El PP en las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó el pasado jueves con su mayoría parlamentaria la supresión de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, órgano de control dependiente del parlamento regional, algunas de cuyas funciones las pasará a desempeñar el Tribunal de Cuentas estatal, lo cual implicará en la práctica dilatar la fiscalización o eliminarla en ciertos casos.
Al mismo tiempo el PP rechazó la propuesta de la oposición de crear una Oficina de Control Presupuestario, cuyo objetivo sería, según el texto de la enmienda “la ejecución de informes encargados por los Grupos Parlamentarios sobre la elaboración y ejecución de los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como de las entidades que forman parte del sector público regional”.
El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, argumentó su negativa en que “esa oficina” ya fue creada por la presidenta María Dolores de Cospedal al llegar al Gobierno. En efecto, una de sus primeras iniciativas fue la creación de una Oficina de Control y Eficacia Presupuestaria, dirigida actualmente por Francisco Javier Serra Recio, y que se encuentra adscrita directamente a la Presidencia de la Junta, alejada por lo tanto de la fiscalización del parlamento y sin competencias definidas en el decreto que regula la estructura de ese órgano.
Hay que acudir a los Presupuestos de la Junta de Comunidades para 2014 para conocer que la actividad de esta Oficina, cuyos recursos humanos y presupuestarios no se detallan, se centra en “Análisis, evaluaciones y propuestas” y la “Coordinación y cooperación con los órganos autonómicos de elaboración y seguimiento, de fiscalización y de gestión presupuestaria”. En cuanto a la tarea que se prevé que desarrolle durante este ejercicio se concretará, según los “Indicadores” previstos, en doce informes de seguimiento del denominado “Plan de garantías de los servicios sociales básicos”, diez informes para la Presidenta y el Consejo de Gobierno, doce “Propuestas de mejora” en el área de la eficacia presupuestaria y doce informes de “evaluación y control del Presupuesto regional”. Ningún documento de estas características elaborado por dicha Oficina ha sido público en ejercicios pasados ni se encuentra accesible actualmente en la web de la Junta por lo que su labor fiscalizadora, si es que existe, sólo es conocida por el Gobierno regional.
El diputado José Manuel Tortosa fue el encargado de justificar por el PP la supresión de la Sindicatura con los conocidos argumentos de que se pretende evitar duplicidades y ahorrar recursos, pese a que el personal de ese órgano será recolocado en la Junta, a lo que añadió “evitar trámites innecesarios” ya que consideró que el Gobierno de Cospedal ha tenido “mayor preocupación por el rigor presupuestario”. Leandro Esteban apuntó por su parte que este tipo de decisiones de supresión de órganos y austeridad obedece a la necesidad de hacer frente a la “herencia recibida”.