En la última estadística que elaboró el Ministerio de Fomento sobre el precio de la vivienda del alquiler en España no fue posible obtener una aproximación de estas cifras en Castilla-La Mancha por la carencia de datos sobre el depósito de las fianzas. Son los que sirven para elaborar el sistema estatal de índice de referencia de alquiler, junto con otras variables. De hecho, esta circunstancia produce un desfase entre los datos que aporta el Gobierno central y los que desvelan portables inmobiliarios que trabajan con estadísticas propias. La falta de actualización de la normativa autonómica ha propiciado esta situación.
Ahora el Gobierno castellanomanchego quiere cambiar esta situación. El Real-Decreto de marzo de 2019 arrojó algo de luz sobre una situación muy desigual entre las diferentes comunidades autónomas: establece la obligación de la exigencia y prestación de fianza en contratos de alquiler, pero además, en una disposición adicional, exige a las comunidades autónomas que regulen la obligación de los arrendadores de depositar el importe de las fianzas, sin devengo de interés, a disposición de la Administración autonómica.
Castilla-La Mancha tiene habilitado un depósito de fianzas y los pasos a seguir para los arrendadores. Pero no se realiza en la práctica porque la normativa autonómica no está actualizada. Por eso el Gobierno de Emiliano García-Page prepara actualmente un proyecto de decreto para regular este depósito, y también el registro de contratos de alquiler de fincas urbanas en la región.
La normativa original que regula constitución de fianzas de alquiler en la comunidad autónoma data de 1984, cuando se realizó el traspaso de esta competencia. Fue modificada un año después. Es decir, han pasado 35 años desde este marco jurídico, que actualmente, según la Junta, está “totalmente desfasado” y requiere “una completa revisión y adecuación a la legislación vigente” en materia de alquiler.
Modificación de la normativa estatal
El resorte para el nuevo decreto autonómico, ahora en consulta previa, ha sido la última modificación de la Ley estatal de Arrendamientos Urbanos, en marzo de 2019. En ella se obliga a las comunidades autónomas a que exijan el depósito del importe de las fianzas a disposición de la Administración autonómica.
De hecho, ya la normativa de flexibilización del mercado de alquiler de viviendas de 2013 establecía la necesidad de articular instrumentos que permitieran el intercambio de información entre el Estado y las autonomías en relación con los datos contenidos en los contratos de alquiler, con la finalidad de proponer y ejecutar las políticas públicas relativas al acceso a la vivienda que resulten más adecuadas.
Llegado este momento, el Gobierno castellanomanchego, a través de su Consejería de Fomento, considera necesario actualizar la normativa propia que regula el depósito de las fianzas adecuándolo al marco normativo vigente. Para ello quiere también articular “procedimientos administrativos y herramientas informáticas agiles” que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones a quienes se vean obligados a depositar las mencionadas fianzas.
Aumento de la demanda de alquiler
De hecho, argumenta la Administración regional que en un momento como el actual en el que se está produciendo un incremento del porcentaje de personas que acceden a la vivienda mediante el alquiler, “parece necesario articular mecanismos que permitan obtener información veraz y constante de las características de estos contratos” (importe de la renta y la fianza, características de los inmuebles, datos catastrales, etc.). Estos datos “resultan imprescindibles para decidir y diseñar en cada momento las medidas necesarias para corregir las desviaciones del mercado del alquiler”.
Con todo ello, los dos principales objetivos del nuevo decreto castellanomanchego serán, por un lado, regular la obligatoriedad de los depósitos de fianzas derivados de los contratos de arrendamientos urbanos y servicios, y por otro, adaptar la normativa autonómica que regula estos depósitos al marco jurídico estatal vigente en la actualidad.
De igual modo, contempla crear un registro de contratos de arrendamientos de fincas urbanas y servicios que permita la obtención de información básica para la toma de decisiones y desarrollo de políticas públicas en la materia, así como el intercambio de información con otros registros y administraciones.
Concluye el Gobierno regional, en su documento de consulta pública, que es imprescindible, en el desarrollo de la nueva normativa, articular mecanismos y procedimientos informáticos ágiles y eficaces que faciliten todo el proceso.