El tercer sector hace referencia a ese ámbito de la economía formado por entidades que no son del sector privado ni buscan beneficios, ni tampoco del colectivo público, es decir dependientes de las administraciones. Surgen desde la ciudadanía y en su mayoría se dedican a la intervención social en acciones humanitarias, educativas, sanitarias, medioambientales, de protección animal y de cooperaciones internacional, entre otras muchas. En Castilla-La Mancha, por su amplitud, hay multitud de entidades de este sector con las que el Ejecutivo regional lleva cerca de dos años preparando una normativa que regule un “concierto social”, es decir, reconocerlas como colaboradoras, promover su participación y dotarlas de mayor seguridad jurídica.
El anteproyecto de Ley del Tercer Sector Social en Castilla-La Mancha ya ha salido a información pública. Es prácticamente imposible que pueda tramitarse en la presente legislatura, que finalizará en marzo, pero se trata de uno de los textos legislativos de la Consejería de Bienestar Social que quieren tramitarse cuanto antes. El diálogo con los colectivos de la sociedad civil ha sido una de las banderas del Ejecutivo de Emiliano García-Page durante esta etapa de Gobierno y con esta norma se le otorga rango de ley a la protección de un sector muy perjudicado por los recortes.
Es la primera vez que puede consultarse el contenido de este anteproyecto. En el mismo, la Junta se declara “decididamente comprometida” con la labor de estas organizaciones orientadas a la inclusión de colectivos vulnerables, estableciendo una colaboración con la Administración autonómica, “sin perder su identidad de crítica y denuncia ante la situaciones de vulneración de derechos humanos”.
Principios rectores y comisión de diálogo civil
Debido a ello, la ley marcará las actuaciones consideradas como propias del tercer sector: acciones contra la desigualdad social, la marginación, la desprotección o la violencia de género; detección de necesidades, investigación e innovación; participación en la provisión de servicios de responsabilidad pública; promoción y articulación de la solidaridad organizada; y sensibilización, reivindicación, participación en procesos de elaboración o modificación de normas o interlocución con el sector público.
La composición y funciones de este nuevo órgano se determinarán reglamentariamente tras la entrada en vigor de la ley, y su función principal será impulsar un foro de diálogo, colaboración y cooperación permanente, “para coordinar acciones a favor de los derechos sociales, la inclusión social y la lucha contra las situaciones de exclusión y pobreza”.
Y entre las medidas de fomento y promoción del tercer sector, en la futura ley se regulan dos especialmente relevantes. En primer lugar, se garantiza la participación de estas entidades en las distintas políticas sociales, de empleo, de igualdad y de inclusión, diseñadas a favor de las personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad , dependencia, discapacidad, desprotección o se encuentran en riesgo o en situación de exclusión social. Y por otra parte, también se potenciarán las iniciativas de cooperación entre el sector privado y las entidades del tercer sector social, promoviendo espacios para el conocimiento mutuo.
Precisamente a través de la futura Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa del Tercer Sector, se realizará una estrategia de promoción que incluirá actuaciones que impulsarán cada una de las partes y actuaciones en colaboración. La estrategia, que tendrá un periodo de vigencia de cuatro años, contemplará el apoyo a la cultura del voluntariado, la colaboración con el sector público, el desarrollo de la base social y la participación en las organizaciones.
Un aumento salarial igual al de funcionarios
Otras novedades las ha avanzado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez. Según ha dicho, los trabajadores del tercer sector que ejercen en territorio castellano-manchego verán incrementado su salario del mismo modo que lo harán los trabajadores públicos de la comunidad autónoma. Este incremento salario será “en un porcentaje como mínimo igual” al de la subida que experimentarán los empleados públicos, lo que considera “una apuesta muy importante y avanzada”.
Entre los planes de su departamento en materia de financiación de este tipo de servicios está velar por el cumplimiento de la ley y que todos los trabajadores que desempeñan estas labores en ayuntamientos vean su salario equiparado al menos al nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobado por el Gobierno estatal.