Son muchas y muy variadas las trabas que están impidiendo que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) la renta básica aprobada durante la pandemia para hacer frente a las situaciones de pobreza y vulnerabilidad, esté llegando a todas las personas que la necesitan. Así lo refleja un estudio realizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) de Castilla-La Mancha. Concretamente, establece que tan solo algo más del 23% de las personas que tramitan el IMV son perceptoras del mismo y que, en total, más del 52% de las solicitudes son denegadas por inadmisión, no llegan a tramitarse por la gran cantidad de requisitos. En el informe se detallan igualmente los datos proporcionados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social a fecha de 16 de diciembre de 2020. En total, más de 7.082 personas en Castilla-La Mancha se han beneficiado del Ingreso Mínimo Vital en las cinco provincias. “De estos datos se desprende que en realidad son muy pocas las personas en vulnerabilidad las que perciben tal prestación, hecho que se aleja del ideario común de que hay muchas personas que viven de ayudas”, apunta esta organización como una de las conclusiones de su estudio.
El informe, consultado por elDiarioclm, recuerda los datos de Castilla-La Mancha que aparecen en el último informe AROPE: un 11,2% de las personas que viven en la región sufre pobreza severa, es decir, hogares con un ingreso máximo de 500 euros al mes por unidad de consumo. Esta cifra es dos puntos porcentuales más alta de la media nacional y está “lejos de mejorar” debido a que en comunidad autónoma se ha suprimido el acceso a nuevos perceptores del Ingreso Mínimo de Solidaridad, la renta mínima autonómica que serviría de apoyo hacia la salida de la pobreza y exclusión.
Para EAPN, ambos factores “no auguran mejores resultados para el 2021” debido a las consecuencias económico-sociales que la pandemia de COVID-19 dejará y que afectan en mayor medida a las personas en vulnerabilidad que son las que trabajan en el sector servicios, el más golpeado.
De hecho, el documento recoge testimonios reales de personas que están pasando por esta situación. “En mi caso, he estado poco tiempo en la calle, porque yo me quedé sin trabajo en marzo por culpa de la pandemia claro porque yo me dedico a la hostelería y la empresa donde trabajaba cerró. Hubo un momento en el que me quedé sin dinero y me quedé en situación de calle. Y después ha sido imposible encontrar trabajo”, apunta una de estas personas. Otra de ellas señala la imposibilidad de pagar su hipoteca tras no encontrar empleo y expresa su temor al desahucio.
En este sentido, EAPN recuerda que uno de los requisitos para acceder al IMV es estar dentro de unos niveles de renta en el año anterior a la solicitud. En muchos casos, por tanto, es la renta de 2019. “Esta es una de las razones que llevan a la denegación de la prestación, y que a pesar de la situación que han vivido las personas en vulnerabilidad de la región durante el 2020, al tener en cuenta la renta del año anterior, muchas de las solicitudes han sido denegadas, en un año marcado por índices de desempleo demasiado altos: 18,34% en el último trimestre 2020”.
También los empleos inestables, a media jornada, contratos por horas y empleos protegidos impiden a muchas personas ser perceptoras del IMV. Destaca que aunque estas personas sean trabajadoras pobres, el nivel de su renta aumenta en la correspondiente declaración, circunstancia que se tiene en cuenta en la solicitud del IMV y provoca la denegación a pesar de que exista “una evidente situación de necesidad”. Por ejemplo, si en el año 2019 las rentas de trabajo fueron de 3.000 euros anuales, al solicitar el IMV en 2020 se detraen esos 3.000 euros de la cuantía anual a percibir del IMV. “Esto provoca que la herramienta del IMV no cumpla con el fin para el que fue diseñada”.
Además, al tener como requisito el empadronamiento, aunque es necesario, puede resultar “un obstáculo” en el acceso a la prestación para muchas personas, ya que existen casos de vulnerabilidad que dificultan el empadronamiento, como contratos de alquiler no registrados, alojamientos en recursos residenciales temporales con intención de salir del recurso, pero sin recursos económicos para ello y otras situaciones de vulnerabilidad habitacional. Por ello, apunta esta asociación, es necesaria la figura de peritos sociales que puedan acreditar empadronamiento y decreten situaciones de vulnerabilidad.
EAPN-CLM ha recogido también las opiniones sobre la tramitación de esta prestación por parte de profesionales de entidades del Tercer Sector, de Servicios Sociales y personas solicitantes. Por un lado, en cuanto a las principales problemáticas encontradas en la tramitación de esta ayuda los profesionales han señalado que los procedimientos están muy “burocratizados” además de la tardanza que existe a la hora de resolver las solicitudes. También ponen de manifiesto la inexistencia de canales de comunicación “directos entre las entidades del tercer sector y servicios sociales con INSS”.
Por su parte, los solicitantes de esta prestación señalan a la brecha digital y la falta de medios (PC, Smartphone, Internet) así como de competencias digitales para poder realizar la solicitud como una importante “barrera de acceso”. Indican también que no cuentan con información sobre el seguimiento de la solicitud en los casos que se presenta con certificado digital además de que no se informa sobre qué ocurre si pasan seis meses de la solicitud del IMV y no se cuenta con una respuesta.
Más agilidad, inclusión real y complementos con ayudas al alquiler
Por otro lado, algunas de las propuestas de mejora que plantean los profesionales es el refuerzo del sistema de servicios sociales para que estos sean ágiles y puedan trabajar la inclusión real de las familias; complementar el IMV con más ayudas al alquiler, ayudas a la conciliación, becas comedor, entre otras, además de pasar automáticamente a los perceptores del IMS al IMV.
Las personas en situación de vulnerabilidad social reclaman que no se cambie constantemente los estados de la solicitud y que las personas que lo tramiten con certificado digital puedan hacer un seguimiento de la misma. Además, piden que el IMV pueda compatibilizarse con trabajos temporales inferiores a un mes sin que la cuantía disminuya como ocurre con el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS).
A modo de conclusión, EAPN constata que el Ingreso Mínimo Vital ha abierto la puerta a una protección social con una renta mínima unificada para todo el Estado que garantiza unos recursos básicos para todos. Esta prestación con carácter de derecho subjetivo y no contributivo genera oportunidades de paliar las situaciones de extrema pobreza que sufren las personas, pero es necesario “analizar y evaluar el impacto del IMV, para prevenir situaciones que se escapan de los requisitos iniciales”. “Las situaciones de vulnerabilidad suelen ser multiproblemáticas, multifactoriales y difíciles de corregir. Para ello, es necesario potenciar las posibilidades de diagnóstico que nos ofrece el criterio técnico de los cuadros profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales y del Tercer Sector de Acción Social. El objetivo es una buena administración de estas prestaciones y una dotación suficiente para ofrecer oportunidades a la ciudadanía perceptora para que, desde el apoyo inicial del IMV, construya nuevos proyectos de vida sostenibles y con garantía de plena integración”, apostilla el informe.