El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a recuperar la Sindicatura de Cuentas, el órgano regional de control económico, financiero y contable que Dolores de Cospedal eliminó durante su gobierno al frente de la Junta en el año 2014, después de 20 años en funcionamiento.
El actual Consejo de Gobierno acaba de aprobar el proyecto de Ley de la Cámara de Cuentas (así se llamará ahora) que dependerá orgánicamente de las Cortes regionales y que se espera que pueda entrar en funcionamiento antes de que termine este año.
La consejera portavoz, Blanca Fernández, ha justificado la decisión en la necesidad de “mimar el dinero público” y en la “fortaleza” de supondrá la Cámara de Cuentas como órgano de control técnico e “independiente organizativa y presupuestariamente”, decía, para que pueda actuar “sin interferencias, con eficacia y transparencia”.
Fernández no ha detallado el presupuesto del que dispondrá la futura Cámara de Cuentas aunque asegura que “será austero” por su propia composición: cinco auditores incluida la persona que ejerza la Presidencia con un mandato de seis años prorrogable por otros tantos, además del personal administrativo.
El presidente o presidenta de este órgano será elegido en las Cortes regionales por mayoría de tres quintos en primera votación o bien en segunda votación por mayoría simple.
Blanca Fernández también ha recordado que Castilla-La Mancha se suma así al conjunto de comunidades autónomas con órganos similares: Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Canarias, Andalucía, Baleares, Madrid, Castilla y León, Asturias y Aragón.
Servirá, decía, “para que la ciudadanía tenga tranquilidad, para que haya transparencia y que el dinero público se gaste bien”. Fue un compromiso del propio presidente regional Emiliano García-Page, en el Debate de la Región de octubre de 2020.
A su control se someterá todo el sector público regional, incluida la Universidad de Castilla-La Mancha. Pero también deberá hacerlo “cualquier persona física o jurídica que reciba subvenciones públicas, las empresas adjudicatarias de contratos públicos y aquellos partidos políticos que reciben subvención del erario público regional.
La Cámara de Cuentas tendrá también funciones de asesoramiento a las Cortes regionales en materia económica, financiera y contable y al propio Gobierno regional por vía parlamentaria y colaborará con el órgano nacional, el Tribunal de Cuentas.
Ha sido precisamente el Tribunal de Cuentas nacional el que desde 2014 ha venido fiscalizando las cuentas del Gobierno castellanomanchego con algún que otro tirón de orejas sonado tanto en la gestión del PP como en la del PSOE.
Por ejemplo, la condena al que fuera director de la Radio Televisión de Castilla-La Mancha con Cospedal, Nacho Villa, al que el Tribunal de Cuentas condenó por “conductas ilegales” al gastarse más de 69.000 euros en fines que no se destinaron a la actividad vinculada al Ente regional.
O más recientemente y ya durante el Gobierno de García-Page, le ha recriminado que el Plan de Empleo no cumpliese los objetivos de inserción laboral pese al desembolso económico, aunque esta apreciación fuera desmentida posteriormente por el propio Ejecutivo regional en una región que ahora volverá a tener su propio órgano fiscalizador coincidiendo con la mayoría absoluta que ostenta el PSOE.