La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) ha remitido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una serie de propuestas y soluciones para intentar atajar la situación que esta viviendo el sector agropecuario, que está afectando también al vitivinícola. Tiene su sede en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y está presidida por Lorenzo Delgado.
Advierte de las “enormes” pérdidas del sector primario frente los grandes beneficios de las cadenas de distribución, con incrementos de hasta el 500 por cien sobre los precios en origen que, dicen, se producen, “a costa de los bolsillos de productores y consumidores”.
En este documento, que han hecho llegar también al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; a las comisiones de Agricultura de las formaciones políticas y al Parlamento Europeo, aportan diversas propuestas, como crear un Certificado Europeo de Calidad y Seguridad Alimentaria para que lo cumplan todos los países ajenos a la Comunidad Europea, con inspectores europeos y con el pago de dicha certificación a cargo de las empresas de fuera de la UE que quieran vender sus productos en Europa, en la línea que ya aplican países como Rusia.
Soluciones para los precios y costes
También plantean realizar auditorías a las grandes plataformas de distribución para conocer precios en origen; márgenes para cada uno de los intervinientes en el proceso hasta que se venden al consumidor final; detectar posibles abusos e instaurar un etiquetado completo del producto: origen, tratamientos o condiciones laborales.
Piden la revisión urgente de la Ley de la Cadena Alimentaria, argumentando que con su redacción actual supone un agravio comparativo para pequeñas y medianas empresas, al ser las únicas a las que se le exigen su cumplimiento, quedando exentas las cooperativas agroalimentarias.
Sobre los costes de producción, apuntan que tienen que estar regulados, para que no se realicen acciones de compraventa por debajo de dichos costes, y con la supervisión de la Unión Europea.
Proponen, por otra parte, que la energía destinada a la producción, transformación y transporte de alimentos cuente con reducciones considerables de impuestos.
Política de agua
Respecto a la política hidráulica, desde AIVE lamentan la mala gestión que se está realizando del agua, demandando nuevos estudios rigurosos sobre la cantidad que se vierte al mar, así como inversiones similares a las destinadas a autovías, aeropuertos o ferrocarril.
Además, inciden en que la cantidad de agua destinada al sector primario debe mantenerse, pues su uso se destina a la producción de alimentos, fundamental para el conjunto de la sociedad.
Subvenciones
Las empresas vitivinícolas también solicitan igualdad de condiciones de acceso a subvenciones e inversiones destinadas a mejoras alimentarias, sin distinción de su volumen o figura jurídica.
En lo referente a la PAC (Política Agraria Común) solicitan adaptar las ayudas a cada país y a cada región, teniendo en cuenta factores como climatología o cultivos, así como la simplificación de los requisitos de cumplimiento de las normas.
Sobre la representación de las asociaciones del sector primario en la adopción de acuerdos relativos a legislación, medio ambiente, mercados, solicitan que estén representadas el conjunto de las mismas, incluidas las sectoriales. Además, piden poder elegir directamente a dichos representantes del sector.
Por último, los representantes de la industria vitivinícola advierten también de las “enormes” pérdidas del sector primario frente los grandes beneficios de las cadenas de distribución, con incrementos de hasta el 500 por cien sobre los precios en origen, a costa de los bolsillos de productores y consumidores.
La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE), presidida por Lorenzo Delgado y con sede en Alcázar de San Juan, nació motivada por la inquietud actual de las distintas industrias que componen el sector agroalimentario y, en concreto, del sector vinícola.