El sindicato de CCOO en Castilla-La Mancha ha iniciado una campaña informativa en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo para denunciar “el negativo impacto laboral” de los nuevos pliegos del transporte sanitario, los cuales ha calificado como “totalmente inviables”. El sindicato ha insistido en que estos nuevos pliegos, sobre los que quiere informar a todos los sanitarios de la provincia, “consolidan los recortes” del anterior Gobierno, pues las nuevas condiciones pueden provocar la pérdida de unos 300 empleos en un servicio que actualmente cuenta con 1.800 trabajadores en la región.
“Queremos combatir estos pliegos a través de la vía sindical, la negociación y la denuncia pública, pero si el Gobierno regional no da marcha atrás a este despropósito está asegurada la litigiosidad en los tribunales y el conflicto laboral”, ha apuntado el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO en Toledo, José Luis Arroyo.
Por ello, en los próximos días el sindicato va a desplazarse a otros centros hospitalarios y sanitarios de la provincia con el propósito de realizar asambleas con trabajadores o ruedas de prensa en las que denunciar de manera pública “este recorte en los pliegos de condiciones” y, además, van a llevar a cabo una campaña en las redes sociales con el hashtag #pagenosrecorta.
Arroyo ha explicado que el número mínimo de trabajadores que establece el Sescam para la prestación del servicio “no incluye a la totalidad de las plantillas, ya de por sí mermadas en el anterior pliego, el cual tuvo una rebaja económica de un 20%, se bajaron los salarios y hubo 200 despidos”, ha agregado.
Los pliegos “no han cumplido” tampoco con las exigencias y reivindicaciones del sindicato como eliminar los dispositivos de localización en la red de urgencias, ha apuntado el representante de CCOO en la región, que ha recordado que ya impugnaron el convenio colectivo por la implantación de unos dispositivos que supone que determinadas ambulancias “pasen de una dotación de cuatro a dos trabajadores”.
“De esta forma se supera la jornada máxima legal ya que trabajan cinco días a la semana durante 24 horas, y no se garantizan los tiempos de respuesta de cinco minutos que decían los pliegos. El Ministerio Fiscal ya nos ha dado la razón sobre estas jornadas ilegales”, ha señalado Arroyo.