Vox ha suspendido seis meses de militancia a su portavoz parlamentaria en Cantabria, Leticia Díaz, por el acoso laboral denunciado por una trabajadora de la Cámara autonómica hace varios meses, tal y como ha adelantado El Diario Montañés.
La resolución del Comité de Garantías del partido no es firme, toda vez que contra la misma cabe interponer alegaciones y recursos, según han informado a Europa Press fuentes de Vox, que han precisado que la sanción planteada es la habitual para este tipo de supuestos. De hecho, Díaz fue ratificada como portavoz parlamentaria la semana pasada, y el fin de semana ha participado en actos de partido junto al líder nacional, Santiago Abascal.
Las citadas fuentes dan por supuesto la presentación de alegaciones y recursos a la suspensión propuesta durante medio año a raíz de la denuncia interna, tiempo en el que -de salir adelante la resolución- Díaz perdería sus derechos como afiliada a Vox. La sanción impuesta supone el enésimo capítulo de la grave crisis interna en la que está sumida la formación de extrema derecha en Cantabria desde el inicio de la legislatura, con un enfrentamiento claro entre la propia portavoz y el diputado y exportavoz, Cristóbal Palacio. Como consecuencia de ello, la dirección nacional se ha visto obligada ha intervenir en varias ocasiones, la última a raíz de la conocida como crisis del espionaje.
Cristóbal Palacio es el diputado que de un modo u otro ha estado en el ojo del huracán. En marzo de este año, Vox Cantabria se encontraba en una grave crisis interna y amenazaba con descomponerse. El episodio de aquellas fechas se vivió en el Parlamento de Cantabria, en donde su grupo se había dividido públicamente a la hora de votar la retirada del sueldo de uno de sus diputados, el citado Cristóbal Palacio. Si no se hizo fue porque el grupo como tal hubiera desaparecido (son cuatro diputados y se requiere un mínimo de tres), aunque el propio Parlamento echó tierra sobre el asunto.
Pero más allá de las apariencias, se mantenían y mantienen dos facciones enfrentadas: la que lidera la portavoz esta legislatura, Leticia Díaz, y la diputada Natividad Pérez, por un lado; y la del exportavoz Cristóbal Palacio y el diputado Armando Blanco, por otro. La destrucción del grupo parlamentario y el paso de una facción o las dos al Grupo Mixto hubiera sido una debacle económica y política para todos ellos: los recursos económicos y los tiempos de intervención serían más reducidos, así como los medios a su disposición. Unidos por interés, no por ello los encontronazos son inusuales.
Otro episodio fue la denuncia interpuesta por espionaje. Los diputados Cristóbal Palacio y Armando Blanco denunciaron ante la Policía Nacional la grabación de conversaciones sin consentimiento por parte de su partido. Estas supuestas grabaciones habrían tenido lugar en los despachos que el grupo tiene en la Cámara autonómica por parte de un asesor que trabaja para la portavoz parlamentaria de Vox, Leticia Díaz, mediante un aparato con forma de bolígrafo que supuestamente el denunciado utilizaba para sus mensajes personales.
También era vox populi la baja de larga duración de una de las empleadas en un contexto de alta tensión laboral dentro del grupo parlamentario. Un informe interno del partido hablaba sin tapujos de “mobbing” durante la legislatura 2019-2023 a la periodista Laura Velasco y en aquel momento coordinadora de Vox en el Parlamento de Cantabria, quien acabó siendo trasladada al País Vasco y después a Asturias por la dirección nacional. Actualmente, Velasco es concejala y portavoz en el Ayuntamiento de Santander, habiendo por tanto abandonado el complicado ambiente de trabajo de la pasada legislatura en el antiguo Hospital de San Rafael, extensible también al diputado Armando Blanco, quien pese a sustituir al portavoz en sus labores parlamentarias, era mantenido al margen de toda actividad interna y pública del partido.
Palacio se rodeó de gente afín como Niko Gutiérrez, presidente de Vox en Vizcaya, al que nombró coordinador parlamentario, y de cuyos servicios se ha prescindido en la última etapa del grupo, con Leticia Díaz como portavoz. Estas prácticas de colocar a cargos de otras comunidades como asesores se siguen manteniendo. Leticia Díaz nombró para el cargo de coordinador a un parlamentario de Cataluña, Toni López Gómez, que era diputado por Lérida. Toni López, conocido por haber cobrado durante meses dos sueldos públicos a dedicación completa, sigue activo en el antiguo hospital de San Rafael haciendo titulares y la empleada oficialmente de baja, aunque oficiosamente había caído en desgracia de la nueva portavoz, ha visto cómo Leticia Díaz ha sido suspendida durante seis meses, denunciada por acoso laboral.