Las organizaciones agrarias han comparecido en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica creada en el Congres para afrontar la nueva realidad post-COVID-19. Tanto el responsable de la Unión de Pequeños Agricultura (UPA), Lorenzo Ramos, como Miguel Blanco, secretario general de COAG, y el presidente de ASAJA, Pedro Barato, han expuesto las medidas necesarias para superar la crisis que ya atravesaba el sector que se ha agravado con la situación sanitaria. Esta crisis ya había llevado al sector a manifestarse en las calles de toda España en los primeros meses del año.
Los tres han hablado de la necesidad de abordar la necesidad de que las producciones sean rentables, que se reconozca el valor de estos productos, que se paguen precios justos, que se atienda la necesaria renovación generacional, que se luche contra la despoblación y que se aborden los retos medioambientales a los que se está enfrentando el sector, además de que se tomen medidas más ambiciosas para ayuda a superar la crisis.
Así, Lorenzo Ramos ha presentado más de 80 propuestas a los grupos, recogidas en siete grandes retos y ha apelado a la unidad de todas las fuerzas políticas para resolver la situación. “Debemos aprovechar el impulso del proceso de reconstrucción nacional para cerrar definitivamente los cambios legales y culturales que necesita la cadena alimentaria en España”, ha señalado.
El responsable de UPA ha hecho referencia al reto de los mercados como la principal clave para que el medio rural tenga futuro en nuestro país. “Hay que conseguir que se reconozca el valor de las producciones agrarias, se paguen precios justos y se respeten las relaciones contractuales”, ha aseverado.
“Nos enfrentamos también al reto generacional”, ha explicado Lorenzo Ramos, “solo apoyando e incentivando a los jóvenes para que se incorporen a la actividad agraria garantizaremos la supervivencia del modelo agroalimentario de España”. Sin olvidar el reto de la igualdad entre hombres y mujeres, algo “absolutamente decisivo y por lo que hay que trabajar intensamente”.
Igualdad que el responsable de UPA ha hecho extensible a la que debe existir entre el mundo rural y el mundo urbano. “El reto territorial es otra de las claves. El despoblamiento de muchas zonas rurales todavía es reversible si se aplican medidas adecuadas a la realidad de cada territorio”, ha defendido.
Ramos se ha referido también al reto de la sostenibilidad, recordando el compromiso del sector con la Agenda 2030, cuyas iniciativas son ahora más necesarias que nunca, ante las consecuencias globales del coronavirus para toda la humanidad. “Sin olvidarnos del gran desafío que supone el cambio climático”.
Las 100 medidas de COAG
De igual modo, Miguel Blanco, responsable COAG, ha presentado “las 100 medidas agrarias” que están desarrolladas en un amplio documento enviado a todos los grupos políticos, para abordar un “modelo que está soportando una grave crisis, evidenciada en las protestas de enero y febrero, y agravada ahora por la pandemia”.
Blanco ha puesto de relieve el potencial agrario del país, “al que se le debe dotar de herramientas de futuro para afrontar el nuevo escenario post-covid y los retos del siglo XXI”. En este sentido, el responsable de COAG ha precisado que el objetivo debe ser la sostenibilidad, social, económica y medioambiental. “Y esta sostenibilidad debe acompañar a cada uno de los retos de futuro a los que debe hacer frente el sector agrario. Retos como la seguridad y soberanía alimentarias; la preservación medioambiental, lucha contra el cambio climático y la resiliencia frente a sus efectos; la revolución tecnológica y digitalización o la transición energética hacia las energías renovables”.
Para afrontarlos, ha señalado, se necesita un fuerte apoyo político y económico a escala europea. “Hace falta desarrollar políticas de ordenación de mercados, revisando tratados comerciales, estableciendo un control de las importaciones exigiendo el cumplimiento de los altos estándares comunitarios. Este sería un principio básico de preferencia comunitaria”.
Como líneas prioritarias de actuación ha señalado: reequilibrio de la cadena alimentaria frente al actual abuso de posición de dominio de las grandes cadenas de distribución, dotación de tecnológica y democratización de la misma para la digitalización, relevo generacional con el impulso a la incorporación de jóvenes y mujeres, potenciación de las energías renovables, valorización de nuestra contribución a la descarbonización (sumideros de CO2) y reforzamiento del presupuesto comunitario para la nueva PAC en nuestro país “Más exigencias, es decir más costes, debe significar más presupuesto para garantizar la viabilidad de las explotaciones, y en todo caso estableciendo políticas de prioridad en defensa del modelo social y profesional de agricultura, mayoritario, pero en situación más crítica”, ha remarcado Blanco.
