“Una mejor gestión a nivel nacional que garantice la redistribución de la riqueza que el agua genera entre todos los territorios y ciudadanía de nuestro país”
Con este principio fundamental, Castilla-La Mancha se posiciona ante el resto de España sobre lo que considera óptimo en torno al denominado oro líquido del siglo XXI, el agua.
La unanimidad en la Mesa del Agua no es total. Hay algunas grietas porque del documento se han desmarcado Podemos, Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo. Sobre todo, hay discrepancias en cuestiones medioambientales y porque no hay ni una sola mención a la ‘madre del cordero’, la Directiva Marco del Agua.
El mensaje se dirige al Gobierno de España y al resto de comunidades autónomas, en particular las que hoy se benefician del agua que transporta el trasvase Tajo-Segura.
“Las políticas estatales del agua tienen que articularse desde el realismo en la disponibilidad de recursos en las cuencas hidrográficas, especialmente en un país semiárido en gran parte de su territorio y muy vulnerable a las variaciones climáticas”, dice el preámbulo.
No en vano, se recuerda, por territorio castellanomanchego discurren el Tajo y el Guadiana pero también el Júcar y el río Segura, así como algunos afluentes del Duero, el Ebro y el Guadalquivir.
La planificación hidrológica actual “consolida las demandas de otros territorios en detrimento de Castilla-La Mancha”
El documento de posición común también pone sobre la mesa que los procesos de planificación hidrológica recientes, “lejos de cumplir su objetivo de servir para mejorar el equilibrio territorial, se han orientado a consolidar las demandas de otros territorios en detrimento de Castilla-La Mancha”.
¿En qué se ha perjudicado a Castilla-La Mancha? Los firmantes citan el trasvase del Tajo al Segura “sin haberse establecido un régimen de caudales ecológicos en todos los tramos del río Tajo, ni tenido en cuenta los usos de la cuenca” o las transferencias de agua que afectan directamente a la región “del Júcar a otros ríos levantinos, del Segura a otras cuencas intracomunitarias murcianas o del Alberche al Guadarrama, ya en la Comunidad de Madrid, en la propia cuenca del Tajo”.
Se citan también los trasvases internos del Júcar, sin atender al principio de prioridad de la cuenca cedente, el “problema ambiental, social y económico” en el Alto Guadiana, sin resolver, o las diferentes varas de medir en cuanto al regadío con agua del Segura: un 11% en Castilla-La Mancha y un 65% en la Región de Murcia.
Junto a esas ‘pegas’ el documento los conforman un total de 16 puntos y sus co-autores firmarán en un acto todavía sin fecha en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha, a modo de declaración de intenciones y en nombre “de la sociedad de Castilla-La Mancha”.
1.- El acceso al agua es un derecho humano
El primero de los puntos cita el reconocimiento “explícito” de la Asamblea General de las Naciones Unidas del derecho humano al agua y al saneamiento: agua suficiente para el uso personal y doméstico, aunque el usuario o usuaria no pueda hacer frente al pago del mismo.
2.- El agua, un bien de dominio público
El agua debe ser “administrada y preservada por los poderes públicos del Estado y gestionada en beneficio del interés general”, señalan los firmantes en este punto que aluden a la Constitución Española: “No es un bien comercial, sino un patrimonio público que hay que proteger, defender y tratar como tal”.
3. La protección del medio ambiente
Este ha sido uno de los aspectos por el que determinados colectivos y partidos no han suscrito el documento al considerar que se queda corto y “poco comprometido”.
La protección del medio ambiente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los caudales ecológicos de los ríos, la marca la Directiva Europea del Agua y es de obligado cumplimiento.
Sin embargo, el texto es meramente declarativo: “El establecimiento y aplicación de caudales ecológicos para todas las masas de agua es fundamental para conseguir el buen estado ecológico exigido por el ordenamiento jurídico, así como otros beneficios importantes en cuanto a ahorro de energía, mitigación del cambio climático y adaptación, y desarrollo natural y de la biodiversidad”.
