Ecologistas en Acción ha criticado la dejación de las administraciones españolas para frenar la contaminación por ozono troposférico (el ozono “malo” por contraposición al de la estratosfera) causada por emisiones contaminantes del tráfico motorizado de las principales ciudades y carreteras del Estado, por transporte marítimo y por producción de electricidad en centrales térmicas a consecuencia de un mayor uso de aire acondicionado.
En el último mes en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, País Valenciano, Región de Murcia y País Vasco se han producido doscientas superaciones del umbral de información a la población, establecido por la normativa en 180 microgramos de ozono por metro cúbico de aire, como media horaria.
A eso se suma el informe del Ministerio para la Transición Ecológica 2018 en el que se ponía de manifiesto una situación similar que en Castilla-La Mancha afecto el pasado año a Azuqueca de Henares (Guadalajara), Toledo, San Pablo de los Montes e Illescas, ambas en la provincia toledana.
En el último mes la peor situación se ha registrado en la Plana de Vic en Barcelona (32 superaciones), seguida de la ciudad de Barcelona (16), la Sierra de Madrid (16), las Comarques de Girona (12), la ciudad de Madrid (8), el Pirineo catalán (6), Azuqueca de Henares y Guadalajara (6), el Camp de Tarragona (5), Mérida (4), el Pirineo aragonés (3), Cirat en Castellón (3), Vilamarxant en Valencia (3) y diversas localidades de las áreas metropolitanas de Barcelona (Badalona, Gavà, Sant Adrià, Sant Vicenç, Viladecans, Granollers, Montcada, Rubí, Sant Cugat) y de Madrid (Alcalá, Alcobendas, Algete, Collado Villalba, Coslada, Getafe, Rivas, Torrejón).
Francia, un ejemplo
La ONG compara “la negligencia” de las autoridades españolas con la actuación de Francia ante el mismo episodio de ozono, frente al que esta semana se ha restringido el tráfico en las áreas metropolitanas de París, Marsella, Estrasburgo, Lyon, Lille o Annecy, con la prohibición de la circulación de los vehículos más contaminantes, reducción de velocidad, encarecimiento de los estacionamientos centrales, medidas para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno y del ozono.
Al margen de las superaciones de los umbrales de información y de alerta, en setenta estaciones de medición repartidas por Andalucía, Baleares, ambas Castillas, Extremadura, Cataluña, Valencia, Madrid y Murcia, se ha superado, en lo que llevamos de año, el objetivo establecido por la normativa para proteger la salud, ante la pasividad de las administraciones autonómicas y locales y del Gobierno central, que siguen sin adoptar los Planes de Mejora de la Calidad del Aire obligados en esta situación.
En concreto, recalca que la previsión de la superación del umbral de alerta obliga a las autoridades autonómicas a adoptar las medidas necesarias de urgencia. No obstante, la Generalitat de Cataluña se ha limitado a difundir avisos rutinarios, una vez producidas las situaciones de alerta, que no han sido suficientes para proteger la salud de la población afectada.
Castilla-La Mancha carece de protocolos para combatir episodios
La legislación española se establece que las comunidades autónomas deben elaborar planes de acción frente a la existencia de riesgo cuando el nivel de ozono supere el umbral de alerta.
Sin embargo, Ecologistas en Acción destaca que solo Valladolid ha tomado las medidas de urgencia para reducir los altos niveles de contaminación por ozono y este viernes mantiene cerrado el centro al tránsito de automóviles privados no residentes, tras reducir el jueves la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora.
En ese sentido, critica que ciudades como Barcelona, Córdoba, Granada, Madrid, Murcia, Sevilla, Valencia o Zaragoza y comunidades muy afectadas como Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña o País Valenciano carecen de protocolos para combatir los episodios de ozono.
Finalmente, según el último informe sobre la calidad del aire publicado por Ecologistas en Acción, los niveles elevados de ozono afectan de manera estructural al 87 por ciento de la población y el 92 por ciento del territorio estatal, siendo el contaminante más extendido en España, con tendencia al alza.