Así ha pedido al Gobierno y a los diputados la puesta en marcha del Estatuto de la Agricultura Social y Profesional. “Necesitamos que nuestro país defienda el modelo de economía social agraria (profesionales autónomos, explotaciones familiares, cooperativas, pymes, hombres y mujeres del campo), estratégico para afrontar los grandes retos de la sociedad para las próximas décadas del siglo XXI, (seguridad Alimentaria y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (La Agenda ONU 2030), y amenazado por el proceso de ”uberización del campo español“, ha alertado.
Pedro Barato reclama “verdaderas políticas de apoyo”
También Pedro Barato, presidente de ASAJA, ha aprovechado para reclamar a los diputados atención para el sector agrario que, como ha recordado, interrumpió su campaña de movilizaciones en demanda de medidas de apoyo, y ha puesto de manifiesto la labor del sector en los momentos de la crisis garantizando diariamente el abastecimiento de alimentos variados, sanos, seguros, de calidad y a precios razonables para el consumidor. “Algo que -como ha recordado Pedro Barato- no se puede dejar en manos de terceros países, por eso necesitamos un modelo potente, moderno y eficiente”.
Igualmente ha recalcado “es necesario, más que nunca, tener en cuenta al sector agrario y que las administraciones pongan en marcha verdaderas políticas de apoyo a un sector estratégico de nuestra economía. Solo así, seremos capaces de acometer retos esenciales como son el Cambio Climático, la innovación, la digitalización del sector y la vertebración del medio rural”.
Barato ha reseñado los nuevos problemas que han surgido por esta situación recordando que el cierre del canal Horeca ha tenido un efecto perverso para muchas de producciones, en especial determinados productos ganaderos como lechales, cabritos y cochinillos, las partes nobles del vacuno, la leche, las queserías o los sectores del vino y el aceite de oliva.
A su juicio, las medidas adoptadas, tanto comunitarias como nacionales, para hacer frente a estos problemas han sido poco efectivas y sobre todo cicateras. “Estas cantidades son insuficientes para abordar la gravedad de la crisis y hay que insistir ante las autoridades, esencialmente las comunitarias para que se amplíen las partidas aprobadas” ha explicado el presidente de ASAJA.
También se ha referido a la respuesta inmediata que deben dar las administraciones a los problemas concretos que atraviesan las explotaciones y sectores, “porque los productores afectados por esta crisis no deberían estas sometidos a mayores cargas fiscales hasta que no estén en condiciones de recuperarse”. Ha apuntado exoneraciones en las cuotas de la seguridad social, del IBI Rústico y otras tasas públicas o una revisión a la baja en los módulos del IRPF de los principales sectores afectados por este canal, incluso el establecimiento de un módulo “0”. Además, ha señalado que es necesaria una financiación preferencial.
En cuanto a planificación e inversión a medio plazo, Barato ha incidido en que es necesario apostar por la modernización de los regadíos, como uno de los elementos esenciales de productividad, y las nuevas prácticas que permitan reducir el consumo de agua y su uso sostenible a través de energías renovables.
En alusión a las intervenciones de algunos de los diputados, Barato ha señalado que la cadena alimentaria debe ser objeto de especial atención. Son necesarias medidas que aseguren, la transparencia, la seguridad jurídica y el equilibrio en la formación del valor añadido del producto. De igual manera, la exportación se ha demostrado como esencial, no solo para aliviar la presión de los mercados internos, sino como fuente de ingresos y activación económica. Por ello, es importante mantener mercados y conquistar otros nuevos y las Administraciones deben implicarse con una diplomacia comercial muy activa.
Por último, Barato se ha referido a otra serie de medidas que, a corto plazo, deben de tener respuesta como es el seguro agrario como estrategia fundamental del mantenimiento de las rentas; la adecuación de la política fiscal y el Salario Mínimo Interprofesional a la realidad del sector; y la apuesta por los jóvenes, la digitalización, la Banda Ancha y la tecnología como revulsivo para garantizar el futuro del sector.