4.- La gobernanza del agua
En este punto, los firmantes subrayan el derecho del Gobierno de Castilla-La Mancha a incorporarse “de manera efectiva y continua” a los procesos de Gobernanza del agua que se basen en el acuerdo y el consenso.
El protagonismo en esos procesos, apuntan, debe ser “proporcionado a la superficie de la cuenca hidrográfica y al volumen de recursos aportado por cada territorio”.
Y no solo eso, se apuesta por “mantener y reforzar” una estructura de personal estable en el seno de la Administración hidráulica de Castilla-La Mancha “que pueda actuar en los distintos procesos de planificación y decisión sobre los usos del agua que nos afecten”.
5.- Participación pública real y garantizada en los procesos de toma de decisiones sobre el agua
Vinculado al anterior, el documento expone que los aspectos técnicos, en aras de la seguridad jurídica, “deben jugar un papel esencial en la toma de decisiones sobre el agua” y deben quedar claras para los ciudadanos, “propiciando la participación real de la misma en los procesos de planificación”.
“Es imprescindible una auditoría hídrica y de infraestructuras en todas las demarcaciones”
6.- Mejora del conocimiento y garantía de acceso a la información para la planificación y gestión hidrológica
En este aspecto se reclama que en los procesos de planificación hidrológica para cada cuenca debe disponerse de “inventarios realistas con metodologías contrastables de los recursos disponibles, de las presiones y demandas”. Y además deben ser accesibles a cualquier persona y en cualquier momento.
También se pide acceso vía Internet a todas las características de las concesiones de agua otorgadas, incluida la superficie regable y con derecho a riego, respetando la protección de datos.
Además, se considera “imprescindible” realizar una auditoría hídrica y de infraestructuras de todas las demarcaciones hidrográficas a nivel de cuenca hidrográfica, analizando los consumos reales, los derechos legalmente reconocidos, el estado ecológico de las masas de agua o la aplicación y cumplimiento del régimen de caudales ecológicos, entre otros aspectos.
Unidad y prioridad de la cuenca hidrográfica
7.- Modelos de Planificación y Gestión Hidrológica basados en la cuenca hidrográfica
En este sentido, se aboga por “el principio de la unidad y prioridad de la cuenca hidrográfica” para atender las demandas de agua.
“Cualquier uso propio de la cuenca hidrográfica debe tener total prioridad sobre otros usos fuera de la misma”, y por eso hay que conocer los déficits existentes en Castilla-La Mancha “para corregirlos mediante los planes hidrológicos de cuenca y el Plan Hidrológico Nacional”.
8.- Gestión de la oferta, demanda y uso de los recursos en cada cuenca incluida la desalación
Uno de los aspectos que lleva demandando la región de manera reiterativa tiene que ver con la desalación.
Desde Castilla-La Mancha se solicita que se desarrollen “modelos de planificación hidrológica basados en la gestión tanto de la oferta como de las demandas” y para eso se apuesta por considerar los recursos disponibles de modo integral e integrado (superficiales regulados y fluyentes, subterráneos renovables, reutilización, desalación).
Y en esos balances hidrológicos de cada cuenca se deben incluir los recursos procedentes de desalación, con las desaladoras a plena capacidad de producción y completando las infraestructuras pendientes a fecha actual y procurando un costo asumible por los distintos usuarios.
Igualmente, se reclama, “la Administración Hidráulica del Estado debe garantizar un control adecuado de los distintos usos del agua”.
9.- Transferencias entre cuencas hidrográficas: solo si se garantizan las necesidades de la cedente
En este punto, lo que pide es que las transferencias de agua de una cuenca a otra solo se realicen una vez garantizado una vez garantizado, en nuestra región, tanto el abastecimiento humano como el resto de usos“ y en este sentido, se añade, ”es imprescindible que se considere cualquier transferencia entre cuencas hidrográficas como un recurso que esté destinado a momentos de necesidad real“.
Este punto abunda en la cuestión del acueducto Tajo-Segura. “Los trasvases, y en especial, el del Tajo al Segura, no pueden seguir respondiendo a las demandas ilimitadas de otras regiones sin tener en cuenta las necesidades de la nuestra”.
