La cuestión de la vivienda en Castilla-La Mancha vivirá un punto de inflexión durante esta legislatura. Al menos es lo que se deduce de las palabras del consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien en una entrevista con elDiarioclm.es revela algunos detalles de una de las apuestas de la legislatura antes de abordar, de manera definitiva, la modificación de la Ley regional del Vivienda.
Hablamos de la nueva Ley SUMA, de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas que Fomento considera como “palanca de regeneración económica” tras la pandemia y, de paso, como herramienta para avanzar en “lo urgente” que pasará, entre otras cosas, por modificar el sistema de Vivienda Protección Oficial (VPO) o por introducir facilidades en la compra de suelo que abarate el precio de la vivienda a ciudadanos y a constructores.
En una entrevista por teléfono hablamos de esta norma, que todavía está por cerrar o de la futura Ley regional de vivienda, entre otras cosas.
El Gobierno de España ha anunciado que cederá suelo público durante 75 años a aquellas constructoras que hagan viviendas de alquiler social a través de la entidad estatal del suelo, SEPES. ¿Están ustedes pensando en una medida similar en Castilla-La Mancha?
Nos parece un acierto la cesión gratuita de suelo público para vivienda protegida. Los cambios normativos permitirán, a través de la colaboración público-privada, que salgan adelante proyectos de viviendas en régimen de alquiler social asequibles, tanto para el comprador como para el promotor.
Este tipo de decisiones están en sintonía con la Ley SUMA, de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas que queremos poner en marcha.
¿En qué sentido?
Una de las innovaciones normativas que planteamos desde el Gobierno de Emiliano García-Page es aportar flexibilidad a la enajenación de suelos públicos para VPO.
En Castilla-La Mancha haremos algo muy similar a lo que plantea el Gobierno de España, pero de forma menos beneficiosa para las empresas. El suelo no será gratuito, pero sí que vamos a eliminar la traba del precio tasado e inamovible del 20% del módulo. Será el máximo. El resto del precio tiene que ver con la construcción en sí que se ha disparado en el último año y medio.
Nuestro problema es que cuatro de las nueve provincias de España en las que el precio de la VPO es más elevado que la libre son de Castilla-La Mancha. Las administraciones debemos incentivar iniciativas que aseguren la igualdad de oportunidades, sumando aliados sociales y económicos, entre otros a nuestro sector de la construcción, constituido en su mayor parte por pequeñas y medianas empresas y que aportan empleo y riqueza a 68.000 trabajadores y trabajadoras y a sus familias en nuestra región.
O sea que el planteamiento no es exactamente el mismo porque aquí no habrá cesión de suelo público…
Esa es una medida para Madrid, Valencia, Bilbao… Para grandes urbes. Además, el terreno que tiene SEPES en la región es sobre todo industrial, otra cosa es que lo quieran reclasificar como residencial.
¿Cómo atajar la falta de oferta? Lo primero es que esa oferta no la hay porque no sale rentable. Hoy en día las administraciones públicas no disponen de liquidez ni de margen de deuda para llevar a cabo promociones sociales a pulmón, de ahí que se necesite la colaboración público-privada para que las empresas construyan y después gestionen el alquiler.
En las grandes urbes hoy en día no sale rentable hacer VPO y una de las razones es el precio del suelo. Con esta cesión gratuita muchas promociones o proyectos que estaban en cartera se convierten en viables o en una oportunidad real.
Pero en la región vamos a tener que hacer un mix. La solución no viene con un brochazo gordo sino acupuntura. Lo recogemos en la ley SUMA y lo explicaremos más adelante.
¿Puede avanzar alguno de esos aspectos del mix?
En Castilla-La Mancha vamos a poder aplicar medidas muy diversas para que donde haya demanda de VPO sea más asequible tanto para el comprador como para el constructor llevar a cabo estos proyectos. Y donde no haya demanda, habrá otro tipo de soluciones para que la gente tenga acceso a una vivienda digna, aunque no sea protegida.
