La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha se ha reunido con la directora general de Alimentación, Elena Escobar, analizar el futuro y viabilidad del sector avícola que está atravesando una complicada situación, calificada de “límite” por la UPA y donde también se ha presentado de manera formal una denuncia porque no se está cumplimiendo la ley de la Cadena Alimentaria.
Según ha señalado la organización, los avicultores atraviesan desde hace varios meses una situación límite: los costes que asumen se han disparado por la brutal inflación que afecta a sus diferentes partidas. El aumento de los costes de producción sigue provocando que las pérdidas acumuladas no paren de subir. De hecho, en lo que va de año ascienden a 57 millones de euros a nivel estatal, 4,26 millones de euros en la región. De ahí que UPA haya solicitado esta reunión con la directora general de Alimentación, Elena Escobar, a la que ha asistido el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo.
Desde la organización agraria han explicado a la directora que el precio que perciben de las integradoras apenas ha variado mientras que los consumidores ven en los establecimientos cómo el precio de la carne de pollo sigue subiendo. Durante la reunión se ha aprovechado para presentar de manera formal una denuncia ante la Dirección General, quien tiene las competencias regionales en el cumplimiento de la ley de la Cadena Alimentaria, tal y como hizo la organización a nivel estatal ante la AICA.
Desde UPA, se ha trasladado que la avicultura debería de ser uno de los sectores que también tenga apoyo, posibles ayudas directas, si finalmente la Consejería de Agricultura opta por poner en marcha la opción que la Comisión Europea permitió de aprovechar una parte de los fondos FEADER para mitigar los efectos de la crisis energética y la guerra de Ucrania. Hay que recordar que Castila-La Mancha tiene la oportunidad de utilizar unos 16 millones de euros.
“La situación es crítica”, tal y como han manifestado en la reunión los responsables agrarios. Sigue creciendo el número de titulares de granjas de producción de carne de pollo cuyo futuro está abocado al cierre debido a la acumulación de pérdidas y la obligación que tienen de contraer deudas con sus proveedores. En España, nueve empresas se reparten el 80 % del mercado, y el proceso de concentración cada vez es más importante; tal y como han indicado desde UPA, lo cual provoca que los avicultores, que suelen tener una importante deuda derivada de la construcción de las instalaciones, se encuentran totalmente atados en la relación comercial con las empresas integradoras.
Según la organización, esta situación complica la posibilidad de presentar denuncias concretas de relaciones contractuales existentes, ya que las empresas integradoras ejercen una enorme presión sobre los avicultores. Por estos motivos, UPA ha denunciado esta situación ante la AICA, y ha solicitado la colaboración de la Dirección General de Alimentación para incrementar las inspecciones y que se incluya al sector avícola en las ayudas de los fondos FEADER, derivadas de la crisis de Ucrania y el incremento de costes.
Finalmente, desde UPA Castilla-La Mancha han explicado, asimismo, que debido a la situación que atraviesa el sector, se le excluya de las ayudas a la incorporación de jóvenes en las próximas convocatorias, ya que sería llevarlos a una situación complicada y un futuro abocado al fracaso.