La Consejería de Bienestar Social pondrá en marcha en 2021 un nuevo plan de cuidados de larga duración como desafío al reto demográfico, poblacional y digital para dar respuesta a las necesidades presentes y futuras y que contará con 56,8 millones de euros. Así lo ha puesto de manifiesto la titular de este departamento, Aurelia Sánchez, con motivo de la Comisión de Presupuestos en las Cortes regionales, donde ha añadido que este nuevo plan va a incluir inversiones “importantes” para la reforma y adaptación de centros de atención a personas mayores o con discapacidad de titularidad pública, con un presupuesto de 27,4 millones de euros. Esta línea se hará también extensiva a los centros y recursos que gestionan la atención a personas en situación de dependencia por parte de entidades colaboradoras con la Administración regional.
Este nuevo plan forma parte del principal reto que persigue para el próximo año la Consejería, según ha indicado Sánchez, y que pasa por la adaptación del modelo de bienestar social que aprovechará los fondos Next Generation para “un ambicioso” plan de inversiones con el fin de modernizar las infraestructuras y garantizar la continuidad de los cuidados del hogar a las residencias.
Así, además del plan de cuidados de larga duración en este apartado se incluye la implantación de un servicio de teleasistencia avanzado para dependientes que vivan en su hogar, con el fin de garantizar su seguridad y promover su autonomía; al que se suma la transformación hacia un sistema de información social para modernizar las herramientas y que estará al servicio de los profesionales.
Otros retos
El segundo “gran reto” de la Consejería pasa por impulsar el sistema de la dependencia, que en 2021 va a contar con 574,4 millones de euros, un 4,5 por ciento más con respecto a 2020, para atender la promoción de la autonomía personal y garantizar la continuidad de cuidados “de forma ágil y eficiente”.
El último reto de la Consejería para el año próximo es la adaptación del sistema de prestaciones sociales, para lo que la consejera ha recordado que el Gobierno regional está trabajando en un nuevo decreto de ordenación de prestaciones sociales para personas con dificultades para “armonizar” y adaptar estas prestaciones a las nuevas situaciones, a todo lo aprendido durante el COVID y a la implantación del Ingreso Mínimo Vital a nivel nacional.
“El apoyo económico a las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad se refleja con un presupuesto de 50 millones de euros, contempla el conjunto de prestaciones distintas que pueden necesitar las personas o las familias y se instrumenta a través de los profesionales de los servicios sociales”, ha argumentado.
En defninitiva, la consejera ha indicado que se trata de políticas dirigidas a garantizar la protección de las personas frente al COVID, a ampliar, mejorar y coordinar los servicios y prestaciones que reciben las personas en su hogar; a adaptar los recursos residenciales a las nuevas necesidades o a primar la prevención en la atención a las personas con discapacidad.
A ello, ha añadido que también pretenden agilizar las gestiones del sistema de la dependencia, a desarrollar un sistema de protección de la infancia y de todos los modelos de familias, a armonizar las prestaciones económicas dirigidas a familias con dificultad, a apostar por la colaboración con el Tercer Sector y a crear un sistema de información social que modernice y construya un marco de bienestar interactivo e integral.
La oposición
Desde los partidos políticos, el diputado del PP Vicente Aroca ha indicado que este año está marcado por la pandemia y que el Gobierno regional no la levantado las expectativas entre la población porque “no ha hecho los deberes” en materia de bienestar social. En este sentido, ha dicho que su partido preguntará por los 500 millones que debe el Gobierno a la Junta en materia de dependencia, por si se han pagado las plazas de residentes, por los protocolos en las visitas residentes, por la contratación de trabajadores de atención primaria o las “insuficientes ayudas” de emergencia social. “Vamos a reclamar un rescate para el tercer sector”, ha concluido.
De su lado, el diputado de PSOE Pablo Camacho ha destacado del presupuesto de Bienestar Social que se incrementa en 2021 en más de un 5,5 por ciento el programa de dependencia o que el programa para mayores contará con un aumento del 21 por ciento. También ha destacado los recursos para mejorar la red de residencias y los casi 57 millones para reformar y adaptar los centros y residencias, tanto públicos como privados. “Se fortalecen los servicios públicos y se atienden a los sectores más afectados por la crisis”, ha concluido.
Finalmente, la diputada de Cs Úrsula López ha señalado que la región está viviendo la consecuencia de una “década perdida” en los servicios de bienestar social por parte de los gobiernos del PP y PSOE. “Tenemos pocos recursos en esta pandemia y esto nos ha llevado a consecuencias dramáticas”, ha dicho. Por ello, ha señalado que es “imprescindible” un cambio en el modelo asistencial de las residencias y reforzar la atención a las personas mayores en el propio domicilio; a lo que ha unido la atención a las personas en riesgo de exclusión ante la vulnerabilidad que se ha incrementado con la pandemia.