La vivienda protegida responde a un contexto. A principios de los años 2000 el precio de la vivienda libre era el doble y hacía falta una herramienta para corregir el precio especulativo de la vivienda. La VPO ya estaba fuera del mercado libre y claro, cuando se ha desplomado la vivienda libre, se ha convertido en algo más caro.
Le pongo como ejemplo el caso de Ciudad Real donde la vivienda protegida es un 25% más cara que la libre. Se produce la situación de que la vivienda protegida es un obstáculo para las familias humildes que quieren comprar.
¿Habrá entonces una modificación en el sistema de VPO en la región?
Ya se debería haber dado una vuelta de tuerca a la VPO en los años 2011, 2012 o 2013 para corregir una herramienta que servía de freno frente a un mercado que iba a mil por hora.
Ahora cuando de repente vamos todos a paso de tortuga, seguimos teniendo una herramienta que es un freno y no puede ser. No estamos ayudando a la gente y menos todavía cuando este tipo de vivienda no se puede vender en décadas y además no puede hacerse por encima de un determinado precio.
Habrá cambios en este aspecto y permítame que no le avance todavía cuáles. Le puedo decir que lo haremos de forma que no toquemos la VPO. No vamos a modificar las reglas del juego de esta figura, pero sí posibilitaremos alternativas que permitan saltar esos obstáculos.
Esto será lo mejor allí donde hacen falta viviendas. No perdamos de vista el Corredor del Henares y el Corredor de la Sagra ni algunas capitales que van como una moto como Guadalajara, Toledo y dentro de poco Albacete. Y claro hay que compensar en aquellos sitios donde la VPO no está siendo solución sino un problema como Puertollano o Talavera.
Con ese cambio de precio del suelo en Castilla-La Mancha en la Ley SUMA… ¿Prevén enajenar la decena de parcelas residenciales del Polígono en Toledo y que son propiedad de la Junta?
Sería más fácil, mucho más fácil. A día de hoy no hay nadie interesado y eso puede marcar la diferencia: si yo puedo demostrar que no hay nadie interesado, eso bajará el precio y sí la habrá.
La Ley Suma llevará todo un bloque de medidas para reactivar solares vacíos o paralizados. Y que, de una vez por todas, resolvamos el problema de lo que son tristes monumentos a la crisis económica. Hay que poder pasar página y hacerlo con ingenio. No podemos utilizar las mismas herramientas que se usaban en otro contexto. Estamos bastante confiados y lo presentaremos cuando terminemos de negociar con todo el mundo.
Sorprenderá y para bien porque el objetivo es atajar los problemas estructurales que llevamos padeciendo desde la crisis económica de 2008.
¿En qué medida todo esto podría cambiar el parque público regional?
Será un modelo distinto de vivienda. Va a transformar el sector de la vivienda. Y no le digo las medidas que tomaremos para el sector de la construcción en materia de rehabilitación. Generaremos ventajas para aquellas familias o bloques de pisos que quieran plantear rehabilitación en materia, por ejemplo, de eficiencia energética.
La propuesta es muy potente. Todo el mundo con el que hablo: alcaldes, usuarios, constructores…me dicen que ya estamos tardando. Estoy encontrando a mucha gente que dice que esto era urgente hace 15 años.
Hace poco comentó que con la Ley SUMA se trata también de eliminar trabas en pueblos pequeños y afectados por la despoblación, pero una reciente sentencia del Supremo marca excepciones en terrenos de la Red Natura 2000. ¿Se contemplará específicamente en la norma regional?
Todos los planteamientos que hemos hecho en materia medioambiental, que no son muchos porque solo podemos hablar de cuestiones urbanísticas, lo son conforme a ley o a sentencias.
Se lo digo porque la sentencia ha venido a frenar el impulso constructor en dependiendo de cómo y dónde...
Nosotros en ese jardín no nos metemos. Sin embargo, les diría una cosa a los ecologistas: el medio ambiente está muy bien pero también lo estaría que el entorno les fuera útil a las personas que allí viven y no solo a los madrileños que van a pasar el día. Vivir en las zonas rurales y que tengas más dificultades para emprender o para poner en marcha una industria…También tienen que poder hacerlo los que viven allí si queremos combatir la despoblación.
