- La central de Elcogas fue desconectada definitivamente el pasado 31 de enero, a pesar de la fuerte movilización social que quería evitar el cierre de la planta
El Boletín Oficial del Estado publica la resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, del pasado 28 de abril, en la que se resuelve el informe de evaluación ambiental favorable para el desmantelamiento y demolición de la planta de Elcogas en Puertollano. La desconexión de la central se hizo definitiva el pasado 31 de enero de 2016, tras una importante movilización de los trabajadores que defendían los puestos de trabajo de los que dependían 150 familias.
Con esta resolución, se otorga el 'visto bueno' ambiental al programa de la demolición de la central, según las exigencias que fija el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, tras la orden de cierre y desconexión emitida el pasado 4 de febrero. Ahora es el turno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Puertollano para elaborar las sendas autorizaciones en el ámbito de sus competencias.
El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha publicado en el Boletín Oficial del Estado de este viernes la resolución de 28 de abril de 2017 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula informe favorable para la evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de desmantelamiento y demolición de la central termoeléctrica de gasificación integrada en ciclo combinado de Elcogas en Puertollano (Ciudad Real).
La resolución viene a propuesta de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, y en ella se señala que “no es previsible que el proyecto de desmantelamiento y demolición de la central vaya a producir impactos adversos significativos” mientra se cumplan los requisitos ambientales. Entre los riesgos medioambientales posibles, se señalan el de incendio y de vertidos “incontrolados”. Para minimizarlos se desarrollará un Plan de Emergencia y Autoprotección.
Por otro lado, la secretaría señala que no se estima necesario el sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario, pero que esto “no exime” al promotor de obtener las autorizaciones ambientales legalmente exigibles. La demolición y desmantelamiento se llevarán a cabo en las instalaciones “más importantes” de la planta, y se excluyen las subestaciones eléctricas, depósitos de agua o viales.
Las excavaciones y los edificios que queden por debajo del nivel del suelo serán rellenados y compactados con material inerte procedente de los trabajos de demolición, para dejar el emplazamiento “uniformemente nivelado al nivel del suelo”. Los plazos determinados son cuatro meses para los labores de limpieza, 18 para el achatarramiento y demolición y, finalmente, 1,5 meses para el acondicionamiento del terreno.