Los planes de gestión de las Zonas de Especial protección para las aves (ZEPA) que prepara la Junta de Castilla-La Mancha están generando un amplio debate en la región entre el colectivo agrario.
En pleno periodo de alegaciones al texto que prepara la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, el secretario general de Asaja en Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha advertido que la organización agraria convertirá sus alegaciones al cuarto borrador de los planes de gestión de las Zonas de Especial protección para las aves (ZEPA), elaborado por la Junta, en “recursos contenciosos-administrativos, con muchas posibilidades de ganar”.
Lo harán si no se llega a un acuerdo. Asaja espera negociar con la Junta, ha dicho Fresneda, “al más alto nivel”.
“Hemos convivido toda la vida con las aves esteparias”
A la organización ecologista no le gusta que el borrador de los planes incorpore “limitaciones” de terreno que van a tener los agricultores para sembrar, sobre todo, en el caso de los cultivos leñosos, a los que acotarían un número máximo de plantaciones en cinco años.
“Hemos convivido toda la vida con las aves esteparias y el resto de aves, y nunca ha habido un drama para un agricultor ni para una de estas aves”, ha dicho el secretario regional de Asaja, que ha considerado “un error haber declarado tantas ZEPA en la región --ocho en total--” y que “si lo hicieron pensando en obtener beneficio de la Unión Europa, se equivocaron”.
Asaja cree que “las zonificaciones que han realizado son ”injustificadas y carecen de argumentos técnicos“, por lo que han reincidido también en eliminar ”las limitaciones“ que tendrían los agricultores para poder explotar sus terrenos con ciertos cultivos como el almendro, el pistacho o la viña en espaldera para proteger el hábitat de las aves esteparias.
“Nos oponemos profundamente, hay espacio suficiente para que el agricultor se desarrolle en su parcela y que las aves esteparias encuentran su hábitat”, ha subrayado Fresneda, que ha señalado como el otro “punto importante” de sus alegaciones que el borrador no marque como una decisión “voluntaria”, y si “obligatoria” que el agricultor se acoja la subvención anunciada este miércoles por el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo.
A juicio de Asaja, los 23 millones de euros con los que el Gobierno regional compensaría al agricultor por acoger sus cultivos a una política ambiental de protección de las aves esteparias, solo cubriría la ayuda que durante cinco años está establecida en el Programa de Desarrollo Rural (PDR), siendo por tanto una incertidumbre, ha cuestionado Fresneda, lo que ocurriría una vez pasado ese tiempo.
Estas zonas subvencionables, ha explicado la secretaria de Asaja en Toledo, Blanca Corroto, abarcan 24.000 hectáreas que estarían dedicadas al cultivo del cereal en espacios reducidos de alrededor de 1.000 hectáreas, las cuales recibirían una ayuda de “unos 200 euros por hectárea” y que servirían para realizar estudios de cómo se comportan las aves.
Asimismo, la organización agraria ha lamentado que la interpretación del informe medioambiental para decidir qué, dónde y cómo cultivar se deje a “la libre interpretación del funcionario que le toque decir sí o no”. “Esto es una expropiación encubierta. Están diciendo a los agricultores lo que tienen que hacer ofreciéndoles cero”, ha apostillado Corroto.
Por todo ello, los representantes de Asaja han instado a ayuntamientos y cooperativas a seguir presentando alegaciones y a que se pongan en contacto para que puedan proporcionarles el modelo de trámites de audiencia que la Junta está requiriendo a ayuntamientos y propietarios de terrenos agrícolas situados en ZEPA.
“No vamos a permitir bajo ningún concepto, sabiendo a cuanto gente afecta, que se limite la capacidad del desarrollo de una explotación en una región en la que solo hay rendimientos bajos y no hay agua para regadío”, ha aseverado Fresneda, que ha afirmado que con el actual borrador de los planes de gestión “se condena a los agricultores a un futuro más que incierto”.
Cooperativas pide más compensación a los afectados
Mientras, desde Cooperativas AgroAlimentarias de Castilla-La Mancha han anunciado que también presentarán alegaciones en próximos días. Apuntan la “necesidad” de compatibilizar la producción agraria con la conservación de la naturaleza y la biodiversidad pero consideran que, en el actual debate que hay sobre “El Plan de Gestión de Zonas de Especial Protección de Aves de Ambientes Esteparios”, es necesario realizar “un mayor esfuerzo” de información, difusión y compensación de pérdidas, que el realizado hasta ahora por la Administración regional, a los agricultores afectados por las limitaciones de la producción en zonas ZEPA.
Y es que los socios productores y representantes de las cooperativas afectadas por esta normativa, aseguran, “no ven lógico, en muchos de los casos, los criterios para declarar ciertas zonas como ZEPA, ni geográficamente, ni por que estén aseguradas la existencia de colonias de aves suficientemente numerosas, en las zonas definidas”.
