El Gobierno regional anuncia un Plan de Agricultura Ecológica que se publicará en marzo

Europa Press

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El Plan Estratégico del Sector Vitivinícola del Gobierno de Castilla-La Mancha y de Agricultura Ecológica verán la luz en los meses de febrero y marzo, respectivamente, según ha avanzado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo en el pleno de las Cortes regionales.

Martínez Arroyo ha destacado que su departamento está a punto de cerrar acuerdos para que los productos ecológicos se comercialicen como lo que son, pues se cultivan como este tipo de productos y no de otra manera.

“En 2015 no había Plan de Agricultura Ecológica y nosotros nos hemos sentado con la gente, lo hemos trabajado y hemos alcanzado un consenso y lo vamos a presentar”, ha afirmado, aunque ha reconocido que “sin plan” el Ejecutivo regional ha hecho “muchas más cosas” porque ha puesto “más dinero del que ponía Cospedal”, por lo que ha afirmado que los agricultores ecológicos “no se van fiar del PP porque no ponían dinero”.

El consejero ya había anunciado en los últimos meses que el Gobierno estaba avanzado en este Plan Estratégico del Sector Vitivinícola y que sería ambicioso, aunque no había dado fecha para su publicación. 

Además, ha recordado que este viernes 1 de febrero se publicará en el Diario Oficial de la región la convocatoria de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) 2019 con 12 líneas de ayuda, “13 veces más” de las que publicó el PP.

Ha destacado que el sector de la industria agroalimentaria representa el 15% de riqueza y el valor añadido bruto que alcanza es de 6.000 millones de euros en la región, cuando en 2015 representaba 4.300 millones de euros y un 12 por ciento de riqueza, “datos suficientemente elocuentes” que marcan la diferencia entre el gobierno del PP y el del PSOE.

En cuanto al empleo, se ha pasado, según el consejero, de 70.000 a 90.000 personas empleadas en el sector en una legislatura y se ha incrementado un 30 por ciento en exportación. El Gobierno regional “está a punto” de alcanzar los 2.500 millones de euros de facturación en el sector vitivinícola, ha manifestado el titular agrario.

Podemos critica las ayudas

Mientras, el diputado de Podemos David Llorente ha vuelto a criticar los criterios de la concesión de ayudas al fomento de la calidad agroalimentaria, para incidir en que deben apoyar a pequeñas cooperativas y pymes frente a las grandes empresas y “sus prácticas abusivas”.

“La decisión de suprimir esa limitación es solo suya y por su decisión se están destinando millones de euros de dinero público de la línea Focal al subvencionar un plan privado de Icarlopsa, que está arrasando nuestra región y no se ha sometido a evaluación ambiental”, ha argumentado.

“Buen camino”, según el PSOE

De su lado, el diputado del PSOE Emilio Saez ha defendido que el sector agroalimentario regional está mejor respaldado que cuando María Dolores de Cospedal era presidenta. “Está 50 millones de veces mejor atendido porque son 50 millones de diferencia los que hay para el campo en inversión agroalimentaria con este Gobierno”, ha añadido.

Bajo su punto de vista, hoy el sector agroalimentario regional “va por el buen camino”. “Hay una clave, y es el agua, hablar de futuro del sector primario de nuestra región no es posible sin un pacto real, el mismo que tiene este gobierno con la sociedad agraria y ganadera de Castilla-La Mancha y que estaría bien que secundara el PP”, ha concluido.

Por último, la diputada regional del PP Lola Merino ha afeado al consejero que haya hablado en la tribuna de cualquier cosa menos de las evolución de las ayudas al sector agroalimentario. “En lugar de hablar de ellos los millones prometidos por Page a los agricultores y ganaderos son una deuda millonaria que asciende --entre ayudas pagadas y no pagadas-- a 800 millones de euros”.

Por ello, ha pedido al titular de la agricultura castellano-manchega que pague “en tiempo y forma” a los agricultores y ganaderos de la Comunidad Autónoma y ha afirmado que el presidente regional, Emiliano García-Page, pasará a la historia como el primer presidente que tuvo que devolver 150 millones de euros “por no pagar”.