La toma en consideración de la iniciativa del PSOE para convertir en delito el acoso a mujeres frente a las clínicas de abortos cuenta con el respaldo del Gobierno de Castilla-La Mancha, pero al hilo de ello, la portavoz y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, también ha querido pedir el mismo respeto para los profesionales de la sanidad pública que deciden objetar para no practicar interrupciones del embarazo que para las mujeres que lo piden.
La portavoz ha realizado esta reflexión debido a que en Castilla-La Mancha hay un buen número de profesionales médicos acogidos a su derecho a la objeción de conciencia. Cuando hay una situación de peligro para la madre o para el feto, sí se interviene directamente en el hospital pero con carácter general, las intervenciones se derivan a clínicas privadas.
Por ello, ha pedido “no demonizar” a los profesionales de la pública que tienen ese derecho a objetar. “Igual que pido respeto para las mujeres que interrumpen su embarazo, lo pido para estos profesionales”.
“Los profesionales preservan la vida, pero con carácter general, las interrupciones programadas se derivan a clínicas privadas. No quiere decir que no ocurran en la sanidad pública, pero el número de personas acogidas a la objeción de conciencia es tan grande, que tenemos ese sistema de derivación para que las mujeres puedan acogerse a su derecho en situación de salubridad e intimidad”, ha concluido.
En esta comunidad autónoma, las castellanomanchegas solo pueden abortar en dos centros: la clínica Iris (Albacete capital) y la clínica CIRE (Miguelturra, Ciudad Real), ambas concertadas. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) no realiza ninguna de las técnicas para la interrupción del embarazo y que, según fuentes de la Consejería de Sanidad y tal como ha afirmado hoy la portavoz, existe una objeción de conciencia generalizada entre todos los profesionales del sistema público de la región.