El acuerdo entre PP y Vox para pactar las enmiendas parciales a la Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria no solo abre la puerta a una nueva dinámica de pactos en lo que resta de legislatura, sino que convierte la norma en un contenedor de numerosos cambios legales que afectan a una batería de temas de lo más variado, que van desde el urbanismo, a los montes, la caza, los espacios protegidos, las emergencias, el turismo, la igualdad o la ordenación sanitaria, entre otros campos.
Esta nueva “ley ómnibus”, similar a las que tradicionalmente configuraban las leyes de acompañamiento presupuestarias, abre la puerta a la construcción de vivienda libre en el marco de un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), lo que se mantiene en el pacto PP-Vox, con el matiz de que cualquier novedad en materia de PSIR o de proyecto estratégico ha de pasar previamente por la Cámara antes de su aprobación “para la toma de conocimiento”. Vox, que ha dado un giro de 180 grados con esta ley, considera ahora que quien quiera recurrir proyectos estratégicos o algún PSIR “siempre podrá acudir a los tribunales”.
Tras este acuerdo que salvar en el Parlamento la primera ley como tal de la legislatura del Gobierno que preside María José Sáenz de Buruaga (PP), el PSOE, por medio de su portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ya ha adelantado que la norma puede acabar impugnada ante el Tribunal Constitucional, como ya ha pasado con la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Cantabria.
Zuloaga ha denunciado que algunas partes de la norma que aprobará el Parlamento de Cantabria tras el acuerdo de PP y Vox “colisionan” con leyes estatales que no son competencia de la comunidad autónoma, como la relativa a Igualdad, y ha recordado que los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico ya han advertido al respecto: la Ley de Simplificación Administrativa cuenta con un informe desfavorable de la Consejería de Presidencia, departamento promotor de la misma.
Los regionalistas tampoco están contentos y ya hablan de múltiples “escándalos”, en referencia a las 20 enmiendas del PP y las 40 de Vox que han pactado los portavoces de estos partidos, Juan José Alonso y Leticia Díaz, respectivamente, en la tarde de este pasado jueves. El PRC ya han anunciado su oposición a los cambios, por más que hace escasas fechas posibilitaron con su voto que no prosperara la enmienda a la totalidad a la ley que presentó el PSOE.
Con respecto al pacto con Vox, el PP lo da como algo natural dentro de la actividad parlamentaria, como los acuerdos que pueda alcanzar con otras formaciones. “El PP no llama a la puerta de Vox. Somos siempre receptivos a las propuestas. Ellos nos presentaron documentos que nos han parecido aceptables”, ha declarado el portavoz popular.
No opina igual el diputado y portavoz del PRC, Pedro Hernando, quien ha protestado porque el PP haya dado la callada por respuesta a una serie de enmiendas que va a introducir (en total 82). No obstante, los populares reconocen públicamente haber recibido “una documentación parcial” de los regionalistas.
Los regionalistas, quienes hicieron posible la investidura de María José Sáenz de Buruaga y han permitido aprobar dos presupuestos de Cantabria, empiezan a distanciarse del Ejecutivo. “Confiamos poco en este Gobierno”, ha subrayado Pedro Hernando, que ha considerado también que lo que tiene que hacer el PP, en aquellos aspectos que reforman otras leyes, es presentar modificaciones legislativas específicas, como la Ley del Suelo. Según el PRC, la Ley de Simplificación tiene encima ya 34 enmiendas del propio Ejecutivo para introducir cambios urbanísticos. Hernando ha llegado a calificar la Ley de Simplificación Administrativa como “Ley de Simplificación Urbanística”.
“Ley garantista”
Desde el PP, han considerado la ley en sí y las modificaciones que se van a introducir como un refuerzo en el carácter “garantista” y “de rigor” de la norma, con más transparencia si cabe en aspectos como en la posibilidad de desarrollos urbanísticos en un PSIR, tanto públicos como privados, previo paso por el Parlamento de Cantabria.
El portavoz parlamentario del PP, en una comparecencia pública, ha hecho hincapié en los cambios que se introducen en los reconocimientos por la Administración de los grados de discapacidad a la hora de agilizar las asignaciones de grado de dependencia. “Ese tapón en los reconocimientos se puede aligerar”, ha dicho.
Recurso al Constitucional
Por su parte, el portavoz parlamentario socialista, Pablo Zuloaga ha anunciado que desde el PSOE plantearán “una batería de enmiendas a la Ley de Simplificación Administrativa y en función de lo que se apruebe en el Parlamento de Cantabria acudiremos a las instancias que sean necesarias para garantizar que los derechos de los cántabros y las cántabras, amparados por leyes estatales, no se vulneran en Cantabria”. Dicha instancia es el Tribunal Constitucional.
Y es que esta ley “cuenta con un informe desfavorable de los Servicios Jurídicos de Cantabria y de la Delegación del Gobierno que explica al Ejecutivo regional que la actuación de la UME, por ejemplo, está supeditada a que el propio Gobierno autonómico eleve la alerta a nivel 2, lo que choca con la ley estatal que regula el funcionamiento de la UME y que lo que pretende es que Cantabria se parezca a la Valencia de Mazón, donde no hay control”.
“Insistimos en que estamos ante una Ley Ómnibus que lo que pretende es modificar otras muchas leyes y algunas no tienen ninguna justificación como vaciar de competencias el Consejo de la Mujer o eliminar el lenguaje de género que estaba amparado en la Ley de Igualdad de nuestro país”, ha recordado Zuloaga en su valoración del pacto entre PP y Vox.