La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que rectifique y solicite una destilación de crisis para el 2024, y así desbloquear el problema persistente de los vinos tintos y recuperar la cuota de mercado perdida en los últimos años. Su propuesta recoge que la destilación debe ser voluntaria, con precios por encima de los costes de producción (50-60 céntimos/litro de vino tinto).
Esta entidad ha vaticinado durante todo este año el “desastre” que se produciría si el Gobierno de Castilla-La Mancha no apoyaba una destilación de crisis, particularmente para vinos tintos, para frenar el hundimiento de precios, como sí han puesto en marcha Extremadura, La Rioja y Cataluña, territorios en los que ha mejorado la situación de la uva tinta. A nivel europeo, Francia también activó la destilación de crisis.
El presidente de AIVE, Lorenzo Delgado, manifiesta que la Junta ha “abandonado” al sector “sin tomar ninguna medida para paliar el descenso de precios para la uva tinta esperado”; y lamenta, igualmente, que las organizaciones agrarias no han apoyado abiertamente la necesidad de esta medida, ha informado en nota de prensa.
Tampoco ha respaldado esta destilación, según añade, Cooperativas Agroalimentarias, que agrupa a miles de pequeños viticultores, y que “están sacando el stock de vino tinto con tendencias de precios a la baja”. “Ahora, las consecuencias son que, si bien el vino blanco se defiende, con precios incluso más altos que el año pasado, sin embargo, los de mostos y vinos tintos están estancados”, incide Delgado.
“Ahora se buscan, para no reconocer el error cometido, como cabezas de turco a las bodegas que han comprado uva de los viticultores, a sabiendas de que las cooperativas están exentas de cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria y que cuando estos bodegueros ponen los precios, automáticamente las cooperativas venden sus productos por debajo de los costes de producción, pagando esas uvas a los viticultores en plazos superiores a un año”, ha indicado.
Esta situación está generando una “competencia desleal que solo consigue el desprestigio y perjuicio económico de todo el sector vitivinícola”, lamenta Lorenzo Delgado.
Además, añade que para los alcoholes vínicos de primera calidad obtenidos deberá autorizarse su destino para uso alimentario y prohibirse totalmente la entrada de alcoholes que no provengan de la uva, o vino que se tendría que destinar exclusivamente a la industria para fabricación de disolventes y combustibles.
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