Castilla-La Mancha quiere una reserva para regadíos sociales en la planificación hidrológica
10.- Promoción de regadíos sociales
Se considera a los regadíos sociales como un “elemento vertebrador del territorio”, especialmente en zonas con dificultades socioeconómicas y naturales, un modo de dinamizar el medio como y una contribución a fijar la población.
Estos regadíos “deben tener prioridad en las nuevas asignaciones de agua en la planificación hidrológica ante cualquier otro uso que no sea el de abastecimiento a poblaciones o el relativo al mantenimiento de los caudales ecológicos”.
Castilla-La Mancha solicita que en los diferentes planes hidrológicos se contemplen y articulen las medidas necesarias para generar una reserva de recursos con destino a estos usos, que suponga una posibilidad de actuación real en cada cuenca hidrográfica para Castilla-La Mancha.
11.- Cesiones de derechos o modificar la Ley de Aguas
En el documento se pide afrontar una modificación de la Ley de Aguas.
El objetivo es regular, mediante mecanismos ligados a las bolsas de agua, la posibilidad de cesión de derechos entre particulares.
12.- Bolsa de agua con prioridad para regadíos sociales y a los agricultores jóvenes y profesionales
Ligado a lo anterior, se declara que Castilla-La Mancha impulsará medidas normativas que permitan generar una bolsa pública de derechos de agua, gestionada de acuerdo con lo que establezca la legislación.
“La herramienta técnica de los Centros de Derechos de Agua, públicamente administrados, debe imponerse como fórmula de distribución del recurso ligado al régimen concesional”, señala el documento.
Se sugiere generar estas bolsas para cada cuenca hidrográfica dentro de las diferentes demarcaciones y tendrían la consideración de reservas dentro del Plan Hidrológico, “dando prioridad en su asignación concesional a que los jóvenes agricultores tengan acceso al agua, a los regadíos calificados como sociales por las administraciones públicas y a los agricultores profesionales”.
En cuanto al abastecimiento, "se debe garantizar un precio justo y unitario del agua, donde se aplique el principio de recuperación de costes para los servicios del agua”.
13.- Programa regional de abastecimiento
Para un acceso al agua en cantidad y en calidad en la región, “se debe articular, con la cooperación de todas las Administraciones en función de sus competencias, un Programa Regional de Abastecimiento.
Este programa pondrá a disposición de los ayuntamientos que lo requieran “sistemas de abastecimiento sólidos, eficientes y con una gestión optimizada” en los que se debe garantizar “un precio justo y unitario del agua, donde se aplique el principio de recuperación de costes para los servicios del agua”.
14.- Programa regional de depuración
En este aspecto se apunta “considerar la reutilización del agua residual depurada como una acción clave en el marco de la gestión integrada de los recursos hídricos, siendo un elemento esencial del ciclo natural del agua”.
Se habla de buscar “las mejores opciones de depuración, integradas con el medio, de menor coste y gestionadas a partir de un modelo sostenible”, sin más detalles.
15.- Ahorro y uso eficiente
Se aboga por la sensibilización social en el ahorro y la eficiencia hídrica. “Para ello debe fomentarse el desarrollo de programas educativos (el agua se incluirá como elemento clave en el plan de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha), servicios de asesoría, intercambios de mejores prácticas y campañas de comunicación específicas.
Además, “se han de potenciar los servicios de asesoramiento al regante a nivel regional”.
16.- Programa de investigación, desarrollo e innovación
“La gestión sostenible de los recursos hídricos constituye un auténtico reto para los responsables de la política de aguas que requiere cumplir unos objetivos medioambientales y socioeconómicos, para los que la I+D+i es una herramienta necesaria”, dice el documento.
DE ahí que se inste a potenciar los programas de I+D+i en la toma de datos y el tratamiento de la información, las herramientas de planificación de medidas, la ingeniería, las tecnologías y procesos, y las herramientas de gestión.