La primera Ley de Economía Circular ya es una realidad en España. Castilla-La Mancha ha conseguido, como quería, ponerse “a la vanguardia” de este modelo económico al convertirse en la primera comunidad autónoma que otorga rango legislativo a las medidas destinadas al mínimo vertido y a promover la permanencia de la vida de los productos, bienes y servicios. Ahora, el Gobierno regional se ha dado un año de plazo para elaborar una Estrategia de Economía Circular que desarrolle la ley y sus principales novedades: un impuesto que gravará el depósito de residuos -que se está consensuando con empresas y organizaciones- y una fianza para la instalación compañías contaminantes.
El pleno de las Cortes regionales ha sacado adelante esta ley en lectura única puesto que no ha habido enmiendas parciales de los partidos de la oposición. La norma ha contado con los votos a favor del PSOE y de Ciudadanos y la abstención del PP, que ya presentó una enmienda a la totalidad.
Pese a su voto favorable, el Grupo Parlamentario de Cs, por boca del diputado Alejandro Ruiz, ha sido muy crítico con la norma por estar “vacía de contenido y de presupuesto” y ha condicionado su respaldo a que tenga un desarrollo viable y con medidas concretas. Por su parte, la diputada del PP Gema Guerrero ha remarcado la necesidad de redactar “una nueva ley” puesto que la ahora aprobada no tiene ni presupuesto ni medidas concretas. “Es 'inenmendable', porque no hay nada que enmendar, no aprueba ni dice nada”, ha apostillado.
El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha sido el encargado de defender esta normativa ante el pleno tras dos años de preparación y redacción. Según ha afirmado, se trata del inicio de un nuevo camino en la economía castellanomanchega, que “se sube a la locomotora de la sostenibilidad” para “avanzar juntos en un futuro común”. “Se trata de una norma integradora, refrendada por la sociedad, las empresas y los diferentes sectores, a los agradecemos su empatía”.
De igual forma, Escudero ha recordado que la normativa es también obligatoria para hacer cumplir la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): “Nos encontramos en una situación sin precedentes; es una norma que debemos defender ante los desafíos del cambio climático, la transición energética, y al desafío de la biodiversidad”.
¿Qué dice la nueva ley?
Optimizar el valor de productos, materiales y recursos, reduciendo al mínimo la generación de residuos es el pilar fundamental de lo que conocemos como economía circular. Y su objetivo, ser sostenible, hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos y, a la vez, competitiva. El Gobierno castellanomanchego quiere que el uso eficiente de los recursos sean los “ejes vertebradores de todas las políticas públicas y de los nuevos sectores económicos” y busca generar condiciones óptimas para fomentar la aparición de nuevos nichos de negocio. A nivel ambiental, el impacto fijado quiere traducirse en una reducción del consumo de materias primas y de la generación de residuos, en aras del medio ambiente, el clima, la diversidad biológica y la salud humana.
Su ámbito de aplicación abarca todas las fases del ciclo de vida de un bien, producto o servicio, ya que no solo se refiere a la gestión y reciclaje de residuos, sino que también implica “la gestión racional de todos los recursos que son necesarios para su producción y distribución”. Entre estos destacan los recursos materiales y energéticos, el agua y el uso del suelo, tanto en el ámbito de la producción, distribución y consumo como en la gestión de residuos, en el mercado de materias primas secundarias y, asimismo, en los aspectos de innovación e inversión.
La transición hacia una economía circular se hará incentivando la implantación y la permanencia en territorio castellano-manchego de empresas y actividades cuyo objetivo se encuadre en este ámbito. Para ello, la Administración regional promoverá los incentivos económicos, bien con fondos propios o cofinanciados europeos, para la reducción del despilfarro alimentario, insumos materiales y energéticos.
Por otro lado, se introduce la obligación de establecer un tributo, en el plazo de un año, que grave el depósito de residuos en vertedero. Esto derivaría a su vez en la “desincentivación” del uso de vertederos frente a su reciclado. Y además, promulga la reinversión de su recaudación en mejorar la gestión de los residuos y en llevar a cabo actuaciones contempladas en el Plan Integrado de Gestión de Residuos. En ese mismo plazo se aprobarán las correspondientes normas técnicas para la determinación de las cuantías de las fianzas que deberán pagar las empresas contaminantes. Es decir, la ley no implanta algunas medidas, que quedan por desarrollar a corto plazo.
En la futura Estrategia de Economía Circular se contemplarán también medidas transversales específicas relacionadas con la administración y el buen gobierno, especialmente con el fomento de la compra pública verde, los recursos naturales (hídricos, suelo y biodiversidad), la investigación, el desarrollo y la innovación y la concienciación, formación y divulgación (educación para la sostenibilidad, consumo responsable y empleo verde) y medidas sectoriales específicas relacionadas con la sostenibilidad local, la gestión de residuos, el sector agroalimentario y silvícola y el energético, industrial y turístico.
En base a los cálculos del Gobierno regional, la economía circular ayudará a generar unos 30.000 puestos de trabajo en la región y “mucha riqueza vinculada al aprovechamiento de todo lo que ahora no forma parte de la cadena de economía”. Desde el Ejecutivo parten del hecho de que algunas de las medidas ya implantadas como el Plan de Gestión de Residuos, el Plan de Biomasa Forestal, el Cecreto contra el Desperdicio Alimentario o la estrategia de biorresiduos ya están dando sus frutos y dibujan un escenario optimista en este sentido.
La ley no incorpora ninguna memoria económica porque no se prevén gastos adicionales de presupuesto. Los incentivos y las medidas de promoción procederán de lo ingresado gracias a los tributos por depósito y a las fianzas antes mencionadas, además de los fondos europeos. La máxima del Gobierno en este sentido es que “quien contamina, paga” y que todo lo ingresado en ese sentido se reinvierta para instaurar progresivamente el modelo circular.