La espita volvió a abrirla Podemos cuando hace unos días su secretario regional y diputado, José García Molina, habló de la necesidad de impulsar urgentemente la comisión de investigación sobre el incendio del vertedero de neumáticos de Seseña (Toledo), del cual se cumplirá un año en poco más de un mes. Concretamente, la formación morada, que considera que esta cuestión está “paralizada”, pidió que se convocara el órgano esta misma semana, pero el pleno que aprobará previsiblemente el proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2017 centra estos días el debate parlamentario y el propio presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, ha adelantado a eldiarioclm.es que el tema se abordará con todos los grupos tras el trámite presupuestario y la Semana Santa.
Es la posición que hasta ahora han defendido desde el Grupo Socialista, pero que no ha convencido a Podemos. Desde que este partido pidiera la puesta en marcha de la investigación parlamentaria el verano pasado, la cuestión apenas ha avanzado: los tres partidos aprobaron la documentación solicitada pero desde entonces, nada. Esta situación ha llevado a García Molina a hablar públicamente de “sicarios” y “mafia italiana” detrás de los acontecimientos que llevaron al incendio de los neumáticos, una de las mayores catástrofes medioambientales del país.
Concretamente, con motivo de los 25.000 folios que ya forman parte de la documentación solicitada, el diputado de Podemos y también presidente de la Comisión, ha arremetido contra PP y PSOE por no convocar este órgano. “Parece que han llegado a un acuerdo en la trastienda para impedir que la comisión de investigación se celebre en el tiempo solicitado. No entendemos por qué están tan asustados”, ha afirmado el diputado.
Molina ha aseverado que su formación tenía “claro” que el vertido de neumáticos de Seseña estaba relacionado con una “trama que precisaba ser esclarecida”. Y así lo han confirmado tras el estudio de las miles de páginas de documentación. “Toneladas de neumáticos almacenadas en un vertedero ilegal, empresas ilegales y empresas pantalla, empresarios que se dan a la fuga, políticos que dan licencia, amenazas de muerte, sicarios y tramas que llevan hasta la mafia italiana”, apuntó el diputado.
En el PSOE han respondido con estupor. El presidente del Grupo Parlamentario, Rafael Esteban, mantiene que estas declaraciones han sido un “circo” y un “teatro” de la formación morada. “Ahora es tiempo de presupuestos y de no seguir vertiendo esas columnas de humo negro que quieren lanzar los dirigentes de Podemos para ocultar su inoperancia”.
“Parece que las fechas las pone podemos a su gusto y, aunque no hay ninguna objeción a debatir, los tiempos son para lo que son”, ha manifestado, insistiendo en que el PSOE “nunca ha tenido ningún inconveniente en prestarse a debatir y buscar todas aquellas cuestiones que se crean convenientes de algo que realmente haya que investigar”. A su juicio, las declaraciones del secretario regional de Podemos, José García Molina, “sonrojan viniendo de un dirigente político” al que ha pedido que “se lea los 25.000 folios de la investigación antes de llegar a hacer este tipo de interpretaciones”.
También el alcalde de Seseña y diputado regional del PP, Carlos Velázquez, desea que la comisión de investigación se ponga en marcha y que se investigue hasta el final para “conocer toda la verdad”. Recuerda que esta iniciativa no depende de los 'populares' sino del presidente de la Comisión (García Molina) y de la Presidencia de las Cortes.
Y desde la Presidencia de las Cortes insisten en que la comisión se llevará a cabo y recuerdan que este órgano requiere un trabajo previo, según establece el Reglamento de las Cortes castellano-manchegas, que en su Artículo 63 establece que una vez constituidas, las comisiones de investigación elaborarán un plan de trabajo fijando sus actuaciones y plazos, pudiendo nombrar ponencias en su seno.
De momento, la comisión ya cuenta con esos 25.000 folios. Entre la documentación solicitada por Podemos destaca la petición de información al Gobierno regional de cuánto ha costado el proceso de extinción del incendio, así como los expedientes urbanísticos relativos a Onde 2000, de Francisco Hernando 'El Pocero', que edificó 13.000 viviendas en El Quiñón a 400 metros del vertedero. También pidió copia de todos los expedientes respecto a la empresa Disfilt, encargada de gestionar el cementerio, realizados entre los años 1998 y 2016, los expedientes de contratación con empresas públicas o privadas para llevar a cabo la gestión del reciclaje desde la fecha del incendio o las actuaciones llevadas a cabo para solucionar la acumulación de neumáticos desde el año 2003 -año en que el depósito fue declarado ilegal- hasta la fecha de inicio del incendio.
