Las consecuencias sociales de la pandemia han generado en Castilla-La Mancha una serie de consecuencias y situaciones de vulnerabilidad. Al igual que en otros territorios, la pobreza y la exclusión social comienzan a aflorar como un problema derivado de la COVID-19 al que el Gobierno de Emiliano García-Page quiere ahora tomar el pulso. Con el objetivo de elaborar un nuevo Plan de Inclusión Social y Servicios Sociales, ha iniciado un proceso de participación ciudadana que incluye un cuestionario abierto a la sociedad. A través de este documento busca determinar dónde se encuentran las heridas más enraizadas en exclusión social y cuáles son las posibles soluciones.
La Dirección General de Acción Social quiere tener así sobre la mesa un diagnóstico de las necesidades sociales. El formulario de recogida de datos estará activo hasta el próximo 25 de enero para recoger las opiniones de la ciudadanía y de las entidades del sector, organizaciones y asociaciones.
Esta encuesta da una idea de las líneas generales del próximo Plan de Inclusión. Así, pregunta a la ciudadanía, por ejemplo, sobre los perfiles de personas que cree que tienen más posibilidad de acudir a los servicios sociales y participar en procesos de inclusión social: personas extranjeras, mujeres víctimas de violencia de género, personas con problemas de salud mental, con recursos escasos, sin empleo, con cargas familiares, con algún grado de dependencia o discapacidad, o con trabajos precarios.
También da a elegir entre diferentes factores que pueden afectar más a estas personas, como la economía, el empleo, la educación, la brecha tecnológica, la salud, las adicciones, el haber sufrido violencia, el haber estado en prisión o el habitar en un entorno rural con pocos recursos.
Principales opciones para combatir la exclusión
Tras ello, la Dirección General de Acción Social establece una serie de medidas para llevar a cabo procesos de inclusión de los servicios sociales, con el objetivo de que las personas encuestadas valoren su importancia. Entre estas acciones incluye el apoyo en medidas preventivas de la exclusión y situaciones de vulnerabilidad social; garantizar rentas suficientes para las personas en situación de vulnerabilidad social; más acciones de acompañamiento desde los servicios sociales o un mayor número de viviendas públicas para personas en exclusión.
En este apartado aporta también otras acciones como dedicar mayores recursos para combatir la pobreza, programas de empleo público específicos para personas vulnerables, acciones de formación para el empleo, más plazas en comedores sociales para conciliar la vida laboral y familiar, más coordinación entre las administraciones implicadas o potenciar el autoconsumo energético en municipios y comarcas.
Otros elementos a valorar que la Junta incluye en este formulario es el apoyo económico para la emancipación de jóvenes en situación o riesgo de exclusión, medidas para las familias numerosas que se encuentren en esa misma situación, más inversión pública en barrios, zonas deprimidas y medio rural, mejorar la fiscalidad y los tributos para estas personas, empleos mejor remunerados y asegurar la igualdad entre hombres y mujeres.
Para la elaboración de su nuevo Plan de Servicios Sociales, Castilla-La Mancha quiere también testear asuntos relativos a la despoblación. La estrategia regional recién aprobada para frenar el éxodo del medio rural tiene en la garantía de los servicios públicos su principal baluarte y por ello incluye en el cuestionario algunos factores que pueden provocar el traslado de las zonas rurales a las áreas urbanas: más oportunidades de empleo, trabajos mejor remunerados, más facilidad para proyectos de emprendimiento, mejor conexión a transportes, conectividad digital de calidad, y mejor acceso a servicios educativos, sanitarios, sociales, culturales o de cuidado de las personas mayores.
Otras acciones sobre empleo y servicios públicos
Y en el ámbito del crecimiento económico, el empleo y la competitividad, la Consejería de Bienestar Social plantea otro bloque de acciones que van desde la incentivación del empleo al apoyo a la educación digital, pasando por el apoyo a la actividad económica local y sostenible, el fomento de la investigación y la innovación, la mejora de la cualificación profesional y laboral, y los itinerarios personalizados para la inclusión social.
Por último, se interesa por conocer las mejores opciones para mejorar la inclusión social en el área de infraestructuras y servicios públicos, dando como opciones el urbanismo y la vivienda, la sanidad, los servicios básicos de proximidad (banca, farmacia, salud), el fomento de las energías renovables, la educación, la cultura, y las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC).
Se da la circunstancia de que, mientras se ha dado este primer paso previo para la elaboración del Plan, el último Consejo de Gobierno del año ha aprobado ya la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de proyectos de Inclusión Social en 2022, con un presupuesto de 5,3 millones de euros. El objetivo es “garantizar la estabilidad y la prestación de los servicios y el desarrollo de los programas en muchos casos comunitarios” por parte del Tercer Sector, según afirmó la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.
El objetivo de esta convocatoria es atender nuevas necesidades sociales que están emergiendo relacionadas con situaciones de pobreza o exclusión social que se han visto agravadas por la pandemia.