El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real decreto-Ley de apoyo al sector agrario frente a la “prolongada” sequía en el que participan seis ministerios y que incluye cinco bloques de medidas urgentes de carácter fiscal, laboral, financiero e hidráulico, entre las que destaca la rebaja del 20 por ciento del IRPF a los agricultores, ayudas económicas y líneas de crédito.
El Real Decreto-ley se ha aprobado a propuesta de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; Hacienda y Función Pública; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y Economía Social; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que el periodo del año hidrológico la reducción de precipitaciones con carácter general se ha situado en torno a un 40 por ciento respecto a las series históricas y en el Guadalquivir y el Guadiana se sitúa en torno al 60 por ciento.
“Es una reducción muy significativa”, ha destacado Planas, que ha explicado que el real decreto ley incorpora cinco bloques que constituyen un “paquete potente” de medidas de respuesta para tratar de recuperar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas y cuya estimación de impacto se sitúa en unos 450 millones de euros.*
El ministro ha comparado la situación con el periodo de sequía que tuvo lugar entre 1991 y 1995 ya que en este caso la situación de sequía “estructura” afecta tanto de secano como de regadío.
Si bien da la bienvenida a las lluvias que está dejando 'Celia' como las que puedan llegar, admite que no pueden corregir el déficit estructural y por ello justifica que, igual que se hizo en 2005, 2011 y 2017, el Gobierno toma medidas.
En concreto, ha indicado que los agricultores y ganaderos podrán acceder a una reducción del 20 por ciento en los módulos del IRPF y acceder a líneas de créditos ventajosas, aplazar el pago de las cuotas a la Seguridad Social y se equipara la contratación como fijo discontinuo y la contratación eventual a los efectos de acceso y determinación del derecho al subsidio.
Además, el paquete de medidas fija un precio del agua desalada para 2022, un recurso clave para paliar la falta de recursos hídricos convencionales en las explotaciones agrícolas y ganaderas del sureste y se reducirán los cánones de regadío en las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana.
Al mismo tiempo, durante 2021 las explotaciones agrarias han tenido que afrontar un incremento de los costes de producción, debido al encarecimiento de los precios de las materias primas y de la energía.
En concreto, en materia laboral y de Seguridad Social incluye medidas de liquidez, como son los aplazamientos especiales, para empresas incluidas en el Sistema Especial Agrario y para autónomos pertenecientes al Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia (SETA), de las cuotas a la Seguridad Social a un interés muy reducido, del 0,5 %, siete veces inferior al habitual.
En el caso de las empresas, los periodos de devengo serán entre los meses de marzo a mayo de 2022 y, para los autónomos, de abril a junio.
2,7 millones de euros de financiación
Por otro lado, en relación con la financiación de avales en explotaciones agrarias, el Ministerio podrá poner a disposición de los operadores económicos, dentro de su ámbito de competencia, líneas de financiación de 2,7 millones de euros, en las que subvencionará, en régimen de concesión directa, el coste de los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
Por otro lado, a la mayor brevedad se acordará que el seguro agrario pueda acometer ampliaciones de crédito precisas a fin de que se pueda dar respuesta al incremento en la contratación producida en el Plan de Seguros Agrarios Combinados y el Gobierno solicitará los anticipos de las ayudas y flexibilización de las condiciones de aplicación de la Política Agrícola Común (PAC).
ASAJA ve insuficientes las medidas
El secretario general de la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha calificado de “muy insuficientes” las medidas aprobadas en el Consejo de Ministerio y ha pedido al Gobierno central que “no ponga parches” sino que se siente con el sector para “analizar bien” la situación.
A preguntas de los medios durante una rueda de prensa para avanzar la movilización del próximo domingo, Fresneda ha considerado que en provincias de la región como Albacete o Ciudad Real esas medidas “no van a paliar para nada” los efectos de la sequía, más teniendo en cuenta que en el momento actual no se sabe cuál va a ser la reacción de los mercados.
El secretario general de ASAJA ha recordado que la organización agraria ya mandó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una carta en la que solicitaba medidas como la activación de una nueva ley de la sequía, reducciones fiscales especiales, anticipos de la PAC, una exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica o ayudas de minimis a determinadas explotaciones, entre otras propuestas.
Del mismo modo, ha considerado que situaciones “dramáticas y extremas” como esta tienen que ser también analizadas a nivel de la Unión Europa, con cambios también en el modelo de la PAC. En este punto, ha comparado la situación de países como Alemania o Francia, donde tienen un modelo de agricultura “muy acreditado”, con España, donde se sigue planteando un modelo “solo dependiendo de lo que pueda aportar la Unión Europea”.
Así, ha lamentado que “la desgracia que estamos viviendo en el mundo” no haya hecho que “se mire a nuestra casa” para buscar “un sistema productivo que garantice el abastecimiento y la alimentación”, algo que, ha opinado, “es estar de espaldas a la realidad”.
“El conflicto bélico no está por terminar y las potencias tampoco están dispuestas a ceder, por lo tanto tiene que ser una política gubernamental la que atienda las necesidades del sistema productivo, que es quien va a atender a la sociedad en su conjunto”, ha apuntado.
Por ello, ha reclamado un modelo para el sector primario “que tenga en cuenta todas las adversidades que le puedan venir al conjunto de la cadena agroalimentaria”.