Hay suelo para aburrir antes de meterte en la Red Natura. De hecho, somos pioneros en facilitar en suelo rústico la implantación de industria. ¿Por qué? Si yo le tengo que pedir a un municipio pequeñito que hasta que no reclasifique su suelo, lo urbanice y le ponga farolas o zonas verdes, no podrá instalar una empresa, es poco menos que decirle que eche el cierre al pueblo. La intención es la contraria.
“No agrandaremos más el parque de vivienda pública”
En abril, el Gobierno de España modificó un programa del Plan Estatal de Vivienda para permitir a las administraciones adquirir vivienda a particulares para incrementar el parque de vivienda pública de alquiler social. ¿Prevé algo similar en la región?
No, nosotros estamos abordando un plan en profundidad para mejorar la gestión de esas viviendas. Consideramos que no hay que agrandar más el parque de vivienda pública sino utilizarlo de manera más eficiente y que esto vaya acompasado de oferta de vivienda libre por parte de promotores privados.
En cualquier caso, es una cuestión de zonas. No es lo mismo la presión en La Sagra, en Toledo, que las decenas de viviendas de bancos que están vacías en determinados municipios y donde no habrá nunca demanda suficiente. Es un planteamiento con muchas aristas. Como le decía antes no es un planteamiento de brocha gorda, sino de acupuntura.
¿Cómo está la tramitación de la que será nueva Ley regional de Vivienda?
Hay un equipo de técnicos trabajando sobre ello y vamos a ver por dónde tira el Ministerio. Se están planteando cambios e iremos si no en sintonía, al menos que ambas normativas sean coherentes.
Le digo también una cosa. Nosotros respondemos a otros objetivos y a otra realidad. Lo que he trasladado tanto al secretario de Estado como al ministro en las conferencias sectoriales es que no toda la política de vivienda tiene que orientarse a resolver el problema de vivienda den Madrid.
¿Qué es un problema que un piso en alquiler en Madrid cueste 1.300 euros al mes? Lo es. Nosotros tenemos problemas distintos.
No estará entonces lista para esta legislatura…
No necesariamente. No es un apriorismo. Y no se trata de sacar adelante cualquier cosa. Me parece más importante sacar adelante el decreto de fianzas -se refiere a la norma que obligará a los arrendadores a depositar fianzas por alquiler- que ayudará a muchísima gente que está en régimen de alquiler
Me importa también que vayamos, a través de la Ley Suma, a reorientar el mercado de la vivienda hacia un modelo mucho más asequible y viable. Por eso no hay que plantearlo como una especie de fin en sí mismo. La Ley de Vivienda es buena en la medida en la que resuelve problemas. Y si podemos hacerlo de forma anticipada a través de decretos o de la Ley Suma, perfecto. Y si quedan otros por resolver lo haremos a través de la Ley de Vivienda.
¿Y qué hay de la LOTAU?
Le hago el mismo planteamiento con la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU): la ley SUMA la modifica la LOTAU. Hemos incluido la parte más urgente para ayudar a familias y empresas en situación de crisis económica y abordar la reforma de la LOTAU con una perspectiva distinta.
En materia de vivienda debemos abordar lo urgente sabiendo que debemos realizar una reflexión sobre lo necesario. Para mí es más importante dar mayor seguridad a los inquilinos, más alternativas a la promoción o autopromoción de viviendas asequibles para ciudadanos y constructores.
Y también me importa luchar contra la ocupación ilegal de viviendas que es un problema de la gente trabajadora. Lo estamos haciendo de manera coordinada con ayuntamientos y con el sistema judicial.
No hay ocupación ilegal en Somosaguas, en Galapagar o en Pozuelo. La hay en el cinturón de Madrid, en La Sagra, en Puertollano…o sea, donde está la gente trabajadora. Sin complejos decimos que Castilla-La Mancha es una región de tolerancia cero con la ocupación ilegal.