El proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para el año 2017 ya ha iniciado su tramitación en las Cortes regionales después de que el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, haya hecho entrega del mismo al presidente del Parlamento regional, Jesús Fernández Vaquero. La Junta quiere ahora que el texto se “enriquezca” con aportaciones “constructivas” de los grupos políticos en su proceso de enmiendas y dictamen.
Según ha apuntado el consejero, estas cuentas públicas se han elaborado en un contexto económico donde los grandes analistas consideran que Castilla-La Mancha va a crecer por encima de la media española, pese a que se perciben “nubarrones” en la economía durante el presente año. También ha insistido en que se trata de un presupuesto “social” donde el 70% del gasto no financiero se destina a sanidad, servicios sociales y educación, con más de 5.000 millones de euros.
Igualmente, ha querido destacar otras cifras ya desglosadas en su aprobación por el Consejo de Gobierno, como los 2.000 millones de euros destinados a poner en marcha instrumentos al servicio del crecimiento económico, “esencial para generar riqueza y crear de empleo”. En este punto, también ha recordado que la partida que más crece es la de inversiones públicas, hasta un 21%, con el doble objetivo de mejorar los servicios públicos sociales y generar más puestos de trabajo.
“Queremos atender a los ciudadanos que peor lo pasan y también que la economía siga creciendo, todo ello con un saneamiento en la Administración, que es la de todos los ciudadanos”, ha remarcado Ruiz Molina. Por eso ha subrayado que sea la primera vez que la comunidad autónoma cuenta con un ahorro neto positivo más de 70 millones de euros, que servirán para financiar inversiones sin recurrir al endeudamiento.
Según ha añadido el consejero, Castilla-La Mancha ha entrado con estas cuentas en la senda de la “ortodoxia financiera”, con un presupuesto “solvente” que además lleva integrado el Plan de Garantías Ciudadanas de Podemos, que se convertirá en Ley en el año 2018.
Finalmente, ha confirmado que el techo de gasto aprobado en septiembre, que se ha visto incrementado en algo más de 32 millones de euros adicionales por la nueva previsión de déficit que se ajustó en diciembre, se aprobará de forma automática sin necesidad de que sea de nuevo tramitado en las Cortes regionales. Asimismo, ha confiado en que los plazos no se alarguen y los Presupuestos puedan estar aprobados a finales de marzo o principios de abril, dependiendo de la enmienda a la totalidad del Grupo Popular.