Tras años de cambios en lo que respecta al sistema público de salud, la situación actual de los conocidos como 'reagrupados' se encuentra en una especie de limbo que, según el colectivo 'Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria', está llevando a que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) deje a personas sin la atención sanitaria que requieren.
Fernando Gutiérrez, miembro de este colectivo, declara a elDiario.es que ya han sido “suficientemente pacientes” con la Consejería de Sanidad en lo que respecta a la situación de desamparo que están viviendo muchas personas en la comunidad. “Llevamos un año y medio pidiendo soluciones. Entendemos el contexto de crisis sanitaria en el que nos encontramos, pero estamos enfadados porque en otras autonomías se han buscado alternativas y en Cantabria no”, explica Gutiérrez.
Pero, a pesar de que el Gobierno autonómico “tiene competencias suficientes como para poner medidas complementarias y acabar con este problema”, Gutiérrez reconoce que la responsabilidad es de ámbito estatal. Así, destaca la situación en la que ha quedado la figura de los 'reagrupados', esos familiares de inmigrantes que están en España de forma legal pero que no disponen de cobertura sanitaria, ya que su permiso se les dio condicionado a que se comprometiesen a hacerse cargo de sus gastos sanitarios. “Estas personas ahora, por la crisis, pueden tener una situación sobrevenida en la que ya no tengan medios para pagarlo”, asevera.
Y esto es justo lo que está ocurriendo en Cantabria durante los últimos meses, ya que solo en Torrelavega, en la Zona Básica de Salud Covadonga, se ha negado a tres mujeres octogenarias con patologías crónicas la asistencia sanitaria. “Han estado cubiertas durante 8 o 10 años, en el último año se les ha quitado, y ahora sus familias no pueden afrontar los gastos que supone”, denuncia.
La razón de que personas como estas ancianas hayan podido estar cubiertas por la sanidad pública a pesar de no cumplir con las condiciones explicadas anteriormente reside en que el Ministerio de Sanidad permitía hasta ahora utilizar los informes favorables de los trabajadores sociales para suplir los requisitos. De esta forma, cuando había un problema de empadronamiento, pasaporte o cualquier otro asunto burocrático, este informe permitía pedir la tarjeta sanitaria, algo que ya no ocurre. “Ahora nos estamos encontrando en Cantabria con una situación en la que se está dejando a personas sin atención sanitaria y sin ofrecerles alternativas”, señala el portavoz del colectivo antes de anunciar que este no es el único grupo afectado.
Y es que tampoco se está dando esa cobertura sanitaria a las personas que no tienen los 90 días de empadronamiento, algo que el Gobierno de Mariano Rajoy modificó para ofrecer la asistencia gratuita antes de que se cumplan esos días a menores de edad, embarazadas, urgencias y personas víctimas de trata o de protección internacional. “Ahora nos encontramos con que esas personas están más desprotegidas porque ahora solo están exentos de pagar las víctimas de trata, quedando los otros tres grupos completamente desamparados”, sentencia el miembro de esta organización social.
Por otro lado, y teniendo en cuenta el contexto de pandemia en el que se encuentra el país, Fernando Gutiérrez se pregunta qué ocurrirá con la vacunación de esas personas, ya que su filiación no consta en los centros de salud por lo que no podrán llamarles para inmunizarles. Preguntados por este periódico, desde la Consejería de Sanidad han optado por no hacer declaraciones. Entretanto, desde 'Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria' están intentando dar visibilidad a estas personas que están padeciendo que el propio país en el que viven se olvide de ellos.