Los datos de la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre del año reflejan que Castilla-La Mancha cerró el segundo trimestre de 2015 con 266.600 personas en desempleo y una tasa de paro del 27%. El número de desempleados descendió en 17.300 respecto al trimestre anterior, de los que 4.000 corresponden a la nueva caída de la población activa registrada en la región. CCOO interpreta que esta pérdida de población en edad y disposición de trabajar se suma al efecto estacional de las contrataciones motivadas por la Semana Santa, por el inicio de la temporada estival y por las campañas agrícolas. Además, destaca que la mayoría de las contrataciones son temporales.
Según apunta el sindicato, la EPA publicada permite comparar la evolución del empleo y del mercado de trabajo experimentada en Castilla-La Mancha durante la pasada legislatura, con el Gobierno del PP presidido por María Dolores de Cospedal. Así En estos cuatro años, la población activa de la región ha bajado en 37.600 personas, pese a lo cual el número de personas en desempleo ha aumentado en 28.900. En consecuencia, se han destruido 66.500 puestos de trabajo netos.
“Nos queda una región asolada, con un tejido empresarial maltrecho y mucha gente que se ha ido y se sigue yendo porque aquí no encuentra perspectivas laborales”, afirma Lola Santillana, responsable regional de Empleo de CCOO. A ello añade que la cifra de personas que lleva más de dos años en desempleo ha pasado de 59.900 hace cuatro años a 123.200 en la actualidad, más del doble. “Esto significa que se ha disparado el número de parados que ha agotado sus prestaciones, que carecen de ingresos y que cada día tienen más difícil reincorporarse al mercado de trabajo”, precisa.
Por todo ello, el sindicato urge a la puesta en marcha el Plan de Choque comprometido por el nuevo Gobierno de Emiliano García-Page para posibilitar la contratación de 60.000 parados sin prestaciones. Insiste también en la necesidad de sumar a este Plan de Empleo la revisión de denominado ‘Ingreso Mínimo de Solidaridad’ actualmente existente en la región, “que es el de cuantía más baja y el de menor duración de todas las comunidades autónomas del país”.