Nueve preguntas y respuestas de la primera Ley autonómica de Economía Circular en España

Cambiar el modelo productivo lineal por otro circular, es decir, reducir al mínimo la generación de residuos para darle una nueva vida a los productos, se ha convertido en un ‘mantra’ desde hace años en el Gobierno de Castilla-La Mancha. Los incendios del vertedero ilegal de neumáticos en Seseña y de una planta de residuos en Chiloeches marcaron un antes y un después en este sentido. No es que el Ejecutivo de Emiliano García-Page no lo hubiera pensado antes -estaba en su programa electoral de 2015- sino que pisó el acelerador en este sentido. Aprobó al inicio de la legislatura pasada un Plan Integrado de Gestión de Residuos al que sigue ahora el proyecto de Ley de Economía Circular.

El pleno de las Cortes regionales lo aprobará hoy en lectura única y con la mayoría absoluta que ostenta el PSOE, después de que se rechazara la enmienda a la totalidad del PP y de que no se hayan presentado otras. Con ello, esta comunidad autónoma se convertirá en la primera región española en tener una normativa propia.

1. ¿Cuál es el principal objetivo?

Optimizar el valor de productos, materiales y recursos, reduciendo al mínimo la generación de residuos es el pilar fundamental de lo que conocemos como economía circular. Y su objetivo, ser sostenible, hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos y, a la vez, competitiva.

La futura Ley de Economía Circular pretende ir mucho más lejos: el Gobierno quiere que el uso eficiente de los recursos sean los “ejes vertebradores de todas las políticas públicas y de los nuevos sectores económicos” y busca generar condiciones óptimas para fomentar la aparición de nuevos nichos de negocio. A nivel ambiental, el impacto fijado quiere traducirse en una reducción del consumo de materias primas y de la generación de residuos, en aras del medio ambiente, el clima, la diversidad biológica y la salud humana.

También se establece el objetivo de favorecer el cálculo de los servicios ecosistémicos que se ven envueltos en cada proceso productivo, evitando la degradación; aumentar la durabilidad de los productos (darles una “segunda vida” tras el reciclaje o aprovechando los que no se puedan reciclar); optimizar el modo de organización industrial mediante una gestión eficaz de los 'stocks'; e incentivar el cálculo de la huella de carbono, la huella hídrica y la huella ecológica en las todas las actividades económicas.

2. ¿A qué productos se aplicará?

Básicamente, su ámbito de aplicación abarca todas las fases del ciclo de vida de un bien, producto o servicio, ya que no solo se refiere a la gestión y reciclaje de residuos, sino que también implica “la gestión racional de todos los recursos que son necesarios para su producción y distribución”. Entre estos destacan los recursos materiales y energéticos, el agua y el uso del suelo, tanto en el ámbito de la producción, distribución y consumo como en la gestión de residuos, en el mercado de materias primas secundarias y, asimismo, en los aspectos de innovación e inversión.

3. ¿Cómo se hará?

Al tratarse de un escenario totalmente novedoso, el Gobierno quiere facilitar la transición hacia una economía circular incentivando la implantación y la permanencia en territorio castellano-manchego de empresas y actividades cuyo objetivo se encuadre en este ámbito. Para ello, la Administración regional promoverá los incentivos económicos, bien con fondos propios o cofinanciados europeos, para la reducción del despilfarro alimentario, insumos materiales y energéticos.

Por otro lado, se introduce la obligación de establecer un tributo que grave el depósito de residuos en vertedero. Esto derivaría a su vez en la “desincentivación” del uso de vertederos frente a su reciclado. Y además, promulga la reinversión de su recaudación en mejorar la gestión de los residuos y en llevar a cabo actuaciones contempladas en el Plan Integrado de Gestión de Residuos.

4. ¿Qué importes se manejan para ese tributo?

Todavía no se ha hecho público. En el plazo de un año de la entrada en vigor de esta Ley se debe haber regulado el tributo por el que se grave el depósito de residuos en vertedero. En ese mismo plazo se aprobarán las correspondientes normas técnicas para la determinación de las cuantías de las fianzas que deberán pagar las empresas contaminantes. Es decir, la ley no implanta algunas medidas, que quedan por desarrollar a corto plazo.

5. ¿Qué tipo de regulación tendrán entonces las medidas posteriores?

La Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la ley, elaborará en coordinación con los departamentos que ostenten competencias de agua, energía, industria, economía, comercio, consumo, educación, suelo y ordenación del territorio, una Estrategia de Economía Circular de Castilla-La Mancha (que sí existe en otras comunidades autónomas). Esta última deberá ser aprobada por el Consejo de Gobierno mediante decreto, donde se incluirán los mecanismos de aplicación.

6. ¿Será también vinculante para la Administración?

Es en esta futura Estrategia donde se contemplarán también medidas transversales específicas relacionadas con la administración y el buen gobierno, especialmente con el fomento de la compra pública verde, los recursos naturales (hídricos, suelo y biodiversidad), la investigación, el desarrollo y la innovación y la concienciación, formación y divulgación (educación para la sostenibilidad, consumo responsable y empleo verde) y medidas sectoriales específicas relacionadas con la sostenibilidad local, la gestión de residuos, el sector agroalimentario y silvícola y el energético, industrial y turístico.

En la elaboración de esta futura hoja de ruta se contará obligatoriamente desde el principio con la participación de la ciudadanía. Además, será objeto de evaluación ambiental e incluirá un informe de la Oficina de Cambio Climático de Castilla-La Mancha. Asimismo, dentro del mes siguiente a la entrada en vigor de la Ley de Economía Circular, se deberá crear una comisión de coordinación y colaboración entre administraciones.

7. ¿Qué cifras maneja Castilla-La Mancha para poner en marcha este modelo?

En base a los cálculos del Gobierno regional, la economía circular ayudará a generar unos 30.000 puestos de trabajo en la región y “mucha riqueza vinculada al aprovechamiento de todo lo que ahora no forma parte de la cadena de economía”. Desde el Ejecutivo parten del hecho de que algunas de las medidas ya implantadas como el Plan de Gestión de Residuos, el Plan de Biomasa Forestal, el Cecreto contra el Desperdicio Alimentario o la estrategia de biorresiduos ya están dando sus frutos y dibujan un escenario optimista en este sentido.

8. ¿Con qué consenso político cuenta?

El proyecto de Ley se aprueba después de que el pleno de la semana pasada rechazara la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Sin embargo, tras ello, ningún partido de la oposición ha presentado enmiendas parciales y por eso se aprobará en lectura única. Saldrá adelante con la mayoría absoluta del PSOE pero es improbable que ahora el PP vaya a darle su apoyo. Tampoco Ciudadanos, que cuenta con cuatro diputados en las Cortes, se ha manifestado al respecto, pero este partido votó en contra de la enmienda a la totalidad del PP, por lo que es previsible que pueda dar su apoyo al proyecto de ley.

9. ¿Cuánto costará?

La ley no incorpora ninguna memoria económica porque no se prevén gastos adicionales de presupuesto. Los incentivos y las medidas de promoción procederán de lo ingresado gracias a los tributos por depósito y a las fianzas antes mencionadas, además de los fondos europeos. La máxima del Gobierno en este sentido es que “quien contamina, paga” y que todo lo ingresado en ese sentido se reinvierta para instaurar progresivamente el modelo circular.