 20 años nadie va a cobrar, pero el sistema está garantizado y blindado. No lo decimos ni nosotros ni el gobierno de turno, lo dice Europa.
¿Les preocupa que un cambio de Gobierno en España conlleve la modificación legislativa de la norma vigente?
Nos tiene en vilo porque, lógicamente, tener garantizado el poder adquisitivo para vivir en condiciones normales te da tranquilidad lo que te queda de vida. Nos preocupa porque cualquier gobierno puede cambiarlo, como ya hizo Rajoy cuando tuvo la mayoría absoluta. Nosotros apostamos, como hemos planteado siempre, que tienen que haber leyes garantistas gobierne quien gobierne. Los pilares que sustentan el Estado de Bienestar deberían ser sólidos, independientemente de quien los gestione.
¿Qué consecuencias tendría?
Habría que ver la modificación que se haría, si es sustancial o no. Desde la Unión de Jubilados y Pensionistas consideramos que tocar el tema del IPC sería una declaración de guerra. Tendríamos que salir a la calle y movilizarnos nuevamente. Respecto a las otras cuestiones (la vigencia, la jubilación anticipada, el 'destope', la cotización de los becarios y los autónomos…), eso afectaría a los futuros pensionistas, pero nosotros también estaríamos con ellos porque como ciudadanos también nos afecta.