El Juzgado de lo Penal número 3 de Talavera de la Reina ha condenado al alcalde de Lagartera (Toledo), José Vicente Amor, a siete años de inhabilitación para el empleo o cargo público en sentencia dictada en fecha 11 de julio, como responsable de un delito de prevaricación por su intervención en tres expedientes administrativos, uno de ellos relativo a no haber ejecutado la clausura de una granja de ganado porcina para beneficiar a un exconcejal compañero de partido --el PP-- y otro por permitir que siguiera en funcionamiento otra instalación ganadera que debería haber cerrado.
La sentencia recoge como hechos probados que el alcalde de la localidad no llevó a efecto una resolución dictada por el alcalde anterior poco antes de las elecciones que le dieron el cargo en la cual solicitaba el cese de la actividad para la granja de cerdos al carecer de licencia. Dicha resolución de Alcaldía se había convertido en firme al no haber sido recurrida por el propietario.
Explica el juzgado que no se procedió a dicha clausura “pese a las diversas denuncias de los vecinos al continuar su propietario realizando obras”, tras lo que el Ayuntamiento no adoptó ninguna medida, salvo la declaración de lesividad en un expediente del 28 de junio de 2012.
Dejando transcurrir en exceso los dos meses preceptivos para interponer demanda contencioso-administrativa para la declaración de lesividad, que no fue presentada sino hasta el día 10 de abril de 2013, los vecinos interpusieran reclamación previa a la vía judicial, a fin de que se procediera a clausurar la granja.
Esta reclamación no fue contestada por lo que en fecha 6 de junio de 2013 se interpuso recurso contencioso-administrativo. Se da el caso que desde la firmeza de la resolución por la que se acuerda el cese de la actividad hasta la presente fecha “no se ha procedido a clausurar la granja, que carece de licencia para la actividad que desarrolla”. Contra esta sentencia, cabe recurso de apelación en el plazo de diez días ante la Audiencia Provincial de Toledo.
“La sentencia demuestra que el alcalde ha intentado beneficiar a un ex concejal”
La sentencia la ha hecho pública el despacho Bermúdez Abogados de Talavera de la Reina, quien considera que esta decisión “hace justicia y demuestra que el actual alcalde, de una forma consciente, deliberada y arbitraria, ha intentado beneficiar a un ex concejal del Ayuntamiento y compañero de partido en contra de la legalidad y contra los intereses de los vecinos que durante seis años llevan soportando los olores, insalubridades y molestias de dos granjas, una que no debió abrir y otra que debió cerrar”.
“Los vecinos, con su constancia y soportando los gastos en procedimientos judiciales, están consiguiendo que los tribunales obliguen al Ayuntamiento a cumplir con la legalidad”, añade el despacho en nota de prensa, agregando que confían en que con esta sentencia “el alcalde deje de gastar dinero público para defender intereses particulares”.