Piden “explicar más claramente y en profundidad, los criterios técnicos empleados en la delimitación de las zonas a los propios afectados, revisando y modificando aquellos que no estén contrastados técnica y científicamente”. Y sostienen que, en ocasiones, tendidos eléctricos e infraestructuras desarrolladas por la administración (vallas de altura) para proteger ciertos valores naturales, como las lagunas, “causan más problemas y peligros a las aves que las estructuras de los propios viñedos”.
“Entendemos que la protección de ciertas aves, dado el caso que nos ocupa, es necesaria y es un bien para la sociedad en general, conservando el patrimonio natural. Pero lo que no compartimos es que los costes derivados de esta conservación se sufraguen, en su mayor, parte por los agricultores que tienen sus explotaciones en esos lugares”.
“Campo de Criptana puede convertirse en un erial”
El alcalde de Campo de Criptana (Ciudad Real), Antonio Lucas-Torres, también ha hablado hoy del Plan regional de ZEPAS para reiterar su apoyo a los agricultores a quienes ha acompañado en la entrega de alegaciones que el Consejo Local Agrario, ha presentado contra el Plan de gestión de la Zona Zepa Mancha Norte.
Lucas-Torres ha recordado que en el Consejo Local Agrario de la localidad se aprobó, con las abstenciones de los representantes de Izquierda Unida y PSOE, presentar esas alegaciones ante la Administración. “Ni los agricultores ni nosotros estamos de acuerdo con lo que el Gobierno regional pretende sacar adelante sin contar con el apoyo de los verdaderamente afectados”, ha sostenido el primer edil.
Además, ha afirmado que la puesta en marcha de ese plan “hace incompatible el uso tradicional agrícola con el futuro de estas más de 6.500 hectáreas” por lo que “más de 2.000 pequeños agricultores con explotaciones muy humildes van a perderlo todo y esto puede llevarlos a la ruina”.
El alcalde indicaba que estaba a favor de las “zonas reales donde haya aves migratorias” a fin de que tuvieran su terreno acondicionado, pero no en aquellas explotaciones donde se lleven a cabo labores agrícolas porque “es perjudicial para los agricultores y con esas actuaciones van a convertir la zona norte de Campo de Criptana en un erial”.
Precisamente ayer, representantes de municipios del Área esteparia de la Mancha Norte, más de un centenar de personas, presentaron sus alegaciones al borrador de los planes.
Como portavoz de los afectados, el presidente de la cooperativa Unidad de Lillo, Alfonso Juárez Mota, apuntaba que están “totalmente en desacuerdo con el último borrador” presentado por la Junta y que si el borrador se aprueba con estas condiciones, “posiblemente” tengan que “dedicarse a otra cosa que no sea la agricultura”.
“Estamos en desacuerdo en todo. En los porcentajes de leñosos, en las limitaciones a nuestros cultivos, en el cambio de uso de nuestras parcelas o en el uso de regadíos. Es que prácticamente no podemos estar de acuerdo en nada. Es el abandono definitivo total”.
Señala que cuentan “con el apoyo” de organizaciones como Asaja, sindicatos, ayuntamientos, Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha “e incluso de los ecologistas” para una zona que abarca 106.414 hectáreas (ha) de municipios de las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Toledo y que presenta cultivos de secano, pastizales, lastonares anuales o encinares y carrascales, entre otros.
“Basta con visitar nuestros campos para ver la cantidad de avutardas, sisones y aves que hay para ver que esto es una incongruencia total”, ha apuntado Juárez, que ha manifestado que van a seguir “luchando hasta el final” por su patrimonio y por “dar el pan” a sus hijos.
“Es la única forma de dar seguridad jurídica”, según la Junta
Por su parte, el consejero del ramo, Francisco Martínez Arroyo, mantiene que la puesta marcha de estos planes de gestión es “la única forma de dar seguridad jurídica” a los agricultores, y que la elaboración de los mismos es “lo que han dictado los tribunales”.
No obstante, el titular de Medio Ambiente y Agricultura ha afirmado que “solo va a haber obligación para muy pocos agricultores” de cumplir con las exigencias medioambientales y características de sus cultivos que marcan estos planes de gestión, “a los que se van a acoger de forma voluntaria” para “poder elegir la zona ZEPA con el agricultor” y pueda recibir ayudas de “los 23 millones de euros” que van a destinar a compensaciones.
El consejero ha cifrado en “2.000 kilómetros cuadrados (km2) (o 4,5 millones de ha)” la extensión de terreno al que va a afectar estas medidas; “menos del 4% de la superficie agraria de Castilla-La Mancha”, ha añadido Martínez Arroyo.
“No se puede jugar con los intereses de los agricultores ni politizar una obligación de la Junta”, ha advertido el consejero, que ha apuntado que han mantenido “25 reuniones” durante esta legislatura con organizaciones del sector para negociar estos planes y que, ha avanzado, la semana que viene continuarán en Tomelloso (Ciudad Real) con representantes de diversos municipios afectados.
Martínez Arroyo ha incidido en que lo que “más le preocupa” a los agricultores con estos planes de gestión es que para poder hacer inversión en un futuro con “cambios considerables” en sus cultivos, “van a tener que pasar por un informe ambiental que les dará seguridad jurídica”.