De su lado, el PSOE realizó 98 peticiones de documentación relativa sobre todo a la gestión del incendio, entre las que destaca una relación de los trabajadores de todos los empleados que han trabajado en las diversas empresas que han operado en ese vertedero. De esas 98 peticiones 23 son relativas a leyes y reales decretos, ha solicitado cuantiosa información relativa a la gestión que el Gobierno regional hizo del incendio del vertedero, así como los planes de emergencias de los que dispone el Ayuntamiento de Seseña. A este Consistorio también le ha demandado las actas de pleno, de juntas de gobierno, así como decretos de alcaldía, desde 2002 hasta la actualidad, relacionadas con las empresas que operaron en el vertedero, sobre todo en lo relativo a las licencias de actividad que se les ha concedido.
Mientras, desde el Partido Popular se reclamó información al Gobierno regional sobre la idoneidad de construir 13.000 viviendas al lado de dicho depósito, así como las modificaciones de crédito que el Gobierno regional va a tener que acometer para hacer frente a los gastos derivados del incendio. También reclamaron los pagos de la empresa Disfilt a la Junta, el informe de la Dirección de Calidad Ambiental del Gobierno regional que considera viable el PAU de El Quiñón, pese a su cercanía al vertedero, así como los pagos que Disfilt ha hecho al Ayuntamiento en los últimos 16 años y los escritos que el Consistorio ha enviado al Gobierno regional desde el año 2000.
Con todo ello, lo cierto es que resta poco más de un mes para se cumpla un año del incendio, ocurrido en la madrugada del 13 de mayo, cuando los vecinos de la localidad de Seseña (Toledo) amanecieron con una nube negra proveniente de uno de los cementerios de neumáticos más grandes de Europa. El siniestro se dio por extinguido dos semanas después.
La alarma no sólo se extendió entre los vecinos y el Ayuntamiento de la localidad, sino también entre colectivos como Ecologistas en Acción, que inmediatamente comenzaron a alertar de las inmensas cantidades de emisiones tóxicas que provenían del incendio. Los colegios de Seseña finalmente cerraron días después de iniciarse el siniestro, para evitar que los niños se viesen afectados por el humo.
Polémica e investigación judicial
El cementerio no estaba exento de polémica. Llevaba años abandonado y las administraciones no eran capaz de dar solución a las miles de toneladas que se acumulaban entre los términos municipales de Seseña (Toledo) y Valdemoro (Madrid). Varios meses antes del siniestro, en octubre de 2015, el alcalde del pueblo toledano Carlos Velázquez, anunciaba que se abría una posible vía para solucionar la situación de los neumáticos, y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desveló en medio del incendio que apenas días antes se había prácticamente llegado a una solución para el material, que se planteaba para hacer combustible.
La hipótesis que se barajó desde los inicios del siniestro fue que el mismo fue intencionado, debido al uso de acelerantes lo que confirmaron tanto fuentes municipales como de los servicios de urgencias regionales. La investigación judicial iniciada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Valdemoro llevó a solicitar la intervención judicial de las llamadas y mensajes de teléfono que se produjeron en las inmediaciones del foco del fuego durante la madrugada del 12 al 13 de mayo, y también en días anteriores, precisamente debido a esta idea inicial.
El auto presentado por la magistrada Beatriz Suárez, explica que se tuvo acceso a imágenes de cámaras de seguridad de la red ferroviaria del AVE Madrid-Valencia, que pasa por la zona, en las que se podía observar un automóvil en las inmediaciones del área de origen del incendio horas antes. La cercanía del coche, que también se registró pasando en sentido contrario, hizo concluir que pudiera tener relación con los hechos. Así, se pidió a las cuatro operadoras de telefonía de la zona la certificación de las llamadas, SMS y conexiones de datos realizados entre los dispositivos móviles de las cercanías.